El relleno sanitario de Tunja o Parque Tecnológico Ambiental de Pirgua sigue siendo la alternativa para el manejo de las 3.200 toneladas anuales de desechos que recibía hasta el mes de mayo la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos del municipio de Garagoa.
Ante la protesta de la comunidad y el bloqueo que mantienen los vecinos de la vereda Caracol, las Empresas Públicas de Garagoa se vieron en la obligación de trasladar los desperdicios de esta ciudad a la capital del departamento.
La comunidad no aguantó más: malos olores, insectos, ratones y la contaminación de las fuentes de agua del sector generaron una crisis que ni con la intervención de la Gobernación de Boyacá se pudo solucionar.
El departamento, a través del gobernador Ramiro Barragán Adame, y la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, propusieron la construcción de las celdas requeridas para la disposición final de las basuras en la Planta de Manejo Integral de Residuos, y acondicionarla para la recepción de aquellas provenientes de otras 13 localidades de la región.
La comunidad se opone al desarrollo de estas obras y reitera su exigencia de que este lugar sea clausurado y se inicie la búsqueda de otro sitio para el depósito de los desperdicios.
Las manifestaciones ciudadanas en contra de la adecuación del relleno sanitario se radicalizaron a partir del 2 de mayo pasado cuando las Empresas Públicas de Garagoa iniciaron el trámite de prórroga de la licencia ambiental para la operación de la Planta de Manejo Integral de Residuos y de los microrellenos sanitarios en su interior, autorizados por la Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor) desde 2014.
Esta autoridad se pronunció el pasado 4 de octubre a través de la Resolución 1056 y del Auto 2028 de la misma fecha. La Resolución negó la solicitud de prórroga de la licencia ambiental, y el Auto decretó el desistimiento y archivo de modificación de la licencia ambiental.
Plinio Rolando Forero, director de Corpochivor, explicó que el alcance de la Resolución 1056 está asociado a una determinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Resolución 1066 de 2015, a través de la cual se define que las plantas de manejo de residuos sólidos no requieren licencia ambiental si tratan menos de 20 mil toneladas al año, como es el caso de la planta de Garagoa.
Corpochivor consideró además, a través del Auto 2028 del 4 de octubre, que las Empresas Públicas de Garagoa no cumplieron con los requisitos para justificar la solicitud de modificación de la licencia ambiental de la Planta de Residuos Sólidos con el fin de adecuar allí áreas para relleno sanitario.
La entidad le formuló 70 observaciones a los documentos presentados por la empresa, varias de las cuales no fueron resueltas favorablemente por lo que la Corporación tomó la decisión de decretar el desistimiento y archivo de dicho trámite.
El director de Corpochivor expuso que ante este escenario legal la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos de Garagoa solo puede hacer la transformación de lo orgánico, el reciclaje de lo apto para ser reutilizado (plástico, latas, vidrio, cartón, etc.), la compactación de esos materiales y su comercialización. “Y lo inservible tendrían que llevarlo a un relleno en donde se lo reciban”, dijo Plinio Rolando Forero, y el Parque Tecnológico Ambiental de Pirgua, en Tunja, es precisamente el receptor de esos materiales.
El directivo precisó que la Corporación le hace seguimiento a la operación de la Planta de Manejo Integral de Residuos a través del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Garagoa (Pgirs).
Frente a la problemática suscitada por el bloqueo de los habitantes de las veredas Hipaquira, Fumbaque y Caracol, Forero consideró importante que todos los actores involucrados en la situación se comprometan. “Debemos ser parte de la solución, cambiar hábitos, reducir el uso de plástico, utilizar materiales de empaques biodegradables, ser menos consumistas y separar nuestros desechos”.
El directivo reconoció las afectaciones sanitarias de la planta de residuos de Garagoa sobre la comunidad y el ecosistema.
“En estos 20 años la comunidad aledaña a la planta de residuos sólidos ha recibido impactos ambientales, sociales y económicos negativos muy fuertes, procesos de incumplimiento a través del tiempo, de compensación, mitigación, de salubridad que no han sido tenidos en cuenta y lo han manifestado y lo han dicho siempre en todos los espacios”.
Forero planteó un diálogo concertado entre las instituciones locales, la autoridad ambiental, incluyendo a los ministerios de Ambiente y Vivienda, y la comunidad a fin de encontrar alternativas encaminadas a darle un manejo local y regional a las basuras
Expuso que una estrategia es la de minimizar los residuos para que lo que se entierre en los rellenos sanitarios sea muy poco, un 15 por ciento del total generado. Debe darse un espacio de diálogo concertado para evaluar opciones como la identificación de uno o varios predios que cumplan con los requisitos, “que no generen impactos ambientales ni sanitarios”, argumentó Plinio Rolando Forero.
Además del hecho de trasladar los residuos a rellenos sanitarios de Tunja, Villanueva (Casanare) o Villavicencio, y de incidir en la reducción de la vida útil de esos sitios de disposición final, el director de Corpochivor se refirió al costo que implica para los municipios la movilización de las basuras, costo que finalmente terminan pagando los usuarios por el inevitable incremento de las tarifas.
Afectaciones sanitarias y ambientales
Carlos Mariño, apoderado de la comunidad en las demandas para que la planta y los microrellenos sanitarios allí acondicionados sean clausurados en la vereda Caracol, y se les compense por los daños provocados, expuso que la única solución al conflicto es ubicar otro sitio de disposición que cumpla con el uso del suelo, que no tenga fallas geológicas y no provoque daños a los nacederos de agua ni a la población.
Describió que el sitio donde actualmente opera la Planta Integral de Manejo de Residuos y los microrellenos no es apto para tales actividades, los usos autorizados, según el Ordenamiento Territorial, “son exclusivamente agrícola e industrial, toda esa tierra es fértil y se acomodaron en el sitio que no era. El Pomca y otros instrumentos de planeación han determinado que allí hay nacimientos de agua”, sostuvo Mariño.
Añadió que al menos 180 familias son víctimas de la disposición de basuras en la planta de Garagoa y los principales efectos contra su vida y su integridad son la contaminación del aire, los malos olores, la presencia de zancudos, moscos y ratones, las infecciones en la piel del ganado y la contaminación de las fuentes de agua a causa de los lixiviados y el excremento de las aves carroñeras que merodean en el lugar.
