En una decisión de primera instancia con implicaciones significativas para la protección del Lago de Tota, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sogamoso ordenó suspender la licencia de construcción otorgada a un proyecto turístico en el sector de Playa Blanca, por considerar que amenaza derechos colectivos fundamentales como el goce de un ambiente sano y el manejo sostenible del territorio.
La decisión, proferida por el juez Nelson Javier Lemus Cardozo el pasado 27 de junio, da respuesta a una acción popular presentada por la Procuraduría 32 Judicial I Agraria y la Procuraduría 68 Judicial I Administrativa de Tunja. En ella, las entidades demandantes alegaron la vulneración de derechos ambientales y urbanísticos por parte del Municipio de Tota al permitir la ejecución de una construcción en un área ambientalmente sensible, sin los soportes técnicos y legales necesarios.
El proyecto cuestionado es la vivienda turística conocida como “Bellavista” o “Belo Horizonte”, ubicada en el predio El Amoladero, en la vereda La Puerta, sector Playa Blanca. Su propietario, César Alejandro Rincón Becerra, recibió licencia mediante resoluciones expedidas en 2016 y modificadas en 2021 por la Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos de Tota, entidad que también fue señalada como responsable de la vulneración.
Un precedente en defensa del ecosistema del Lago de Tota
El juez Lemus Cardozo ordenó no solo la suspensión inmediata de la licencia, sino también la conformación de un grupo interdisciplinario —con apoyo de Corpoboyacá— para revisar técnicamente la viabilidad del proyecto, el impacto ambiental que generaría y los ajustes que deben realizarse para cumplir la normativa vigente, incluido el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Tota y el POMCA del Lago de Tota.
La sentencia también le impone al propietario del predio la obligación de abstenerse de continuar las obras hasta tanto no se adelanten todos los trámites requeridos. En caso de no ajustarse a las exigencias técnicas y normativas, deberá desmontar lo ya construido y revegetalizar el área afectada.
En paralelo, el juez instó a Corpoboyacá a que adelante acciones para delimitar la ronda hídrica del Lago de Tota y establezca medidas de conservación en Playa Blanca, reconocida como área forestal protectora. A la Agencia Nacional de Tierras le ordenó finalizar el proceso de deslinde de la zona.
Comité de verificación y advertencia de sanciones
Para garantizar el cumplimiento de lo ordenado, la sentencia dispuso la creación de un comité de verificación integrado por las entidades accionantes, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, autoridades locales y el propio juez, quien lo presidirá.
La advertencia final fue contundente: el incumplimiento de las órdenes judiciales podría constituir desacato, sancionable con multas e incluso arresto, sin perjuicio de posibles consecuencias penales.
Este fallo representa un avance clave en la defensa de los ecosistemas estratégicos de Boyacá y plantea un llamado a las autoridades locales para que los procesos de licenciamiento respeten las normas ambientales y urbanísticas, especialmente en zonas de alta fragilidad como el Lago de Tota.
El texto íntegro del fallo puede consultarse aquí.
