A través de acciones legales, plantones, procesos asociativos y de educación ambiental, la Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios de Tasco (Asoacctasco) ha procurado la defensa de la alta montaña, los frailejones y todas las especies que en él habitan: de ellas depende el suministro de agua para los habitantes de una parte de Boyacá y de la Orinoquia.
Ese fue el principal argumento para que sus integrantes lograrán el reconocimiento como ‘Comunidad Azul en América Latina’ y el colectivo Penca de Sábila produjera el audiovisual titulado ‘Tasco, salvaguardas del páramo, el agua y su gestión comunitaria’.
Allí se detalla que la Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios de Tasco administra siete unidades de distribución de agua de este municipio de la provincia de Valderrama. Los acueductos que hacen parte de Asoacctasco son El Pedregal, Chorro Blanco, Hormezaque, Calle Arriba, San Isidro, La Chapa y el que surte al casco urbano de la localidad, fundado a principios de los años 50.
El proceso comenzó en 1998 y en 2013 se formalizó con el fin de fortalecer la defensa del páramo y del agua a través de recursos jurídicos y manifestaciones públicas, en rechazo a los permisos de las autoridades ambientales y mineras para extraer carbón de este ecosistema.
Fabriel Blanco, del Acueducto Comunitario Hormezaque, describió que el trabajo ha incluido jornadas de información y de educación en las escuelas y colegios del municipio, y en reuniones de juntas de acción comunal y de acueducto veredal. Se pretende que los jóvenes y los adultos tengan argumentos para velar por el cuidado de las fuentes de agua y la defensa integral de su territorio.
Entre tanto Pedro Castañeda, del Acueducto Comunitario Chorro Blanco, rechazó desde la Laguna del Oro la pretensión de las autoridades nacionales de privatizar los acueductos comunitarios y denunció la falta de autoridad de Corpoboyacá y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para exigir a los mineros el cierre y abandono de estas extracciones y la reparación de los daños ambientales ocasionados.
“El gobierno ha hecho caso omiso para obligar a los responsables a pagar por los daños, esto ha sido un ecocidio”, sostuvo Castañeda.
Se refirió a la evidente contaminación en la Serranía de Pirucho donde los ácidos y los residuos emanados de las bocaminas hacen que las corrientes de agua presenten coloraciones verdosas, amarillentas y rojizas e impacten la calidad del líquido que surte a los acueductos veredales.
Una lucha de todos
La comunidad ha denunciado fallas en el cierre y abandono de minas. Foto: archivo particular.
Belarmina Cabrera, del Acueducto Comunitario Chorro Blanco, representa a las mujeres de la comunidad que han protagonizado una radical defensa del páramo y del agua.
Junto a su familia y a sus compañeros de la asociación de acueductos ha participado de los plantones y los bloqueos en contra de empresas mineras nacionales y extranjeras que pretenden explotar carbón a pesar de la vulerabilidad del frágil ecosistema.
De esta vehemente posición ha sido testigo José Lorenzo Suárez, asesor de la Asociación de Acueductos. Suárez considera que la presencia de minería de carbón, pequeña y grande, cerca a fuentes de agua y dentro de áreas protegidas, es criminal.
Relató que antes de 2010 la comunidad había logrado incidir para impedir a las autoridades mineras representadas entonces por Ingeominas; y las ambientales, como en el caso de Corpoboyacá, el otorgamiento de permisos de explotación de carbón.
A pesar de eso se siguió extrayendo el mineral. La comunidad decidió emprender acciones ante la Procuraduría y la Fuerza Pública y se logró actuar en contra de la minería artesanal, la legal y la ilegal, y cerrar 64 bocaminas. Este empeño llevó además a la suspensión de los títulos y las licencias entregados a la empresa Hunza Coal.
Sixto Amaya, del Acueducto Comunitario El Pedregal, recuerda la odisea de 2016. Aquel año protagonizaron el plantón de 28 días para evitar la presencia de la multinacional; meses después hicieron lo mismo para evitar la reapertura de la mina El Banco, de propiedad de la siderúrgica Acerías Paz del Río.
“La protección del agua se logrará cuando se concrete la delimitación del páramo y se reconozca a los campesinos como aliados de la conservación”, expuso Mauricio Reyes, del Acueducto Comunitario San Isidro. Reyes aseguró que la comunidad se siente acosada por un Estado que ofrece garantías a los mineros y a la vez pretende privatizar los acueductos comunitarios.
“Esta lucha ha tenido el acompañamiento de muchas organizaciones nacionales e internacionales, no hemos estado solos”, sostuvo Anastasio Cruz, del Acueducto Comunitario El Pedregal.
