Ante el Juez Promiscuo del Circuito de Paz de Río fue presentada una acción de tutela en la que se pide la protección al derecho a la participación efectiva de los habitantes de los municipios de Tasco, Betéitiva, Busbanzá y Corrales. El accionante es la Corporación Guaman Poma, representada por el abogado Juan Sebastián Porras Sánchez.
En la demanda se argumenta que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio a conocer el día 3 de noviembre de 2020 que el próximo 18 de diciembre se realizará la audiencia pública ambiental, “en desarrollo del trámite administrativo iniciado por la solicitud de licencia ambiental para el proyecto ‘Área de Perforación Exploratoria COR-15’ a cargo de la empresa Maurel & Prom Colombia.
La Corporación Guaman Poma aseguró que ni sus representantes ni los habitantes de los municipios en donde se localiza el bloque COR-15 fueron notificados de la decisión de la ANLA, lo que en su opinión vulnera el derecho a una participación efectiva.
Agregan que esta autoridad hizo reparos al estudio de impacto ambiental radicado por Maurel & Prom Colombia el 7 de octubre de 2019, que el 27 de noviembre de ese año le solicitó profundizar en los mismos y que solo hasta el 3 de noviembre de 2020 se pronunció para convocar a la audiencia pública ambiental del 18 de diciembre próximo.
Los demandantes consideran que el tiempo determinado por la ANLA es corto para preparar sus argumentos en contra del proyecto petrolero y de evidenciar lo que consideran podrían ser los impactos ambientales y sociales de su desarrollo. Mencionan riesgos como la contaminación de las fuentes de agua y el desplazamiento de al menos 50 familias ubicadas en el área donde pretenden efectuarse las labores de exploración y explotación de hidrocarburos.
Aseguran además que las condiciones impuestas por la pandemia por COVID-19 limitan la efectiva participación de las comunidades en las jornadas informativas programadas y en la audiencia pública ambiental, por lo cual le insisten al Juez Promiscuo del Circuito de Paz de Río ordenar la suspensión de la audiencia pública ambiental prevista para el 18 de diciembre.
