“Llevamos dos años exigiendo la instalación de una mesa de trabajo con las autoridades para discutir el alcance y el impacto de la delimitación de los páramos, finalmente se logró”.
Así, en medio de reclamos, Juan Riveros, presidente de la Asociación Nacional Campesina (Asonalca) – Capítulo Boyacá – , destacó la instalación formal de la Mesa Interinstitucional de Páramos de Boyacá que sesionó por primera vez el pasado 10 de mayo, en la sede de la Gobernación de Boyacá.
Riveros recuerda que antes de la sentencia de la Corte Constitucional C- 035 de 2016 a través de la cual el impusieron restricciones a las actividades productivas en los páramos y se ordenó al Ministerio de Ambiente la delimitación de estas áreas estratégicas, los campesinos habían expresado su preocupación por la repercusión de tales decisiones.
El líder regional de Asonalca aclaró que sus representados son conscientes de la importancia de proteger los ecosistemas estratégicos y las fuentes de agua que de ellos emergen, al fin y al cabo sus antepasados y ellos mismos han convivido con los frailejones.
“No estamos en contra de la delimitación, lo que denunciamos es que el gobierno no nos consultó, no concertó con nosotros el tema de la delimitación de los páramos”, sostuvo Riveros al término de la primera reunión de los integrantes de la Mesa de la que hacen parte la Gobernación de Boyacá, las corporaciones autónomas regionales, el ICA y Corpoica, entre otras.
¿Conservación o desarrollo?
La delimitación de los páramos y su declaratoria como áreas protegidas por parte de las corporaciones autónomas regionales implica, además de no poder cultivar y pastorear al ganado, que a los campesinos tampoco se les permita vender sus predios y menos acceder a recursos de crédito por el hecho de estar ubicados en zonas de conservación ambiental.
“Esto no es más que un despojo disfrazado de conservación”, sentenció Riveros quien de paso criticó el papel de las autoridades ambientales al ser tan permisivas en el control a la minería en los páramos a pesar de las prohibiciones que impuso la Corte Constitucional.
Lo expresado por el dirigente se suma a las denuncias que desde Tasco también hicieron campesinos que abogan por la protección del páramo de Pisba quienes le exigieron a Corpoboyacá mayor presencia en la zona para erradicar la minería ilegal y para que se clausuren, como se debe, los socavones de muchas explotaciones que hoy están abandonadas y ocasionando la contaminación de las fuentes de agua.
Compromiso con la conservación
Aunque el impacto de la agricultura y la ganadería extensivas en los páramos y en los bosques es evidente, el tema resulta molesto cuando por ello se inquiere a los productores rurales.
Solo hay que referir las cifras que sobre el deterioro del suelo publicó en 2016 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y en el que presentó datos relacionados con su sobreutilización, desaprovechamiento y el uso adecuado.
Según esa entidad, el 42,5 por ciento de todo el departamento de Boyacá (984 mil hectáreas) está afectado por la sobreutilización, lo que se traduce en el desmesurado uso para labores agrícolas y pecuarias. El Instituto también advirtió sobre el estado del suelo en las 103.900 hectáreas de páramos y humedales que corresponden al 4,38 por ciento del territorio del departamento.
Ante este panorama, el representante regional de la Asociación Nacional Campesina sostuvo que los trabajadores del campo están dispuestos a adoptar prácticas sostenibles que conduzcan a la protección de la vegetación nativa. Su disposición coincide con lo previsto por las autoridades en el marco de los planes de manejo de los páramos que actualmente se están formulando y los cuales prevén proyectos de reconversión productiva en las zonas objeto de delimitación.
