A través de la Resolución 648 del 25 de marzo de 2022 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó Licencia Ambiental a Ecopetrol para el desarrollo del ‘Proyecto Piloto de Investigación Integral – PPII- Kalé’, situado en jurisdicción del Puerto Wilches, municipio de Santander.
El aval dado por la entidad cobija un área de 20,68 hectáreas y de acuerdo con lo expuesto en el documento de la ANLA “no incluye en ninguna de sus etapas, la aplicación en fase exploratoria o de desarrollo comercial de la técnica conocida como fracking”, eso significa que solo podría ejecutarse con fines de investigación.
La Resolución 648 define el desarrollo de las siguientes obras, infraestructura y actividades:
– La construcción de una locación o plataforma con un área de hasta 4,67 ha, dentro de la cual se perforarán los pozos de investigación, inyector y captador.
– La perforación de pozo de investigación con fracturamiento hidráulico de la locación Kalé.
– Perforación de pozo inyector e inyección de los residuos líquidos del flow back y agua de producción.
– Instalación y operación de líneas de flujo para transporte de agua desde la franja de captación de agua superficial, en el río Magdalena, hasta la locación Kalé, en una longitud de 6,2 km y con un diámetro de 8”.
– Adecuación y mantenimiento de vías.
El pronunciamiento de la autoridad ambiental señala además que la realización de las pruebas de producción tendrá una duración aproximada de 6 meses, y las mismas permitirán evaluar el potencial del yacimiento, la efectividad del fracturamiento hidráulico, el tipo de fluidos de producción, y determinar el volumen de roca que se puede contactar con la estimulación hidráulica.
La Licencia Ambiental otorgada por la ANLA le da vía libre a Ecopetrol para el uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales renovables necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto.
Sin licencia social
El Colectivo Alianza Colombia Libre de Fracking cuestionó la decisión.“Es un proceso de licenciamiento ambiental inédito, desarrollado en menos de 5 meses, con numerosas voces de rechazo, serios cuestionamientos al trámite y el aumento de los hechos de violencia en el Magdalena Medio incluyendo amenazas de muerte que implicaron el exilio de una activista de la región”.
Lamentaron los obstáculos políticos para discutir el alcance y las implicaciones del fracturamiento hidráulico en el Congreso de la República, y reprocharon que el gobierno del presidente Iván Duque haya tomado tal determinación “de afán, sin garantías, y a pocos meses de la posesión de un nuevo presidente”.
Cuestionaron “el falso discurso de Duque que se vende en el extranjero como defensor del ambiente al tiempo que acelera en Colombia proyectos de fracking que generarían emisiones que sobrepasarían ampliamente los calificados como “ambiciosos” compromisos del país en materia climática”.
Las criticas también abordaron la falta de licencia social de las comunidades de la zona frente a la viabilidad de este proyecto piloto y lo que consideraron el poco rigor para evaluar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el cual, según expresaron, tiene “serias falencias en la definición del área de influencia, los temas biótico, hidrológico, hidrogeológico y de salud”.
Carlos Andrés Santiago, integrante del colectivo Alianza Colombia Libre de Fracking, sostuvo además que la Resolución de la ANLA no tuvo en cuenta ocho conceptos técnicos con falencias del EIA radicados por esta organización social para impedir el licenciamiento.
Desde la Alianza aseguraron que continuarán las acciones jurídicas, de incidencia y movilización para impedir el avance de los pilotos de fracking Kalé y Platero, “que significarían la puerta de entrada para más de 19 mil pozos que se proyectan desarrollar en dicha región en su fase comercial”.
