Por Germán García Barrera – Editor de contenidos.
En el municipio boyacense con mayor proporción de territorio en el páramo de Pisba, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible insistió en que la delimitación no implica expropiaciones ni expulsión de campesinos, pero la desinformación y las dudas impidieron un consenso.
El domingo 30 de noviembre, en el coliseo de la plaza de mercado de Gámeza, municipio de la provincia de Sugamuxi, el Ministerio programó y realizó una reunión vinculada a la fase de concertación para la delimitación.
Se trataba de una cita clave: de las 12.191,8 hectáreas del municipio, 8.827,7 están dentro de este ecosistema de alta montaña, lo que sitúa a Gámeza como la población con mayor proporción de área paramuna y, al mismo tiempo, como uno de los territorios más sensibles frente a las decisiones que adopte el Gobierno.
La delimitación del páramo de Pisba es una orden estatal para proteger el agua que abastece a miles de habitantes de Boyacá y de la Orinoquía. Es también un reto: garantizar la subsistencia de las comunidades campesinas que han vivido allí por décadas.
El proceso se adelanta en cumplimiento de fallos del Tribunal Administrativo de Boyacá y de la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que obliga al Ministerio a adelantar convocatorias públicas, previas, amplias, participativas y deliberativas. Tras superar tres de las siete fases definidas, la cartera se encuentra en la etapa de concertación, ya adelantada en Sácama, Támara y La Salina (Casanare), así como en Labranzagrande, Pisba, Mongua y Tasco. Gámeza era un eslabón pendiente, y restan otros como Chita, Jericó, Socha y Socotá.
Qué significa delimitar el páramo
Eduardo Gutiérrez, vocero del Ministerio, abrió la jornada explicando los objetivos del encuentro: contextualizar a la comunidad sobre el proceso participativo, presentar la propuesta de delimitación para la jurisdicción de Gámeza y buscar acuerdos razonables.
Desde el Gobierno se insiste en que delimitar permite “definir con precisión el ecosistema de páramo, orientar la gestión ambiental y territorial, fortalecer la protección, restauración y uso sostenible, y aplicar las prohibiciones de ley”. La apuesta, agregó, es que instituciones y comunidades protejan y restauren estos ecosistemas mientras adaptan sus actividades productivas.
Para responder a los temores más frecuentes, el Ministerio centró su explicación en varios puntos clave:
– No habrá expropiaciones ni desalojos. La delimitación del páramo de Pisba no significa quitarles la tierra a los campesinos ni desplazarlos de sus territorios.
– Se mantienen los derechos sobre los medios de vida. Las actividades agropecuarias podrán continuar siempre que sean de bajo impacto y ambientalmente sostenibles, de acuerdo con la Resolución 1294 de 2021, que define lineamientos para la producción en páramos.
– Acceso a crédito rural. Tener predios en páramo delimitado no impide acceder a créditos del Banco Agrario ni vender o comprar tierras, siempre que se cumplan los criterios de bajo impacto. Libia Cifuentes, integrante del equipo del Ministerio, recordó el acuerdo firmado en febrero de 2025 entre las ministras de Ambiente y de Agricultura y el Banco Agrario para facilitar estos créditos en páramos, tal como lo permite la Ley de Páramos (Ley 1930 de 2018). Quedan excluidos los parques nacionales, reservas forestales protectoras y áreas con anotaciones ambientales que limiten su uso.
– Avalúos y saneamiento de la propiedad. Cifuentes explicó además el alcance de la Resolución 963 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que fija criterios de valoración ambiental para predios en páramos delimitados. Los terrenos con alto grado de conservación podrán ver incrementado su valor. También se anuncia apoyo prioritario de la Agencia Nacional de Tierras, el IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro para adelantar procesos de saneamiento predial.
– Vías sí, pero no nuevas carreteras. Ante la inquietud sobre la malla vial, Eduardo Gutiérrez aclaró que la Ley 1930 de 2018 permite el mantenimiento de vías existentes e incluso la construcción de placas huella, pero prohíbe abrir nuevas carreteras dentro del páramo.
Minería inviable en el páramo
Uno de los temas más sensibles fue el de la minería. Fredy Norato, especialista del Ministerio, explicó la llamada “línea Humboldt”, referencia técnica que marca desde qué cota de altura la alta montaña se considera páramo.
En el caso de Gámeza, indicó, hay 12 títulos mineros activos en las cercanías de esa línea y cuatro de ellos se ubican dentro del páramo. Estas explotaciones deberán cerrar de manera gradual, como lo exigen las normas, mientras se impulsan alternativas de reconversión o sustitución productiva para los trabajadores, tal como lo manda la Ley de Páramos.
Norato recordó que, incluso por fuera de la línea de páramo, las minas necesitan título vigente y licencia ambiental, deben cumplir sus planes de manejo y abstenerse de generar impactos sobre el agua y otros recursos naturales.
Qué es la agricultura de bajo impacto
La definición de “actividades agropecuarias de bajo impacto” generó varias preguntas entre los asistentes. Para responderlas, Alejandro Galeano, profesional del Ministerio de Ambiente, apeló a un ejemplo sencillo:
En un predio del páramo, un ganadero tiene 15 reses que pastan libremente; ha talado vegetación para ampliar cultivos, usa agroquímicos y no protege los nacimientos de agua. En otro predio, un vecino posee 30 reses que permanecen en un área acotada, ha aislado las fuentes hídricas, sembrado árboles y apuesta por prácticas agroecológicas.
Cuando Galeano preguntó cuál de los dos representa un sistema de bajo impacto, la comunidad eligió sin dudar la segunda opción.
Con este ejercicio el funcionario buscó dejar claro que la continuidad de las actividades campesinas no depende solo del número de animales o del tamaño del cultivo, sino de las prácticas que se adopten. El mensaje central fue que los habitantes del páramo no serán expulsados, podrán seguir produciendo bajo esquemas sostenibles y les será posible acceder a programas de compensación o pagos por servicios ambientales.
Voces desde la alta montaña
Las intervenciones de los pobladores dejaron ver una mezcla de preocupación y cansancio.
Luis Ramos Reyes pidió respaldo real del gobierno nacional para seguir produciendo sus medios de subsistencia sin abandonar el compromiso con el cuidado del ecosistema. Su reclamo fue reiterado por varios asistentes que se declararon “huérfanos del Estado” y urgidos de políticas públicas efectivas e inversión en el territorio.
Luis Acevedo, de la vereda Daita e integrante de Asocristalina, pidió apoyo institucional para monitorear el estado del páramo y diseñar una estrategia de prevención y atención de incendios forestales. A su llamado se sumaron denuncias sobre el impacto de minas legales e ilegales en las fuentes de agua y en los suelos de alta montaña.
Por su parte, Manolo Salamanca, veedor ambiental del complejo Tota–Bijagual–Mamapacha, fue enfático al exigir recursos para financiar los proyectos de reconversión productiva que contempla la Ley 1930 de 2018. Su reclamó está fundado en experiencias negativas en el área de conservación de la que procede.
Libia Cifuentes respondió a su exhortación, dijo que la formulación de estos proyectos debe ser liderada por Corpoboyacá, entidad responsable del Plan de Manejo del páramo.
Desinformación y tensiones locales
El camino hacia la concertación en Gámeza ha estado colmado de tropiezos. El 7 de mayo de 2023, una sesión de la fase de consulta e iniciativa fue boicoteada por un grupo de trabajadores mineros que, entre gritos y amenazas, impidió que la reunión avanzara.
La convocatoria del 30 de noviembre tampoco estuvo exenta de sobresaltos. El viernes 28, el alcalde Gerardo Rincón Camacho difundió en Facebook un video y un comunicado en los que aseguraba haber solicitado al Ministerio el aplazamiento de la reunión, alegando falta de publicidad y la vigencia de la Ley de Garantías Electorales.
El mensaje tomó por sorpresa al Ministerio y confundió a la comunidad campesina que ya se había programado para asistir. Durante la sesión, Libia Cifuentes desmintió al mandatario al presentar evidencias de la convocatoria realizada: publicaciones en redes sociales y perifoneo durante la semana previa. La personera municipal, Diana Gutiérrez, confirmó esa versión.
Pese a la incertidumbre, los siete buses contratados para movilizar a los habitantes de las veredas llegaron hasta el casco urbano. No se alcanzó la meta de 300 asistentes, pero cerca de 250 personas participaron en la jornada, entre ellas el propio alcalde.
Rincón Camacho dijo a entreojos.co que su video buscaba solo plantear un aplazamiento a partir de la petición que le formularon representantes de los sectores minero y agropecuario, reconoció que el mensaje se prestó para confusiones y terminó retirándolo de la red entre las 8:30 y las 8:45 de la mañana del domingo.
entreojos.co lo recuperó y lo presenta aquí como evidencia:
A estos episodios se suma una campaña de desinformación que circula por WhatsApp y otros canales, en la que se sostiene que la delimitación convertirá a los campesinos en “limosneros en las ciudades”, que les quitarán sus tierras y que no podrán seguir cultivándolas.
Sin consenso, pero con algunas certezas
Para la personera Diana Gutiérrez, la reunión fue “fructífera” porque permitió aclarar múltiples dudas y escuchar de primera mano las explicaciones del Ministerio. Sin embargo, admitió que no se logró un consenso sobre el área de referencia propuesta para el páramo en jurisdicción de Gámeza.
El procedimiento prevé que al final de estos espacios la comunidad se pronuncie sobre la propuesta y deje constancia de acuerdos o desacuerdos. En esta ocasión, el Ministerio registró un disenso.
“La sentencia T-361 habla tanto de consensos como de disensos en los espacios de participación”, recordó Eduardo Gutiérrez. “Establecimos que hubo un disenso respecto al área de referencia, dado que no hubo una manifestación unánime ni masiva de la comunidad a favor de la propuesta, pese a la información presentada”.
El funcionario reiteró que la obligación de la cartera de Ambiente es asegurar la mayor protección posible del páramo, sobre la base de la cartografía elaborada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
Al cierre de la jornada, el alcalde Rincón Camacho confirmó que la comunidad salió con mayor claridad sobre un punto crucial: el Parque Nacional Natural Pisba no tiene área en Gámeza, por lo que en el municipio no aplican las restricciones propias de un parque nacional para las actividades agropecuarias. “La comunidad quedó tranquila con esa aclaración”, afirmó.
El mandatario dijo confiar en que, en un próximo encuentro dedicado al tema agropecuario, puedan hacerse presentes el Ministerio de Agricultura y otras carteras como Minas y Energía.
Según informó el Ministerio de Ambiente, las nuevas reuniones de concertación se programarán una vez pasen las celebraciones de fin de año y las entidades estatales retomen su actividad en enero de 2026.
Mientras tanto, en Gámeza sigue abierto el debate sobre cómo delimitar un páramo estratégico sin que ello se sienta como despojo, y cómo garantizar que las promesas de reconversión productiva y apoyo estatal no se queden solo en el papel.
