Escazú es un acuerdo regional diseñado para garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada en materia ambiental, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno, y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.
El Acuerdo de Escazú fue pactado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018 luego de varios años de negociaciones entre los países de América Latina y tiene como antecedente la Declaración de 1992 de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro (Brasil).
A partir de ese momento, de marzo de 2018, los gobiernos del continente tenían la tarea de avanzar en su ratificación, una gestión que implicaba la voluntad de los congresos de cada país. En el caso de Colombia esta no se concretó durante la administración del ex presidente Iván Duque Márquez, quien, junto a varios gremios y la bancada de gobierno, expresaron reparos sobre su alcance. Su argumento central era que se podrían poner en riesgo proyectos de interés estratégico para la Nación.
Con la llegada de Gustavo Petro Urrego a la presidencia de Colombia se le dio un impulso decisivo al Acuerdo y el 10 de octubre de 2022 el tratado regional fue ratificado por la Cámara de Representantes con 119 votos a favor y convertido luego en norma de la República a través de la Ley 2273 de 2022.
Como lo prevé la legislación colombiana, la Ley pasó a revisión de la Corte Constitucional con el fin de validar su legalidad y dos años después de su ratificación el alto tribunal consideró que se habían cumplido las etapas necesarias para su inserción en el marco jurídico de la Nación.
Así lo describió la Corte en su pronunciamiento del pasado 28 de agosto:
“La Sala Plena verificó el cumplimiento de los requisitos formales de validez de una Ley que aprueba un tratado internacional, y concluyó que tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la Ley para el efecto.
Un hito ambiental
La ministra de ambiente, Susana Muhamad, fue una de las primeras personalidades en reaccionar al pronunciamiento del tribunal constitucional.
“Este fallo representa un hito fundamental en la historia ambiental de Colombia y refuerza el compromiso del país con la protección de los derechos ambientales y la defensa de quienes protegen la naturaleza…Es una excelente noticia ad portas de la COP16”.
Muhamad también dijo que el respaldo de la Corte Constitucional “genera una capacidad mayor de la ciudadanía de incidir en las decisiones ambientales y también, obviamente, una mayor democracia para el país”.
El camino de la implementación
Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se destacaron las acciones adelantadas para su implementación como el diseño de una ruta estratégica que incluye la realización de talleres, mesas de socialización y la creación de un protocolo de reacción ante situaciones de riesgo o agresión contra defensores ambientales.
Se mencionó igualmente la creación de la Comisión Interinstitucional que permitirá una implementación integral del Acuerdo de Escazú, “asegurando que las voces de pueblos, comunidades, organizaciones y defensores del ambiente sean escuchadas y protegidas”.
Se hizo referencia al programa ‘Alerta por mi ambiente’, una iniciativa que promueve la participación ciudadana, el acceso a la información y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en Colombia. Este programa, según se indicó, ya ha implementado 75 proyectos de control ciudadano en diversas ecorregiones, estableciendo un precedente para la creación del Sistema Nacional de Control Social Ambiental.
Del mismo modo se citó el desarrollo del Protocolo de Reacción ante situaciones de riesgo para defensores ambientales como un compromiso firme del Ministerio para garantizar la seguridad de quienes dedican su vida a la protección del ambiente.
Durante lo que resta de 2024 se realizará un despliegue territorial en 13 ecorregiones priorizadas, donde se entablarán diálogos con los defensores ambientales para visibilizar su labor y construir conjuntamente una hoja de ruta con enfoque territorial.
