Herman Amaya Téllez, director de la Corporación, informó que alrededor de 50 acopios ilegales de carbón operan en la jurisdicción de la entidad, y que a la fecha 12 de ellos han sido objeto de cierre por incumplir normas que garantizan su adecuado funcionamiento, como la disposición de permisos para la captación de aguas y de vertimiento de desechos.
En el marco de los operativos adelantados por la entidad, se han encontrado además irregularidades como el inadecuado almacenamiento del producto.
Las fallas en la operación de los acopios de carbón han conllevado a la imposición de medidas preventivas al identificarse “impactos no mitigados, corregidos, ni compensados, y por la ausencia de permisos de aprovechamiento de los recursos naturales”.
Amaya Téllez aseguró que Corpoboyacá tiene la obligación de hacer cumplir la legislación que regula este tipo de actividades, y que para reforzar su papel de autoridad ambiental, trabaja en el diseño de los términos de referencia para asegurar la correcta apertura y desempeño de estos puntos de comercialización.
Agregó que se les va a exigir el RUCOM (Registro Único de Comercializadores de Minerales) y el certificado de origen del producto a fin de garantizar que provenga de explotaciones legalmente autorizadas por la autoridad minera.
Esta medida de control y seguimiento incluye la estrategia de pedirles a los consumidores de carbón que lo adquieran en patios registrados ante Corpoboyacá, y que reporten los periodos y los volúmenes de compra del material. De esta forma se podrá hacer un monitoreo ambiental al mercado del carbón desde su lugar de extracción hasta el comprador final.
