El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fue el gran ausente en la mesa técnica convocada por la veeduría ambiental de Tuta para concretar acciones efectivas que permitan descontaminar definitivamente la represa de La Playa.
Este embalse artificial, construido por la Nación en el municipio de Tuta para regular el caudal del río Chicamocha y aportar al Distrito de Riego del Alto Chicamocha, recibe las aguas residuales de Tunja, Cómbita, Oicatá, Tuta y el complejo carcelario de Cómbita.
A pesar de su carga contaminante, el contenido del embalse es utilizado para el riego de cultivos y como abrevadero para el ganado que pasta en su ribera.
Desde hace 22 años la comunidad de Tuta interpuso una acción popular para obligar a los responsables del problema ambiental a tratar sus vertimientos, y a las autoridades a ejercer las acciones de control y vigilancia, sin embargo, los avances han sido mínimos a pesar de la insistencia del Tribunal Administrativo de Boyacá que ha impuesto sanciones a las alcaldías de Tunja, Cómbita, Oicatá y Tuta, a Corpoboyacá, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
Ante la situación, la veeduría ambiental de Tuta, de la que hacen parte la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio, el colectivo Resistencia Juvenil y Prodesarrollo, han protagonizado varias jornadas de protesta para exigir el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal.
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El resultado de estas movilizaciones fue la reunión técnica realizada el miércoles 28 de septiembre en el Coliseo de Tuta a la que asistieron pobladores de la localidad, el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame; el alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme; el alcalde de Tuta, Yesid Soto Monroy; representantes de los municipios de Cómbita y Oicatá, de la Agencia de Desarrollo Rural, de Usochicamocha, del Inpec y de la Uspec.
Virginia Sáenz Martínez, integrante de la veeduría, destacó el anuncio del gobernador que prometió dos mil millones de pesos; y de Corpoboyacá, con cuatro mil millones, para la construcción del cuatro módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tunja.
A pesar de las millonarias inversiones hechas a esta planta, las aguas residuales de la capital de Boyacá siguen contaminando al río Jordán y al embalse de La Playa. El alcalde de la ciudad, Alejandro Fúneme, sostuvo que la PTAR, operada por Veolia Aguas de Tunja, trata el 63 por ciento de los vertimientos urbanos, y que el 37 por ciento llegan putrefactos a estos cuerpos de agua.
Fúneme dijo además que la Alcaldía de Tunja ha invertido $ 120 mil millones de pesos para mejorar el tratamiento de las aguas residuales, ha pagado $ 107 mil millones en tasas retributivas y $ 20 mil millones en impuestos a la autoridad ambiental.
Sobre las gestiones para la construcción del cuarto módulo, que permitiría tratar al 100 por ciento los vertimientos de la capital, el alcalde se refirió al proyecto por 27 mil millones de pesos presentado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. De estos recursos hay comprometidos dos mil millones de pesos de la Gobernación de Boyacá, cuatro mil millones de pesos de Corpoboyacá y 16 mil millones de la administración del ex presidente Iván Duque.
“Hemos tenido 19 mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda y esperamos la atención del gobierno nacional para concretar los recursos para esta obra”, señaló el alcalde de Tunja.
Entre tanto el gobernador Ramiro Barragán se mostró solidario con los habitantes de Tuta por los malos olores y vectores como moscos, zancudos y roedores que han debido soportar por décadas a causa de la contaminación de la represa.
Barragán también confía en la voluntad del Ministerio de Vivienda para aportar a la solución de este conflicto sanitario y ambiental, y se refirió a recursos complementarios para la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales de otros municipios.
“Para la de Oicatá se requieren siete mil millones, para la de Toca, cinco mil millones”, aseguró el mandatario, sin contar inversiones similares que deben hacer los municipios de Cómbita y de Tuta.
Desde la Veeduría Ambiental informaron que, por invitación de la Gobernación de Boyacá, el lunes 3 de octubre tendrá lugar una reunión con las entidades involucradas y la comunidad para establecer el plan estratégico inmediato para la descontaminación del embalse con acciones, presupuesto y cronogramas.
A esto se suma el acuerdo entre la administración departamental, las alcaldías de Tunja y Tuta y la Agencia de Desarrollo Rural para garantizar la presencia de una cosechadora que permita retirar el buchón que invade el embalse, y adelantar jornadas de fumigación para el control de insectos y roedores.
El SENA, a través del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial (Cedeagro) de Duitama, planteó una iniciativa encaminada a procesar el buchón en abono.
La comunidad y la veeduría están a la expectativa de que los anuncios hechos por las autoridades regionales se concrete, aunque son conscientes de que las soluciones no se verán en el corto tiempo.