Por Germán García Barrera Editor de contenidos
Los efectos del cambio climático son evidentes en el territorio boyacense. La alteración del régimen de lluvias, a veces abundantes y a veces escasas; el deterioro del suelo productivo a causa de las altas temperaturas y de procesos de sobre explotación y de excesivo uso de agroquímicos; las inundaciones, los deslizamientos y los incendios forestales son algunos de los efectos de la crisis climática en nuestro territorio. No es un mito, está presente entre nosotros y desde hace varias décadas.
Para enfrentarla, mitigarla y adaptar a las regiones a las transformaciones propias de este fenómeno, Colombia puso en vigencia en 2018 la Ley 1931 a través de la cual se establecen las directrices para la gestión del cambio climático. Allí se dispone que los departamentos, municipios y autoridades ambientales deben formular, en conjunto, el Plan de Gestión Integral de Cambio Climático Territorial.
La Ley ordena emprender “acciones de adaptación al cambio climático, de mitigación de los gases efecto invernadero y de transición hacia una economía competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en carbono”.
Boyacá no cuenta con este Plan a pesar del compromiso de la anterior administración departamental. En su momento se presentó una especie de rivalidad con Corpoboyacá por el liderazgo de esa iniciativa.
Los desacuerdos de entonces impidieron el avance en esta materia, solo hasta febrero de 2021 fue posible comenzar con su diseño gracias a la firma del Convenio 3615 de 2020 entre la Gobernación y la Corporación por valor de mil 779 millones de pesos ($1.779.373.735,25 exactamente), lo que demuestra que aún no tenemos un plan formal para hacerle frente a la crisis climática.
Sin embargo, no se pueden desconocer las iniciativas particulares, institucionales y académicas en curso que dan luces sobre la manera de afrontar los efectos del daño provocado al planeta Tierra por el mal llamado desarrollo, y claro también por nuestro estilo de vida consumista. Hay esfuerzos liderados por campesinos para amoldarse al nuevo entorno como lo reporteamos en un informe especial en 2018.
También está la iniciativa de Corpoboyacá y de ocho municipios de declarar la crisis climática y el compromiso de disminuir las emisiones nocivas; el programa de reforestación ‘Boyacá reverdece’; el proyecto ‘Boyacá se adapta al cambio climático’, a cargo de la Gobernación y de la UPTC; el proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA)’, que con recursos de Global Environment Facility (GEF) se ejecuta en la cuenca del Lago de Tota.
Además de estos, hay una iniciativa público privada denominada Región Funcional Territorial de Cambio Climático de la que participan la Fundación Ecommunity y municipios como Tópaga y Monguí.
Seguramente cada una de estas experiencias, en mayor o en menor proporción, proveerán información e instrumentos valiosos, sin embargo, no deja de preocupar que puedan ser esfuerzos desarticulados.
Boyacá necesita disponer de su Plan de Gestión Integral de Cambio Climático Territorial y de los planes de gestión de cambio climático por sectores económicos, estos debieron quedar incorporados en los actuales planes desarrollo y en los ordenamientos territoriales de los municipios. Se ha perdido un tiempo valioso y la crisis climática no da espera. Confiemos en que los responsables estén a la altura de las circunstancias.
