Aves, felinos y reptiles hacen parte de las especies vítimas del tráfico de fauna silvestre. Foto: Corpoboyacá.

Ciudadanos deben denunciar daño a la fauna silvestre

Alianza entre Corpoboyacá y la Universidad Juan de Castellanos permitió la recuperación y liberación de varios ejemplares.

El equipo de fauna silvestre de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoyacá), en articulación con el Hogar de Paso para Fauna Silvestre de la Universidad Juan de Castellanos, logró la recuperación y liberación de trece ejemplares de fauna silvestre.

Entre los animales liberados se destacan dos zarigüeyas (Didelphis marsupialis), dos crías y dos juveniles de la misma especie, así como cinco ejemplares de Tingua Azul (porphyrio martinica).

Estos animales fueron rescatados en desarrollo de operativos de recuperación en los cuales intervino la Policía Ambiental, previa denuncia de algunos ciudadanos. Otros fueron entregados voluntariamente por quienes los mantenían en cautiverio. Así lo informó Manuel Farigua, médico veterinario de la Corporación.

El profesional indicó que una vez recuperados los animales silvestres se puso en marcha el protocolo de atención veterinaria correspondiente para verificar su estado de salud. De acuerdo con su evolución, entre los expertos de Corpoboyacá y el Hogar de Paso la Universidad se tomó la decisión de regresarlos a su hábitat.   

Desde la Corporación se pidió a loa ciudadanía denunciar situaciones de caza, captura o tenencia ilegal de fauna silvestre a la línea de atención 3217507750.

Sanciones

En Colombia, la legislación establece sanciones severas para quienes participan en la caza, captura y tenencia ilegal de fauna silvestre, con el objetivo de proteger la biodiversidad y garantizar la conservación de las especies nativas.

La Ley 2111 de 2021 introdujo modificaciones al Código Penal colombiano, tipificado como delito la apropiación, extracción, mantenimiento o comercialización de especímenes de fauna silvestre sin los permisos correspondientes.

Las penas para estas conductas oscilan entre 48 y 108 meses de prisión, y pueden incrementarse en situaciones agravantes, como cuando la actividad se realiza en áreas protegidas o involucra especies en peligro de extinción.

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