Dos proyectos de inversión pública —por un total de $35.842 millones— están en el centro de una alerta ciudadana en Boyacá.
Organizaciones y colectivos ambientales remitieron a la Contraloría General de la República un documento en el que cuestionan la ejecución de iniciativas financiadas para conservación en ecosistemas de alta montaña y advierten que, en el estado actual del territorio y su ordenamiento ambiental, varias de las actividades propuestas serían riesgosas y, en algunos casos, difícilmente autorizables.
Los proyectos señalados son: ‘Conservación ambiental del área protegida Parque Natural Regional Pan de Azúcar–El Consuelo y su área de influencia’, por $9.477 millones; y ‘Conservación de las áreas ambientales estratégicas y gestión ambiental en el páramo de Tota–Bijagual–Mamapacha’, por $26.365 millones.
El corazón del reclamo, expuesto durante un encuentro convocado por la Contraloría General en Duitama, no es menor: según el documento ciudadano, la intervención en un páramo exige un nivel de planeación, soportes técnicos, permisos y compatibilidad normativa que —de no cumplirse— puede convertir esta inversión en un factor de degradación, con impactos ecológicos y, además, con un posible riesgo de detrimento patrimonial por el uso ineficiente o indebido de recursos públicos.
El texto sostiene que el complejo Tota–Bijagual–Mamapacha está delimitado como páramo, y que allí aplican disposiciones como la Ley 1930 de 2018, el marco general ambiental y jurisprudencias de protección reforzada. Pero enfatiza un vacío crítico: no hay Plan de Manejo Ambiental del páramo, instrumento que debería definir la zonificación interna y los usos permitidos.
Desde esa premisa, los firmantes concluyeron que la falta de Plan de Manejo no abre posibilidades de intervención; por el contrario, eleva la obligación de abstenerse de autorizar actuaciones que impliquen transformación del ecosistema hasta que existan reglas claras, oficiales y verificables.
Actividades inviables
El documento desglosa varias acciones que, a juicio de los colectivos, suponen infraestructura nueva, movimiento de suelos, cambios en coberturas vegetales o presiones adicionales sobre agua y suelos, en un ecosistema de alta fragilidad.
Entre ellas se describen las siguientes:
- Instalación de biodigestores: plantean que implican obras, tanques, insumos orgánicos y potencial generación de lixiviados, con riesgos sobre suelos y vegetación.
- Plantación masiva de árboles (más de 500.000): advierten que no puede presentarse como restauración sin un plan aprobado, con proveniencia genética local y criterios de compatibilidad (por ejemplo, con pajonales y frailejonales) y monitoreo.
- Plantas de tratamiento de residuos sólidos (basadas en métodos biológicos): las catalogan como infraestructura industrial incompatible con el ecosistema páramo.
- Construcción de viveros: por requerir estructuras, captación de agua y riego, señalan que solo sería concebible dentro de programas oficiales dirigidos y avalados por la autoridad ambiental.
- Señalización o apertura de senderos inexistentes: sostienen que, sin un plan oficial de uso público y autorizaciones, abrir o formalizar trazados nuevos sería una intervención indebida.
En todos los casos, reiteran que cualquier actuación requeriría permisos y decisiones expresas de Corpoboyacá y que, bajo el régimen de páramo y sin la planeación faltante, la mayoría de estas actividades serían inviables.
Un factor que agrava el debate
Una segunda alerta del documento apunta a la superposición territorial del proyecto con el Parque Regional Natural Siscunsí – Ocetá. Allí, dicen los colectivos, existe Plan de Manejo vigente y una zonificación donde predominan áreas de preservación estricta.
El argumento es directo: si las acciones propuestas se ubican dentro del traslape, no solo tendrían que pasar el filtro de páramo, sino también el del régimen del área protegida regional, donde se restringen o prohíben infraestructura nueva, plantaciones masivas, actividades industriales, senderos no autorizados y construcciones.
Aunque no quedaron expresadas de manera puntual en el documento remitido a la Contraloría General de la República, las consideraciones sobre Siscunsí–Ocetá se extienden sobre el proyecto ‘Conservación ambiental del área protegida Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo y su área de influencia’.
Control preventivo
Los colectivos ambientales propusieron activar tres tipos de respuesta institucional, con un enfoque preventivo:
- Que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) aplique un freno administrativo mediante el análisis de una suspensión preventiva de giros a los proyectos cuestionados.
- Que Corpoboyacá imponga medidas preventivas que suspendan actividades de forma inmediata si carecen de permisos o son incompatibles con el régimen de protección.
- Que la Contraloría evalúe un freno fiscal ante el riesgo de detrimento patrimonial por presunto mal uso de recursos en un proyecto con “evidencias de daños ambientales”, según el documento.
Más allá de los términos, el mensaje de fondo es que el control —ambiental y fiscal— debe operar en tiempo real, no cuando el impacto ya se haya materializado.
No puede improvisarse
En un apartado más amplio, los colectivos enmarcaron su alerta en un problema recurrente: aunque el Sistema General de Regalías destinó recursos para el ambiente, el éxito depende de capacidades técnicas y de una planeación rigurosa.
Y a continuación señalaron otros desafíos:
- Limitada capacidad de formulación técnica en entidades territoriales.
- Revisiones que no se queden solo en lo financiero y administrativo, sino que entren al detalle técnico y ecosistémico.
- Plazos de ejecución cortos para procesos que requieren años (como restauración ecológica).
- Necesidad de alianzas con las CAR y las universidades.
- Participación comunitaria desde la formulación y vinculación económica en seguimiento para sostener la inversión cuando se acaban los recursos.
Su conclusión es contundente: “no se puede improvisar” en proyectos ambientales con regalías.
“Según las mismas convocatorias, los proyectos deben estar en fase de factibilidad (Fase III) antes de presentarse, pero con lo evidenciado en el ejemplo del proyecto de Tota -Bijagual – Mamapacha en Boyacá, reflejan serias dudas sobre este requisito”, concluye el documento de las organizaciones ambientales.
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