Esta historia se remonta a marzo de 2017, o un poco antes, cuando el Tribunal Administrativo de Boyacá decidió ordenar la suspensión de las operaciones de la empresa Carbones Andinos por denuncias sobre la afectación directa de sus actividades sobre la quebrada El Tirque, que surte a varios acueductos veredales de Socha y del casco urbano de la población.
La queja fue presentada por habitantes de la vereda El Mortiño y sus demandas fueron incluidas en una acción popular acompañada por la Defensoría del Pueblo y la Corporación Podion.
En aquella ocasión el Tribunal recriminó a Corpoboyacá por dos conceptos técnicos, uno de 2012 y otro de 2013, según los cuales “no se evidencia afectación a los recursos naturales expresamente a los recursos agua y suelo en lo que respecta a los nacimientos de agua ubicados en la parte alta de la ladera, ni se observaron cambios en sus niveles”.
Contrario a los informes emanados por la autoridad ambiental, responsable de garantizar la protección de los recursos naturales, el administrador de justicia encontró evidencia de los daños advertidos y resolvió, en primera instancia, la acción popular.
En el fallo de 2017 el Tribunal responsabilizó a la Agencia Nacional de Minería y a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá por la vulneración de los derechos colectivos al ambiente sano y al desarrollo sostenible al otorgar título minero y licencia ambiental a la empresa Carbones Andinos Ltda. para realizar actividades de exploración y explotación minera en un área constituida como páramo, dentro de la delimitación establecida por el Instituto Alexander von Humboldt desde el 2007.
El logro de la acción popular fue revertido en agosto pasado por una decisión del Consejo de Estado que ordenó resolver una solicitud de levantamiento de la medida cautelar en contra de Carbones Andinos, hoy Carbones El Alizal, para extraer carbón en el polígono de la concesión No. FGD-141.
En un Auto de fecha 13 de agosto de 2024, el organismo encontró atendidas sus exigencias de 2018 relacionadas con la disponibilidad de la licencia ambiental con base en el Plan de Trabajos y Obras (PTO) aprobado, y el cumplimiento de los mecanismos de control de impactos ambientales.
Listos para operar
El abogado Alexander Guevara, ex Procurador Regional de Boyacá, y vocero de Carbones El Alizal, fue categórico al señalar que el proyecto minero respaldado por el título No. FGD-141 tiene licencia ambiental desde 2009 y esta fue modificada por Corpoboyacá en 2021 a través de la Resolución 006.
Frente al pronunciamiento del Consejo de Estado, Guevara señaló que la empresa dará cumplimiento a las obligaciones de carácter minero y ambiental y mantendrá abiertos los canales de diálogo y comunicación con la comunidad, priorizando la sostenibilidad y el cumplimiento de la normatividad ambiental y minera en el desarrollo de las actividades del proyecto.
Insistió en que actualmente no existen procesos sancionatorios de carácter ambiental que afecten la actividad del título minero y que “el desarrollo del proyecto se realiza en condiciones técnicas adecuadas en la bocamina Santa Inés, donde se han implementado medidas de mantenimiento y sostenimiento para garantizar la seguridad y estabilidad de la infraestructura minera”.
Frente a la evidencia que en 2017 encontró el Tribunal Administrativo de Boyacá para determinar la medida cautelar y ordenar la suspensión de la operación minera, y las quejas comunitarias sobre afectaciones directas por vertimientos a la quebrada El Tirque, el vocero de Carbones El Alizal no respondió de manera específica y prefirió referirse al reciente pronunciamiento del Consejo de Estado. Insistió en el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Al reiterar en nuestro interrogante sobre el vertimiento que motivó la acción popular, Guevara apeló entonces a la evaluación de Corpoboyacá, la misma que fue cuestionada por el Tribunal.
“El Concepto Técnico No. 075 de la Corporación, incluido dentro del expediente ambiental, dice que no hay ningún tipo de afectación sobre las aguas. Nos remitimos a la verdad administrativa consignada en el expediente ambiental”.
Sobre la manera como la empresa percibe su relación con la quebrada y el páramo de Pisba, Alexander Guevara describió en forma general que hay actividades antrópicas que han generado impactos muy fuertes en algunos ecosistemas.
Citó el principio de prevención y argumentó que, con la vigencia de un instrumento ambiental, “orientado a controlar posibles impactos para aminorar riesgos, se puede trabajar de manera responsable para garantizar que no va a darse una afectación sobre un recurso tan importante como es el agua”.
Añadió la disposición de Carbones El Alizal para poner en marcha tecnologías limpias, pozos sépticos secos, energía fotovoltaica y mecanismos para recircular el agua usada en el proceso extractivo.
Sobre las protestas que impidieron el desarrollo de una audiencia de socialización de la reapertura de operaciones, inicialmente programada para el pasado 20 de noviembre, el jurista sugirió la existencia de intereses oscuros para impedirlo, aunque no los detalló.
“Nosotros no somos el único título en la zona. Ese señalamiento hacia nosotros no ha permitido que ingresemos a darle cumplimiento a la decisión judicial”, declaró.
Ante la necesidad de informarle a la comunidad sobre el aval del Consejo de Estado a favor de la empresa minera, la Alcaldía de Socha convocó para este sábado 14 de diciembre a una reunión informativa en la escuela El Alizal.
Sorprendidos e inquietos
Como era de esperarse la comunidad está sorprendida e inquieta por la decisión del Consejo de Estado en beneficio de la empresa minera.
Campo Elías Hernández, integrante de la veeduría ambiental de Socha, expresó su decepción con la actuación del alto tribunal. Lamentó que se desconociera el propósito de la acción popular invocado para defender los intereses colectivos.
“El Tribunal Administrativo sostuvo esa acción popular por 10 años y el Consejo de Estado la echo abajo, su decisión va en contra de la comunidad que vela por el bienestar de los recursos hídricos”, dijo el integrante del colectivo popular.
Hernández ratificó que la quebrada El Tirque surte a varios acueductos veredales y al área urbana de Socha, y pronosticó el desabastecimiento del líquido vital y su contaminación si Carbones El Alizal ingresa de nuevo. “Ellos estarían en capacidad de sacar 150 toneladas diarias, podrían acabar con toda el agua de la región”.
El vocero comunitario aseguró que con el apoyo de varias oenegés están evaluando los recursos legales para revertir el fallo del Consejo de Estado.
