La molestia de los habitantes de varias veredas de Socotá y Pisba por las limitaciones de movilidad a través del Parque Nacional Natural Pisba no es nueva. Esta se remonta al 6 de junio de 1977 cuando el gobierno nacional declaró 35.145 hectáreas del páramo de Pisba como área protegida y las constituyó como parque natural.
Tal decisión estuvo motivada por razones de conservación de la riqueza natural de ese ecosistema en el gobierno del entonces presidente liberal Alfonso López Michelsen, a través del recién creado Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inderena).
Como sucedió en otras regiones del país, la constitución inconsulta de los parques nacionales naturales generó conflicto con las comunidades residentes en las zonas declaradas a raíz de las limitaciones impuestas por tales declaratorias. Al interior de un área protegida de esa naturaleza está prohibido abrir carreteras, pastorear ganado, establecer cultivos, ejercer minería o extraer hidrocarburos, entre otras actividades.
Los gobiernos sucesivos en cabeza del Inderena, primero, y luego del Ministerio de Ambiente, y su Unidad Administrativa Especial de Parques Naturales, han intentado resolver las diferencias o mitigar el impacto de tales declaratorias sobre las comunidades con programas de reubicación, indemnización, educación y capacitación en sistemas productivos sostenibles, sin embargo, el conflicto social generado no ha logrado los resultados esperados.
El caso del Parque Nacional Natural Pisba es uno de los más complejos, al punto de que ni siquiera ha sido posible la delimitación del páramo que lo alberga. Este tiene una extensión total de 106.243 hectáreas, de ellas 35.145 están adscritas al Parque y este cobija territorio de los municipios de Pisba, Mongua, Tasco, Socha y Socotá, en Boyacá, y Támara, en Casanare.
La imposibilidad de abrir una carretera a través del parque natural para facilitar la movilidad de los habitantes del páramo ha sido un permanente tema de discusión y a ello se suma la presencia del histórico camino de la Ruta Libertadora, un monumento cultural de la nación.
En varias ocasiones la Unidad Administrativa de Parques Nacionales ha planteado y promovido convites para el mantenimiento del sendero, pero los pobladores insisten en la necesidad de abrir una vía que permita el ingreso de vehículos para transportar enfermos o desplazar ganados o cosechas hacia centros poblados. Desde la Unidad de Parques han reiterado el obstáculo legal para hacerlo.
A esto se añade el temor de que el carreteable pueda ser usado para la extracción ilegal de carbón de zonas con potencial de este mineral dentro del Parque Natural Pisba.
Una carretera a las malas
Hay varios antecedentes de intentos de construcción de una carretera dentro del parque o muy cerca de su zona de amortiguación. Una de ellas se remonta a 2018 cuando se conoció que la Alcaldía de Socotá, en cabeza de Darío Herrera Pérez, autorizó el uso de maquinaria prestada por la Gobernación de Boyacá para ejecutar las obras.
En aquella ocasión máquinas y operarios avanzaron en la intervención de aproximadamente seis kilómetros, en el sector de Tobacá, en jurisdicción de Pisba, y se desplazaron por una pendiente hacia el caserío de Pueblo Viejo, en Socotá, a tan solo 200 metros del límite del Parque Nacional.
Como se lee en una publicación de entreojos.co del 31 de octubre de 2018, “el alcalde defendió la obra ejecutada con la maquinaria de la Gobernación de Boyacá al indicar que esta es la única vía de acceso para las comunidades que se desplazan entre Pisba y las veredas de Pueblo Viejo, La Reforma y El Oso, y que tal intervención era necesaria para facilitar la salida de personas enfermas y el transporte de los insumos básicos para sus habitantes”.
En otro reporte de entreojos.co se da cuenta de la decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación el día 8 de noviembre de ese mismo año de solicitar a Corpoboyacá y a Corporinoquía ordenar como medida preventiva la suspensión de la construcción de la carretera y dar inicio a procesos sancionatorios en contra de la Gobernación de Boyacá y de la Alcaldía de Socotá.
Pese a las evidencias de daños ambientales en el bosque primario próximo al Parque Natural y a la intervención de los cuerpos de agua aledaños, sin los permisos correspondientes, como lo documentó la dirección del área protegida, Corpoboyacá desvirtuó los impactos y no consideró necesario continuar con los trámites sancionatorios.
Y ahora el ELN
A los intentos por intervenir la Ruta Libertadora y abrir a como dé lugar la carretera por el Parque de Pisba se sumó el Ejército de Liberación Nacional (ELN), o al menos eso es lo que se desprende de varios audios enviados a través de WhatsApp a líderes comunales de las veredas La Reforma, Romasa, El Oso, Chipaviejo, Los Pinos, Comeza Hoyada, Curital, Coscativá y Pueblo Viejo, todas del municipio de Socotá.
En tres mensajes remitidos a través de esa red social una voz masculina con un particular tono grave, podría decirse que hasta intimidante, les pide con nombre propio a los presidentes de las juntas de acción comunal asumir el liderazgo para la mejora de la vía.
En el primer audio la voz les envía un “fraternal y revolucionario saludo de parte del Ejército de Liberación Nacional” y les comunica que se han visto en la necesidad de crear el grupo de WhatsApp “para darles a conocer información de gran importancia que beneficia a dichas comunidades”.
Luego plantea que los gobiernos locales, el departamental y el nacional “han olvidado a estas comunidades del páramo de Pisba, no se preocupan por las vías de acceso”, y luego menciona “que escuchó que esas comunidades perdieron el miedo y con sus propios recursos iniciaron la mejora de la vía que les permite comunicarse”.
Quien se presenta como vocero del ELN sin identificar nombre, alias, frente ni cargo específico, invita a los presidentes a ponerse en pie de lucha para ayudar a sus comunidades, y llama la atención de aquellos que no han colaborado.
Los instruye a gestionar recursos con destino al desarrollo de las obras y pide a los presidentes de las juntas entregar reportes de lo recolectado y el listado de quienes han aportado.
Llama la atención que pese a que quien habla en el audio reconoce el liderazgo de algunas personas “que se han dado la pela”, en el mismo asegura que él ha sido quien ha “estado liderando este proyecto como representante de una organización reconocida política y militarmente a nivel nacional e internacional”.
Como era de esperarse de este tipo de mensajes, la voz grave hace advertencias. “Los invito compas a que cada quien haga la tarea de acuerdo a como les oriento para que no vengan represalias, problemáticas más adelante”.
En seguida los anima a seguir adelante con el proyecto de “mejoramiento de la vía” por el cual, según sus palabras, “se están dando la pela algunos individuos que perdieron el miedo de ser señalados, masacrados, desplazados o desaparecidos y están luchando por sus comunidades”.
En el tercer audio el tono del hombre mantiene su severidad y esgrime una invocación al trabajo mancomunado: “o todos en la cama o todos en el suelo, todos metámosle la pata al barro”.
Y concluye con una frase que podría interpretarse como una amenaza: “Voy a estar mirando con lupa a aquellas personas que tienen sus parcelas y se están haciendo los de la oreja gocha”.
Al final se despide y de manera gentil da las gracias.
El llamado de la Procuraduría
A mediados de abril de 2025 la Procuradora 31 Judicial II Ambiental, Minero Energética y Agraria de Bogotá con Jurisdicción Nacional, Eliana Margarita Cerón Guevara, les pide al Ejército, a la Policía, al gobernador Carlos Amaya, al alcalde de Socotá, Adiel Panqueba Chía; y al director de Parques Nacionales Naturales, Luis Olmedo Martinez Zamora, “informar sobre las acciones que adelantan en el ejercicio de sus funciones a fin de garantizar el orden público, la protección del ecosistema y la seguridad de los habitantes de la zona antes señalada”.
La Procuradora 31 expone que las comunidades de la Ruta Libertadora, veredas El Oso, Chipa Viejo, La Reforma y Pueblo Viejo del municipio de Socotá, no cuentan con vías terciarias por lo que han reclamado un sendero humanitario y agrega: “al parecer esta comunidad está interviniendo para la apertura de una vía con presunta injerencia de un grupo al margen de la ley”.
En su comunicación la funcionara le pide al gobernador Amaya y al alcalde de Socotá dar cuenta de sus acciones para la construcción de la alternativa vial que reclaman las comunidades.
Al cierre de esta edición no se conocía aún el pronunciamiento de las mencionadas autoridades frente a la solicitud hecha por la Procuradora 31 Judicial II Ambiental, Minero Energética y Agraria de Bogotá.
