A propósito del reclamo de varias juntas de acción comunal de Duitama y Santa Rosa de Viterbo por la lentitud de las autoridades ambientales para atender sus demandas en contra de la cementera Argos S.A., por presuntos impactos en la operación de la mina San Antonio, el geólogo Fernando Aranguren Villate consolidó las quejas en un texto compartido a la opinión pública regional.
Aranguren, quien ha venido acompañando a la comunidad de Tocogua en sus reclamos a la empresa Argos, a la ANLA, y a Corpoboyacá, distribuyó sus cuestionamientos en varios capítulos de dicho documento (aquí puede consultar el texto en referencia):
– No hubo concertación con Corpoboyacá sobre compensaciones ambientales por daños irreversibles
– Demoras e incumplimientos en la presentación del plan de compensaciones, su aprobación y ejecución.
– No hubo seguimiento por parte de la autoridad ambiental al proyecto mina San Antonio entre 2016 y 2025.
– Sobre compensaciones por pérdida de biodiversidad y por daños irreversibles, Aranguren solicita medidas preventivas y sancionatorias.
Argos y las compensaciones
Para conocer la versión de la empresa cementara sobre el estado de las compensaciones, conversamos con Luz Adriana Molina, ingeniera forestal de la empresa Biopasos, contratista de la compañía para el caso específico de sus obligaciones en esta materia.
Aquí nuestro diálogo con la señora Molina:
¿Por qué no han compensado lo que deberían? ¿Qué decirle a la comunidad de Tocogua?
Porque se está ajustando el área definitiva que va a ser intervenida y que es por esa que se debe hacer la compensación.
¿Por qué no se había hecho antes?
Se presentó una propuesta de plan de compensación y en su momento la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) requirió información adicional antes de hacer la implementación de la compensación.
Las compensaciones se deben implementar una vez son aprobadas por la autoridad ambiental.
¿Cuándo presentaron el plan de compensación?
Se presentó el plan de compensación en el 2018, se aprobó en el 2020 con requerimientos, se presentaron los requerimientos, pero durante ese tiempo hubo un traslado de competencia de autoridad. Pasó de la ANLA a Corpoboyacá nuevamente, porque el trámite inicia en Corpoboyacá.
Y en ese traspaso no sólo pasa la compensación, sino que tienen que pasar todos los trámites de la mina, tanto los mineros, los arqueológicos, los de agua, los de emisiones atmosféricas, y Corpoboyacá, como autoridad ambiental regional, hace un trámite que se llama avocar conocimiento, que consiste en recibir toda la información e iniciar su estudio.
Hoy Corpoboyacá está haciendo ese análisis. Hay unas mesas de trabajo para ir ganando claridad con la empresa, está pendiente de revisar información y se espera que ya se pueda hacer implementación del proceso de compensación a partir del 2026.
¿La compensación a la que está obligada la empresa se haría sobre qué área?
Inicialmente la empresa consideraba hacer una intervención (explotación) en un área de 98.88 hectáreas, y por eso el trámite se fue a la ANLA. Después la empresa dice, este proyecto no es viable, yo no voy a hacer la explotación sobre 98 hectáreas, las voy a hacer solamente sobre 65 hectáreas, y eso hace que ante el cambio del área impactada y los volúmenes a aprovechar el expediente ya no sea competencia de la ANLA, sino que sea competencia de Corpoboyacá.
Entonces, lo proyectado inicialmente, lo que está aprobado es sobre esas 98 hectáreas de intervención y tendrían una compensación de 264 hectáreas. Esa sería la obligación proyectada sobre una propuesta que ya hoy sabemos no se va a desarrollar.
Ahora hay que concretar cuál es el área que sí se va a desarrollar y cuánta sería la compensación. Eso quiere decir que la compensación va a estar por debajo de 264 hectáreas, porque se va a intervenir menor área a la inicialmente planteada. Creemos que podrían ser finalmente de 172 hectáreas.
¿Y esa compensación se hará en área próxima a la operación de la mina?
Sí, la obligación está definida por la ANLA con relación a hacer actividades de restauración, de preservación en la zona más cercana al área del proyecto. En este caso correspondería a predios de la empresa Argos.
Y hay otras actividades que se deben de desarrollar con comunidad y con el municipio, que son actividades silvopastoriles y unas actividades de recuperación de paisaje en zona urbana. No necesariamente próximas a la mina.
La compensación no se debe de implementar, sino hasta que la autoridad haga la aprobación. Y en este momento estamos pendientes de que Corpoboyacá revise todo el expediente, determinar si lo que se le presentó está ajustado a lo que pedía la ANLA o no, y ya proceder con la aprobación para empezar la implementación.
Aún a pesar de esa decisión que está pendiente, Argos asegura haber restaurado 35 hectáreas.
La empresa, a medida que va dejando de aprovechar el potencial minero de las áreas empieza a rehabilitarlas.
Lo primero que hace es una reconformación de los terrenos, y posteriormente sobre esos terrenos reconformados empieza a hacer la recuperación vegetal, y a la fecha la empresa nos acaba de reportar la restauración de 35 hectáreas con especies como raque, arrayán, mortiño, manzano, laurel, romero, angelito
El manual de compensaciones determina que las especies deben de ser nativas, propias del ecosistema que se va a compensar, en este caso bosque altandino, y en el plan de compensación se le presenta el listado de especies a la autoridad ambiental para que ellas la revise.
Normalmente se presentan entre 50 y 70 especies para que la autoridad la revise. Pueden ser menos o pueden ser más. El asunto es que al momento de hacer la implementación hay que buscar la procedencia de esas plantas para asegurar que sí sean propias de la región.
¿De cuántos ejemplares estamos hablando, cuál sería la cantidad de árboles a plantar en las 172 hectáreas estimadas a compensar y cómo se debe garantizar su supervivencia?
Pues hablemos de que podamos tener de 35 a 50 especies en firme para reproducir y sembrar ahí. Estamos hablando de unos 50.000 o 60.000 individuos, por lo menos, de entre 45 a 70 centímetros de altura
Después de la siembra hay que garantizar el prendimiento de todo lo que se sembró, que no se supere una mortandad del 10 al 20 por ciento, que tengamos una sobrevivencia de entre el 80 y el 90 por ciento. Hay que prever así mismo resiembras y es necesario empezar a hacer mantenimientos cada 2, 3, 4 o 5 meses, dependiendo de lo que se siembre y la temporada en la que se siembre.
Lo importante es poder garantizar que al final del proceso tengamos una sobrevivencia superior al 80 por ciento.
¿Qué dicen la norma respecto a los plazos? ¿Ustedes empezarían en el 2026 y durante cuánto tiempo sembrarían esos 50.000 o 60.000 árboles?
Hay que sembrarlos en los primeros años y hay que sostenerlos aproximadamente entre 15 y 20 años y eso depende de que se consigan las metas ecológicas. Si a los 15 años no se han logrado tener las alturas adecuada y un número significativo de especies sobrevivientes, hay que continuar. El interés de la empresa es que las plantas prendan, crezcan y se desarrollen. A la autoridad ambiental le corresponde hacer un seguimiento anual.
¿Y cómo entra o cómo puede participar la comunidad en esos procesos? ¿Se involucra de alguna manera a los vecinos en las labores de siembra, de cuidado y de mantenimiento?
La propuesta de Argos ha sido contratar la mano de obra dentro de las comunidades, especialmente las comunidades aledañas y las cabeceras municipales cercanas, durante los primeros años debe haber una dinámica muy fuerte para poder garantizar que los árboles se siembren, prendan, sobrevivan y se puedan hacer los mantenimientos y replantes necesarios.
