La Mesa de Diálogo No. 13 sobre el futuro normativo del Páramo y la Reserva Forestal El Cocuy se realizó el 17 de febrero en Bogotá bajo la propuesta oficial de avanzar hacia la concertación.
El Ministerio de Ambiente aseguró que la protección del ecosistema se construirá “con diálogo social, gobernanza territorial y respeto a los derechos del campesinado, en armonía con el Acto Legislativo 001 de 2023”, por medio del cual se reconoce al Campesinado como sujeto de Especial Protección Constitucional.
La ministra (e) Irene Vélez Torres insistió en que el proceso no se ha adelantado “desde el escritorio” y destacó la participación de comunidades, autoridades locales y entidades como Corpoboyacá y el Instituto Humboldt.
Pero la postura del Ministerio de Ambiente contrasta con un pronunciamiento previo de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano, que asegura no conocer formalmente el nuevo proyecto normativo ni los estudios técnicos que servirían de base para la discusión.
Aunque Roberto Arango se muestra abierto a la discusión de las normas, en varias ocasiones ha insistido en que su reclamo no está en la modificación de las resoluciones que protegen el páramo sino en la derogatoria de las mismas.
El punto crítico: información y trazabilidad normativa
El núcleo del desacuerdo no está en la existencia del diálogo, sino en su contenido.
La Federación sostiene que solo conoce el proyecto de derogatoria de la Resolución 1275 de 2014 publicado en diciembre de 2025, sobre el cual presentó observaciones dentro del término legal.
Asegura, sin embargo, que no se ha informado qué comentarios fueron acogidos ni se han socializado los estudios jurídicos relacionados con la Resolución 1405 de 2018
En términos técnicos, la discusión gira alrededor del estudio de alternativas asociadas al proceso regulatorio: qué instrumento se está modificando exactamente, con qué soporte técnico y bajo qué criterios de armonización normativa.
Desde el Ministerio se afirma que el instrumento en discusión reconoce al campesinado como sujeto de derechos, conforme al Acto Legislativo 001 de 2023, y que se avanza en la armonización de herramientas jurídicas para brindar seguridad en la región
No obstante, el comunicado no detalla el contenido específico de los ajustes ni el alcance material de las modificaciones.
Una mesa ampliada
El otro eje de tensión es la apertura del espacio de diálogo a otros actores, una posibilidad que rechaza de plano Roberto Arango, en representación de la Federación, a partir de su pretensión inicial de que sean derogados, sin ninguna medida complementaria de protección, la Resolución 1405 de 2018, que delimitó el Área de Páramo Sierra Nevada del Cocuy, y de la Resolución 1275 de 2014, mediante la cual se adoptó la zonificación de la reserva forestal de Ley 2ª de El Cocuy.
El Ministerio ha abierto la puerta a la participación a organizaciones interesadas en la protección del páramo. En ese escenario, el Grupo de Trabajo de Páramos (GTP), la Nación U’wa y el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán han solicitado hacer parte del proceso.
La Federación ha rechazado esa ampliación. En su comunicación al Ministerio de Ambiente cuestiona la representatividad territorial de algunos actores y advierte que fragmentar las discusiones en escenarios paralelos puede alterar el objeto normativo y debilitar los acuerdos alcanzados tras la movilización campesina de 2025.
Sobre la Nación U’wa, Roberto Arango señaló que esta ha sido convocada en diferentes escenarios, “incluso, su apoderado judicial en la acción de nulidad contra la Resolución 1405 de 2018 asistió al espacio realizado el 10 de diciembre de 2025 en las instalaciones del Ministerio de Ambiente”.
Y agregó que “No existe objeción frente a su participación como sujeto colectivo con identidad y representación claramente definida. No obstante, los espacios deben respetar la autonomía de cada proceso y evitar mezclas metodológicas que generen confusión o instrumentalización”.
Sobre el Grupo de Trabajo de Páramos (GTP) la Federación objetó su presencia en la mesa argumentando que: No se ha informado oficialmente quiénes lo conforman., no se conoce su naturaleza jurídica y no se ha acreditado su representatividad territorial.
“No se ha explicado su relación directa con la Reserva Forestal del Cocuy o con el Páramo de la Sierra Nevada del Cocuy. Por lo tanto, resulta problemático incluir en un espacio formal de diálogo a un actor cuya composición, legitimidad y vínculo territorial no han sido informados a la organización social directamente afectada por el proceso”, señaló.
Sobre el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, la Federación lo descalificó de plano al considerar que se trata de un actor vinculado al complejo de Santurbán, con una dinámica territorial distinta, ubicada principalmente en el área de influencia de Bucaramanga.
El rechazo de Arango a la participación de otros actores vinculados a la protección de los páramos, se suma a la recusación hecha el pasado 30 de enero en contra de Natalia Ramírez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, y de Jairton Díaz, asesor del despacho ministerial, a quienes le pidió retirarse de la mesa de concertación.
El desacuerdo no es menor: determinar quién se sienta en la mesa equivale a definir quién incide en el rediseño de las normas que regulan un ecosistema estratégico. En términos de gobernanza ambiental, se trata de un debate sobre legitimidad y alcance de la participación.
Protección ambiental vs. ajuste regulatorio
El Gobierno sostiene que el proceso busca proteger el páramo y la reserva forestal, sin desconocer los derechos del campesinado
Algunos alcaldes de la región hablaron incluso de “avances importantes” en la modificación de regulaciones que afectaban directamente a las comunidades
En el fondo, la Mesa 13 dejó al descubierto dos visiones distintas sobre cómo se construye política ambiental en territorios de alta sensibilidad ecológica. Para el Gobierno, la ruta es ampliar la participación y armonizar normas bajo el nuevo marco constitucional.
Para la Federación el único camino es dejar sin piso jurídico las normas de protección de El Cocuy, un argumento respaldado por el gobernador Carlos Amaya, a través de sus delegados en la mesa de negociación, y avalado además por la UPTC, contratada específicamente para justificar las razones de la derogatoria.
El panorama es incierto, pero el diálogo sigue abierto en procura de una arquitectura de gobernanza de la Sierra Nevada del Cocuy que equilibre los derechos del campesinado y la integridad de uno de los ecosistemas de páramo más estratégicos del país.
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