En un comunicado emitido este martes 12 de agosto, las organizaciones sociales que la integran expresaron la urgente necesidad de garantizar constitucionalmente la protección integral de los páramos como ecosistemas estratégicos para la producción de agua, el equilibrio climático y la biodiversidad.
Allí reconocen las razones históricas de la presencia de comunidades campesinas en zonas de páramo y subpáramo, pero rechazaron “la ocupación, el acaparamiento y la especulación de grandes intereses mineros y agroindustriales que, en contravía de la Constitución Política de Colombia, desarrollan actividades de alto impacto en estos frágiles sistemas ecológicos, priorizando intereses particulares sobre el bien común”.
Reconocieron asimismo el trabajo y esfuerzo de los pequeños mineros de carbón, “quienes arriesgan su vida y obtienen mínimos beneficios” y se mostraron contrarias a todo tipo de explotación insostenible en áreas estratégicas que deberían estar bajo protección estricta.
Denunciaron además “el dominio de grandes empresas que controlan precios, especulan con la cadena productiva y perpetúan la dependencia económica de comunidades vulnerables”.
Notificaron que más de 150 socavones mineros están generado violencia contra personas, comunidades y ecosistemas de páramo, y que en Socha existen 40 títulos mineros activos en áreas de interés hídrico al interior del páramo de Pisba. “Allí – expusieron – persisten actores que se oponen a la reconversión productiva y pretenden imponer decisiones sobre tierras ajenas”.
La Red Nacional del Agua también pidió respeto a iniciativas como el proyecto ‘Páramos para la Vida’, del Instituto Humboldt y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “que involucra a 24 familias comprometidas con la conservación”.
El comunicado de la Red señala además al vocero de la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente, Roberto Arango, de quien afirman ha promovido la revocatoria de leyes y normas de protección en zonas como El Cocuy. “Exigimos fortalecer y blindar la normativa vigente para evitar retrocesos y actos manipulación”.
Señalaron de negligentes a entidades como ANLA, ANM, Corpoboyacá, los ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Defensa, de los cuales dijeron “solo ahora reconocen explotaciones mineras en páramos, incluso sin licencia ambiental”, y a renglón seguido demandaron la publicación inmediata de listas oficiales de licencias y solicitudes en estas zonas y la acción de nulidad general de todas las licencias otorgadas ilegalmente.
En este punto pidieron investigar las licencias expedidas por las Corporaciones Autónomas Regionales en áreas de páramo, “contraviniendo la normatividad vigente”.
Al gobierno del presidente Gustavo Petro le hicieron un llamado urgente a cumplir con su deber de garantizar el derecho fundamental a un ambiente sano, a establecer planes concretos de reconversión productiva en zonas de interés estratégico como los páramos, y el avance en una transición energética justa y real.
En el documento los integrantes de la Red declaran iniciada una jornada nacional de movilización social e institucional por el agua, la vida, el territorio, la reconversión productiva y la transición energética justa.
Exigencias a autoridades mineras y ambientales
1. A la Agencia Nacional de Minería (ANM): Informar cuántas solicitudes de títulos mineros se encuentran actualmente en trámite en el departamento de Boyacá, precisando la fecha de radicación de cada solicitud y las razones por las cuales aún no han sido adjudicadas.
2. A la Agencia Nacional de Minería (ANM): Publicar un informe consolidado y actualizado sobre los títulos mineros vigentes en Boyacá, incluyendo su ubicación georreferenciada, etapa de ejecución, licencias ambientales, y actividades asociadas, con el fin de garantizar la transparencia y el control social.
3. A la Policía Nacional – Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (DICAR): Generar acciones efectivas de acompañamiento y cumplimiento de su objetivo misional:
“Consolidar la convivencia y seguridad ciudadana en el sector rural, salvaguardar los derechos de las víctimas del conflicto, así como proteger los recursos naturales y recuperar las zonas afectadas por la deforestación y la minería ilegal”.
4. Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Iniciar acciones para la protección de acuíferos y zonas de recarga hídrica en Boyacá, incluyendo regulación y monitoreo estricto de la extracción de agua en estas áreas.
5. A la Gobernación de Boyacá: Diseñar y ejecutar un plan departamental de ordenamiento minero que incluya la delimitación de zonas excluibles de la minería por razones ambientales, sociales y culturales, garantizando la participación ciudadana
6. A las Corporaciones Autónomas Regionales (Corpoboyacá, CAR, Corpoguavio):
Fortalecer los procesos de vigilancia, control y sanción frente a licencias ambientales otorgadas a proyectos mineros e industriales, priorizando la protección de ecosistemas estratégicos.
7. A la Procuraduría General de la Nación: Abrir investigaciones sobre posibles omisiones o irregularidades en el otorgamiento y seguimiento de licencias ambientales en el departamento.
8. A la Defensoría del Pueblo: Emitir una alerta temprana sobre los riesgos ambientales, sociales y de derechos humanos asociados a la presión minera en Boyacá, con enfoque en comunidades campesinas e indígenas.
9. A la Agencia Nacional de Minería (ANM): Suspender la adjudicación de nuevos títulos mineros en zonas con conflictos socio – ambientales o sin estudios hidrogeológicos completos.
10. Al Ministerio de Minas y Energía: Implementar una estrategia de transición justa en Boyacá que priorice energías limpias y actividades económicas sostenibles sobre la expansión minera.
11. A la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME): Revisar y actualizar la cartografía minera y los polígonos de interés, incorporando criterios de biodiversidad y disponibilidad hídrica.
12. Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Establecer una mesa técnica interinstitucional para la protección de páramos y subpáramos en Boyacá, con seguimiento público a sus compromisos.
13. A la Agencia Nacional de Tierras y a la Gobernación de Boyacá: Garantizar la titulación colectiva de territorios a comunidades indígenas y campesinas que habitan zonas de alto valor ambiental, como mecanismo de protección frente a presiones extractivas.
14. A la Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad del Congreso de la República:
Convocar a una sesión especial dedicada a la situación socio – ambiental del departamento de Boyacá, con énfasis en la crisis de los páramos, la minería legal e ilegal en ecosistemas estratégicos y las afectaciones a los derechos hídricos de las comunidades.
El soporte de los reparos
Desde la Red Nacional del Agua se indicó que tales requerimientos están soportados en múltiples denuncias documentadas y en la evidencia aportada por veedurías, líderes locales y expertos sobre temas específicos como los siguientes:
– La persistencia de títulos y licencias mineras dentro de zonas de páramo, a pesar de órdenes judiciales de cierre.
– El incumplimiento de acuerdos en procesos de concertación como el paro minero y campesino del mes de agosto de 2025.
– La vulneración de derechos humanos y ambientales en comunidades rurales afectadas por extracción de recursos y desvío de fuentes hídricas.
– La falta de control efectivo por parte de entidades competentes como la Agencia Nacional Minera y las Corporaciones Autónomas Regionales.
En el pronunciamiento la Red Nacional del Agua pidió que en la sesión de la Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad se escuche a los liderazgos territoriales, se reciban los informes técnicos y jurídicos recopilados, y se promuevan acciones concretas que garanticen la protección integral de los ecosistemas estratégicos de Boyacá, la defensa del agua como derecho fundamental y el respeto por los procesos organizativos que velan por la vida y la biodiversidad.
Las organizaciones aglutinadas en la Red Nacional del Agua, de la que hacen parte varios colectivos del departamento, hicieron un llamado contundente: “El cuidado del agua no admite dilaciones”.
Y a renglón seguido le exigieron al Congreso de la República actuar con responsabilidad y celeridad, en articulación con las comunidades y sus organizaciones, asumiendo la coordinación, seguimiento y control político de todas las solicitudes aquí presentadas, estableciendo un cronograma público de avances, realizando audiencias territoriales en Boyacá y presentando un informe semestral al país sobre el estado real de los ecosistemas estratégicos y fuentes hídricas del departamento, con base en información técnica e insumos comunitarios.
Como complemento, el Nodo Boyacá de la Red Nacional del Agua reiteraron su defensa integral del recurso hídrico, la vida y la biodiversidad del departamento, y se comprometieron a mantener vigilancia permanente sobre los siguientes aspectos problemáticos:
– Expansión de minería ilegal en páramos.
– Extracción y desvío indebido de fuentes hídricas.
– Afectación de acueductos comunitarios.
– Incumplimiento de órdenes judiciales de cierre de socavones.
– Falta de medidas efectivas para la protección de líderes sociales y ecosistemas estratégicos.
