Natalia Flórez Zambrano, líder del eje de Sustentabilidad Ecosistémica y de Manejo de Riesgos de la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAP-E), explicó que la alianza entre esta entidad y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se apoya en los avances de Colombia en materia de protección de los páramos.
Desde 2018 en el país está vigente la Ley 1930 o Ley de Páramos, y a partir de ella se determinó que las comunidades campesinas que desarrollan actividades agropecuarias en esos ecosistemas podrán seguirlo haciendo, siempre y cuando estas sean de bajo impacto y no se desarrollen en parques naturales nacionales o en áreas cobijadas con otra figura de conservación.
Flórez destacó que la Ley de Páramos determina la articulación entre las entidades ambientales, las del sector agropecuario, las alcaldías y las comunidades para avanzar en los planes de manejo de los páramos delimitados y en los proyectos de reconversión o de sustitución de actividades productivas.
Se refirió al trabajo conjunto entre los ministerios de Ambiente y Agricultura para la reglamentación de la Ley 1930 y producto de ese ejercicio complementario surgió la Resolución 1294 del 7 de diciembre de 2021 que establece lineamientos para el desarrollo de actividades agropecuarias de bajo impacto y ambientalmente sostenible en páramos.
Esta Resolución sirvió de guía para definir la metodología a través de la cual se establecen los criterios para determinar si una unidad productiva es de alto impacto, de bajo impacto o se encuentra en proceso de transición. Tales criterios se han caracterizado en el marco de mesas de concertación con los productores de papa, leche, queso, cebolla larga y hortalizas.
Natalia Flórez citó como ejemplo las iniciativas piloto adelantadas en la cuenca del lago de Tota ejecutadas y acompañadas por los ministerios de Ambiente y Agricultura, Agrosavia, el Instituto Humboldt, el Proyecto Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en los Recursos Hídricos de los Andes (AICCA) y la Comunidad Europea
Otro avance en esta materia lo constituyó la expedición de la Resolución 249 de 2022 a través de la cual se adoptan los lineamientos para orientar el diseño, capacitación y puesta en marcha de los programas, planes y proyectos de reconversión y sustitución de actividades agropecuarias en páramos delimitados.
“Este es un tema en el que se ha avanzado de manera progresiva entre las entidades del estado, las comunidades campesinas y los sectores productivos, aquí no se está hablando de desplazamiento, por el contrario, el Estado está definiendo la oferta institucional para acompañar a los habitantes del páramo con extensión agropecuaria y créditos”, sostuvo la vocera de la Región Central.
Detalles de la alianza
El diagnóstico actual evidencia que 11 de las 78 cuencas hidrográficas de la zona central de Colombia se encuentran en estado crítico, y la alianza entre la RAPE y el PNUD busca aportar en su protección a través de la Estrategia para la Gestión Integral de los Complejos de Páramos de la Región Central que incluye a Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta. En esta zona se concentra el 50 % de los páramos de Colombia.
De acuerdo con lo informado por la RAPE, “el proyecto se propone como objetivo central gestionar los complejos de páramos de la Región Central mediante la conservación de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la promoción de sistemas sostenibles y la transformación de conflictos socio – ambientales con diálogos locales y articulación institucional”.
La gestión previa adelantada por los ministerios de Ambiente y Agricultura servirá de insumo para este propósito y la estrategia en mención incluye la instalación de mesas por cada una de las líneas productivas identificadas como de mayor impacto: papa, hortalizas y ganadería, especialmente.
Este ejercicio, explicó Natalia Flórez, contará con la participación de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), los municipios y los productores. Las jornadas permitirán determinar los proyectos de reconversión o sustitución de acuerdo con cada páramo, las áreas protegidas contiguas y el impacto actual de cultivos o pastoreo de ganado.
Luego de estas sesiones se determinará qué productos pueden ser más sostenibles de acuerdo con el páramo delimitado, en cuáles es posible avanzar en proyectos de reconversión productiva, en cuáles se requiere sustitución y en cuáles es necesario poner en marcha otro tipo de estrategias como el pago por servicios ambientales o los acuerdos de conservación.
Cómo se implementará en Boyacá
La Estrategia para la Gestión Integral de los Complejos de Páramos de la Región Central tiene definidas cuatro líneas de acción, y los ecosistemas con área en Boyacá serán cobijados por la segunda estrategia denominada: Promoción de sistemas sostenibles de bajo impacto compatibles con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y agrobiodiversidad de los páramos.
En ella están incluidos los complejos de páramos Guerrero, Tota – Bijagual – Mamapacha, Pisba, Sierra Nevada del Cocuy, Altiplano Cundiboyacense, Guantiva – La Rusia, Iguaque – Merchán y Rabanal y Río Bogotá.
Las otras líneas de acción son las siguientes:
1. Conservación de la biodiversidad y mejoramiento de la oferta, regulación y calidad hídrica. Esta cobijará los páramos Los Nevados, Chili-Barragán, Las Hermosas, Nevado del Huila (Moras), Chingaza, Cruz Verde (Sumapaz), Los Picachos, Miraflores, Guanacas (Puracé) y Coconuco.
3. Fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión integral de los páramos.
4. Gestión del conocimiento técnico, tradicional y ancestral para la conservación de los páramos.
Las líneas 3 y 4 serán implementadas en los 18 complejos de páramo de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta, según se detalló desde la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAP-E).
