Por Germán García Barrera
Lo que vemos podría definirse como apocalíptico. Una corriente de agua emana del fondo de una mina de carbón abandonada a 3.868 metros sobre el nivel del mar en el páramo de Pisba, el mismo que surte a nacimientos, quebradas, ríos y acueductos de Boyacá y de la Orinoquia colombiana.
El hilo de agua viaja por las entrañas de la tierra y vuelve a emerger varios metros más abajo llevando consigo una carga ácida enriquecida con metales pesados asociados a plomo, arsénico, mercurio, hierro, azufre y cadmio. Su recorrido es inquietante, es doloroso.
La travesía que realizamos con Pedro Castañeda y Mauricio Reyes, de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco, y que nos ha tomado en este punto unas tres horas y media desde el centro del pueblo, nos deja en frente de un paisaje surrealista, casi infernal, que evoca el último panel del Jardín del Edén, una de las obras más conocidas del artista Jheronimus Bosch, El Bosco.
En el documental ‘Antes que sea tarde’, Leonardo Di Caprio describe esta parte del tríptico de El Bosco como “un paisaje calcinado, retorcido y decadente, un paraíso que ha sido degradado y destruido”. Y eso es precisamente lo que vemos cuando arribamos a esta parte del páramo, en un bajo de lo que fue la explotación minera El Cerrejoncito.
Una secreción verdosa, amarillenta y anaranjada se abre camino hacia lo que fue un frondoso valle de vegetación paramuna. El flujo cae y se almacena temporalmente en una especie de estanque pantanoso; es como arena movediza, en varias ocasiones nuestras botas se hundieron. La mezcla sigue su camino hasta dejarnos en frente de una de las imágenes más impactantes de la travesía: frailejones negros, sin hojas, como devorados por las llamas. En este caso fueron quemados desde abajo, el agua que habitualmente retenían e irrigaban gradualmente hacia los manantiales los infectó con su carga contaminante. Es como haber muerto envenenados por su propia sangre.
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Un riesgo latente y sus efectos en el tiempo
La hipótesis de Pedro y Mauricio, y de organizaciones como Enda Colombia y Greenpeace, es que metales pesados como el arsénico, el mercurio, el cadmio y el plomo al combinarse con el aire y el agua dan forma a esta amalgama que lo corroe todo. Musgos, carrizos, chusque, esterilla y romero de páramo también sucumben ante este fluir perverso; y el suelo, el recurso natural menos valorado; y el agua de los acueductos veredales, también podrían estar seriamente alterados.
Alejandro Pulido, de ENDA Colombia (Environment and Development Action, por sus siglas en inglés), nos contó que desde 2017 vienen tomando muestras del agua que sale de estas minas en la serranía de Pirucho y llega hasta el cementerio de frailejones, una labor en la que participa la comunidad. Lo hacen en invierno y en verano para evaluar el comportamiento de los metales sobre el agua y el ecosistema paramuno.
Pedro Castañeda aprovechó esta salida para llevar consigo el phchímetro como él denomina al dispositivo con el cual se mide el PH y en nivel de conductividad del agua. Como en las anteriores visitas, el resultado los alarma y los indigna. Han recurrido de manera infructuosa a acciones populares, derechos de petición y tutelas para buscar de las autoridades medidas efectivas dirigidas a erradicar la contaminación y a obligar a los responsables a ejecutar el correspondiente plan de cierre, abandono y restauración.
Sobre la concentración de metales pesados detectados, Alejandro Pulido explicó que estas son superiores a los máximos niveles de toxicidad permitidos por la norma vigente, y su presencia llega directamente a las quebradas El Mortiño y Llano Grande.
¿Y qué pasa aguas abajo, en los acueductos y después de ellos?, le preguntamos. Su respuesta preocupa. Nadie sabe con certeza, hasta ahora no se han tomado de manera sistemática muestras del comportamiento de los contaminantes sobre el líquido del cual dependen los acueductos veredales. Es una tarea que deberían realizar Corpoboyacá, como autoridad ambiental; y la Secretaría de Salud de Boyacá, como autoridad sanitaria. Ni la comunidad ni ENDA saben si tales dependencias han realizado de forma rigurosa este tipo de evaluaciones.
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entreojos.co conoció que en el caso de Tasco, la Secretaría de Salud de Boyacá evalúa a cinco acueductos con los parámetros del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), y los datos del primer semestre de 2021 concluyen que el de la Asociación de Suscriptores del Acueducto de la vereda El Pedregal y el de la Asociación de Suscriptores del Acueducto de Hormezaque se encuentran en un nivel alto riesgo con promedios de 50,26 y 74,40 ,respectivamente, mientras que el nivel de riesgo municipal es del 32,62.
Alejandro Pulido asegura que este IRCA se basa en parámetros fisicoquímicos muy básicos como acides, turbiedad, color y cloro. No indaga sobre metales pesados.
Pulido, ingeniero químico, consideró conveniente plantear dos escenarios: el primero relacionado con la necesidad de tener en cuenta el factor de dilución de sustancias en el agua en zonas con bastante flujo hídrico o en corrientes continuas de varios kilómetros; y el segundo vinculado a la bioacumulación a lo largo del tiempo de sustancias como plomo, mercurio o arsénico en los tejidos humanos y su posterior incidencia en la aparición de trastornos neurológicos, renales u otro tipo de enfermedades.
Fotos: entreojos.co
¿Y las autoridades?
Luis Fernando Sánchez, coordinador jurídico de ENDA Colombia, relató que la respuesta de Corpoboyacá a sus requerimientos y al de la comunidad se concentra en dos acciones puntuales: la vigilancia y el seguimiento de la situación; y la apertura de varios procesos sancionatorios en contra de los responsables del ecocidio.
Tanto Sánchez como los integrantes de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco ponen en tela de juicio la primera al exponer que si efectivamente se hiciera vigilancia y seguimiento se habría evitado la degradación de este paisaje paramuno. Por el acompañamiento hecho al caso y el conocimiento de primera mano del mismo, advierten que entre una vista institucional y otra pueden pasar dos años.
Y respecto a las investigaciones en curso a cargo de la autoridad ambiental, Sánchez colocó como ejemplo un sancionatorio contra Hunza Coal por un caso similar en la vereda Santa Bárbara abierto en 2017. En el transcurso de cuatro años se han impuesto multas, pero no decisiones finales sobre el cierre del vertimiento, mientras tanto el problema persiste. En su opinión los tiempos razonales de la respuesta oficial dejan mucho que desear.
Mauricio Reyes es menos diplomático. Considera que Corpoboyacá ha sido indiferente y evasiva para asumir su responsabilidad. Recordó que desde 2006 vienen denunciando la situación sin que este conflicto socio – ambiental haya sido resuelto. Dirigió asimismo sus dardos hacia la Procuraduría por su silencio torno al deterioro del páramo.
entreojos.co consultó directamente a Corpoboyacá para conocer su versión de los hechos, sin embargo, a la fecha no ha dado respuesta al requerimiento.
La última esperanza judicial
Aunque en 2006 la comunidad acudió a una acción popular para erradicar la minería del páramo de Pisba, en Tasco, y obtuvo a su favor un fallo en primera instancia, 15 años después esta no ha sido resuelta de manera definitiva.
La insistencia de los líderes locales, la decisión del Consejo de Estado en relación con prohibir la minería en los páramos y la entrada en vigencia de la Ley 1930 de 2018 o Ley de Páramos, ha conllevado a la suspensión de alrededor de 67 explotaciones de carbón en esta área del departamento. A pesar de ello aún hay dos títulos activos.
El más reciente recurso judicial invocado por la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco, otros miembros de la comunidad y ENDA Colombia es una nueva acción popular para exigir acciones inmediatas encaminadas al control de los drenajes ácidos provocados por las minas abandonadas de El Cerrejoncito, en la serranía de Pirucho; y la mina de la empresa Hunza Coal en la vereda Santa Bárbara.
Con este nuevo recurso pretenden el cierre técnico definitivo de las minas y el control de los vertimientos sobre el agua y la vegetación nativa; el desarrollo de labores de restauración en el área afectada y en las zonas adyacentes; y la adopción de un esquema de monitoreo permanente hasta cuando la emergencia haya sido superada.
Las entidades demandadas en esta acción popular son los ministerios de minas y ambiente, Corpoboyacá, la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Gobernación de Boyacá, el municipio de Tasco y los particulares que operaron las explotaciones El Cerrrejoncito y Hunza Coal.
A pesar de que la acción popular fue radicada a mediados de agosto de 2021, en este momento el Tribunal Administrativo de Boyacá resuelve un conflicto de competencias entre el Juzgado 7º. Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y el Juzgado 3º Administrativo del Circuito de Du itama para determinar cuál de los dos despachos asumirá su estudio.
Mientras eso sucede, este trozo del páramo de Pisba continuará siendo “un paisaje calcinado, retorcido y decadente, un paraíso… degradado y destruido”.
