La Fundación Little Guardians solicitó la suspensión urgente del contrato de restauración ecológica en el páramo de Tota–Bijagual–Mamapacha, al advertir posibles fallas técnicas que podrían derivar tanto en daño ambiental como en detrimento de recursos del Estado.
El proyecto, denominado “Conservación de Áreas Ambientales Estratégicas y Gestión Ambiental en el Páramo de Tota–Bijagual–Mamapacha” (BPIN 20243201010059), cuenta con una inversión superior a los 26 mil millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías y es ejecutado por la Gobernación de Boyacá mediante el contrato de obra suscrito con el Consorcio Restauración Páramos Boyacá.
Little Guardians inició un requisito de procedibilidad, trámite obligatorio antes de interponer una acción popular. En este caso se busca que distintas entidades del Estado adopten medidas inmediatas frente a lo que consideran un riesgo inminente.
El requerimiento fue dirigido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernación de Boyacá, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), así como a organismos de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
“Lo que buscamos es parar el contrato en seco”, dijo Luis Guillermo Pérez Pérez, vocero de la organización.
El núcleo de la controversia
El cuestionamiento central apunta a la base técnica del proyecto: la siembra de material vegetal en ecosistemas de alta montaña.
Según Pérez, la fundación encontró indicios de que se estarían utilizando especies no endémicas en zonas de páramo, es decir, plantas que no corresponden a las condiciones ecológicas del territorio.
“Muy posiblemente, la gran mayoría de árboles o especies que están sembrando van a morir por las condiciones e inclemencias del páramo”, adviertió.
En ecosistemas como el páramo, la restauración ecológica exige precisión científica: cada especie debe corresponder a variables como altitud, humedad, tipo de suelo y dinámica del ecosistema.
De lo contrario, la intervención no solo fracasa, sino que puede alterar procesos ecológicos clave.
Advertencias de la comunidad
Las alertas no provienen únicamente de la fundación. De acuerdo con la entrevista, denuncias de actores locales y veedurías ambientales fueron determinantes para ampliar el alcance del requerimiento.
Entre los cuestionamientos se encuentran el uso de maquinaria en zonas sensibles (ahoyadora), la apertura de hoyos en cobertura vegetal nativa y el tránsito de personal sobre áreas de páramo.
Estos elementos, sumados a las dudas sobre las especies sembradas, configuran un escenario de posible afectación directa al ecosistema.
Riesgo ambiental y fiscal
La acción también pone sobre la mesa un segundo frente: el uso de recursos públicos.
El proyecto se financia con dineros del Sistema General de Regalías, lo que implica obligaciones estrictas de trazabilidad y eficacia. Si las siembras no prosperan, el impacto no sería solo ecológico.
“Aquí hay que evitar un detrimento patrimonial del presupuesto público que es de todos los colombianos”, señaló Pérez.
En esa línea, la Contraloría General de la República ya inició un proceso de responsabilidad fiscal, mientras que el Departamento Nacional de Planeación realizó recientemente una visita técnica a las zonas intervenidas.
Tiempos legales en curso
Las entidades tienen un plazo legal de 15 días para responder al requerimiento. De no obtener una respuesta de fondo, la organización avanzará con una acción popular.
Ese escenario abriría la puerta a una solicitud de medidas cautelares (como la suspensión del contrato), la vinculación de entidades estatales y contratistas, y la revisión judicial del proyecto
Uno de los puntos más críticos del debate recae sobre Corpoboyacá que emitió conceptos de viabilidad para el proyecto. Para Little Guardians esos avales carecerían de rigor técnico suficiente.
“La corporación está avalando cosas que no son técnicamente viables”, sostuvo Pérez, quien mencionó antecedentes similares en otros páramos del departamento como el situado en el Parque Regional Natural Siscunsí – Ocetá. Allí presuntamente la Corporación también habría viabilizado la siembra masiva de especies de páramo, no propias de esa zona, a favor de la empresa de envíos Interrapidísimo
Desde la institucionalidad, específicamente desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se ha respondido que el proyecto fue evaluado por equipos técnicos y que no requiere ciertos instrumentos forestales al tratarse de restauración ecológica.
La tensión, entonces, se ubica en el terreno técnico: ¿es suficiente el marco de evaluación actual para intervenir un ecosistema de páramo?
¿Cuál sería el camino ideal?
El futuro del proyecto se mueve entre dos escenarios: su suspensión o el ajuste técnico que obligue a revisar especies, métodos y ejecución; o su continuidad bajo cuestionamientos con el riesgo de fallas ecológicas y pérdidas económicas.
Para la Fundación Little Guardians, el escenario ideal sería más drástico:
“Lo ideal sería que paren el contrato por completo … porque en vez de ayudar al páramo, lo que está haciendo es generar un impacto ambiental”.
Sin embargo, reconocen que lo más probable es que un juez ordene medidas correctivas antes que la terminación total.
Por ahora, el caso entra en una fase decisiva: la respuesta institucional y las acciones de control definirán si este proyecto se convierte en un modelo de restauración o en un nuevo capítulo de advertencias ignoradas.
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