“El despilfarro y la desviación de recursos siguen caracterizando la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)”, según se concluye de las auditorías adelantadas por la Contraloría General de la República.
La situación encontrada en la CAR Cundinamarca es bien preocupante, considera la Contraloría, que advierte además una bajísima ejecución presupuestal y una marcada concentración contractual y como ejemplo señala que a un solo contratista se le adjudicaron 24 contratos por valor de $7.886 millones.
Cuestiona igualmente los resultados de las inversiones de la CAR Cundinamarca en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de los municipios de Apulo, Facatativá, Madrid y Sesquilé (Cundinamarca), que muestran problemas de estudios y diseños, obras inconclusas y retrasos.
La Contraloría encontró que predominaron los convenios interadministrativos suscritos con las alcaldías, fundamentalmente para la construcción y adecuación de las PTAR, en las cuales la CAR Cundinamarca aportó más del 90 % de los recursos requeridos.
“A pesar de las cuantiosas inversiones efectuadas, se evidencia que las aguas negras continúan aportando elementos contaminantes a los ríos sin tratamiento alguno”, se asegura en el informe del ente de control.
En cuanto a los contratos que se ejecutan dentro del Megaproyecto Río Bogotá se concluyó que existen obras “que han significado grandes inversiones y que no cumplen con requerimientos técnicos y contractuales, como es el caso de los jarillones y las obras de paisajismo”.
Sobre la PTAR Salitre Fase I, la Contraloría asegura que existe incumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental y que se presentan debilidades en la calidad de agua y olores ofensivos, así como mala disposición de los biosólidos (el lodo que emana con químicos).
Respecto a la PTAR Canoas, la CAR está entregando los recursos (convenio inicial de $20.000 millones) a la Empresa de Acueducto de Bogotá para estudios, sin la debida planeación y el debido soporte de los costos (la obra tiene un costo de $4,6 billones y la CAR aporta $1,5 billones de ese valor).
Futuro incierto
El informe de la Contraloría genera inquietud en el departamento de Boyacá, especialmente por la expectativa que hay en Chiquinquirá y los municipios con influencia en el río Suárez y la Laguna de Fúquene en relación con los proyectos para la descontaminación y la recuperación de estos cuerpos de agua.
Aunque en febrero de 2017 la CAR, el Fondo de Adaptación y las gobernaciones de Boyacá, Cundinamarca y Santander firmaron un compromiso por $ 450 mil millones de pesos para mejorar las condiciones del río y la laguna, en ese momento el anuncio se recibió con un optimismo moderado.
La razón: no es la primera vez que la comunidad de Chiquinquirá y San Miguel de Sema, en Boyacá; y Simijaca, Susa, Capellanía, Ubaté y Cucunubá, en Cundinamarca, escuchan noticias similares. En opinión de los habitantes de la región, las inversiones no han dado sus frutos y el deterioro de los ecosistemas es creciente.
Es por ello que el reciente informe de la Contraloría General de la República inquieta pues la esperanza de que se construyan las PTAR y de que se descontaminen el río Suárez y la Laguna de Fúquene se desvanece en medio de los reparos a la gestión financiera de las CAR.
Hallazgos fiscales
72 mil millones de pesos es el monto de los hallazgos fiscales detectados por la Contraloría en la CAR Cundinamarca, sumado a que de los 1,3 billones de pesos que tuvo como presupuesto en 2017 solo ejecutó el 18 por ciento
La concentración contractual evidenciada por la Contraloría en esta corporación se aprecia en los siguientes casos:
– 29 personas (naturales o jurídicas) concentraron 103 contratos.
– A un contratista se le adjudicaron más de 5 contratos en cuantía de $1.000 millones.
– A un solo contratista se le adjudicaron 24 contratos por valor de $7.886 millones de pesos.
– A un mismo contratista la Corporación le adjudicó 14 contratos por valor de $6.293 millones de pesos, todos en el mismo período de tiempo analizado, donde los beneficiarios actuaban como personas naturales o jurídicas y también conformando consorcios.
Otras corporaciones igualmente cuestionadas en el informe de la Contraloría son la CVC del Valle del Cauca, Cortolima, Corpocesar, la Corporación Autónoma Regional del Cauca y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda.
¿Qué hacer con las CAR?
Frente a todas estas irregularidades encontradas, la Contraloría considera necesario continuar el debate con respecto a la importancia y alcance de la autonomía de las CAR, frente a las debilidades que de manera reiterada ha señalado en sus informes de auditoría, así como en el estudio “Análisis Estructural del Funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible”.
Las CAR tienen una naturaleza jurídica sui generis, por lo que solo se les aplican determinadas disposiciones administrativas y, aunque la Contraloría ejerce sus labores de control frente a las mismas, cuentan con alto nivel de discrecionalidad en la toma de sus decisiones.
La Contraloría considera que la autonomía de las Corporaciones puede verse afectada, pues los miembros de sus Consejos Directivos son los alcaldes y gobernadores de la jurisdicción, quienes también eligen a los directores generales, pudiendo verse afectada la función sancionatoria que tienen en sus jurisdicciones a quienes realicen actividades que afecten el medio ambiente.
Con información proporcionada por la Contraloría General de la República.
