Clara Ángel estaba feliz. Recibió la noticia mientras participaba del encuentro de áreas protegidas de Boyacá, Cundinamarca y Santander que se cumplía el miércoles 29 de noviembre en las instalaciones de Corpoboyacá.
Luego de casi dos años de haber iniciado el proceso para que tanto el Concejo de Gachantivá como el Tribunal Administrativo de Boyacá autorizaran preguntarles a los habitantes del municipio si estarían o no de acuerdo con permitir la explotación minera en la localidad, la Sala de Decisión No. 1 del Contencioso, con ponencia del magistrado Fabio Afanador García, determinó “declarar la constitucionalidad del mecanismo de participación ciudadana”.
Además de darle validez a la petición, el Tribunal aprobó la pregunta que se plateará a los pobladores de la localidad en fecha que deberá definir la Registraduría Nacional del Estado Civil. El interrogante que estará consignado en las papeletas de votación será el siguiente: ¿Está usted se acuerdo con que en la jurisdicción del municipio de Gachantivá (Boyacá) se realicen actividades de exploración y explotación minera? Si __ No__.
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Clara Ángel, que hace parte del Colectivo Ambiental del Alto Ricaurte, evocó las reuniones con la comunidad para discutir sobre la vocación económica de Gachantivá, las posibilidades del territorio en materia ecoturística y el riesgo que representa para los ecosistemas de la zona la pretensión de la empresa Cementos Tequendama de explotar piedra caliza cerca de la laguna La Colorada de la que dependen alrededor de 20 acueductos rurales.
Clara Ángel (Izq.) en compañía de Pedro Reyes y Martha Yolanda Nieto en el momento en que se conoció la noticia.
Se refirió además a las extensas jornadas de trabajo con abogados, asesores en temas de consultas populares, biólogos, geólogos y ambientalistas de diferentes partes del país que orientaron el actuar del Movimiento Cívico por el Agua y la Vida y el Colectivo Ambiental del Alto Ricaurte, impulsores de la iniciativa.
Al preguntarle por el significado de este primer logro, Clara dijo sin titubeos “que se hizo justicia, que la verdad triunfó, que Gachantivá se va a salvar de las garras que la quieren destruir, de la ambición de unos pocos que no les importa lo que pase a la humanidad por la amenaza de representa la minería para el suministro de agua”.
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Sobre la percepción general de los gachantivences dijo que gran parte de los moradores están convencidos de mantener la línea de la conservación y presentó como argumento el respaldo que tuvo en marzo pasado el desarrollo del Primer Encuentro Latinoamericano de Turismo Comunitario y el hecho de que muchas personas hoy estén capacitándose en la adecuación de las posadas campesinas, en gastronomía tradicional y en atención al público.
Concluyó con una sentencia: “Los beneficios que deja el turismo comunitario se quedan en las regiones, entre las comunidades, queda repartido localmente. La minería enriquece a unos pocos, a las multinacionales y genera un impacto irreparable”.
La decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá es, sin duda, un triunfo, sin embargo, faltan muchos escollos por superar y uno de ellos es conseguir que el Ministerio de Hacienda apropie los recursos para que la Registraduría organice la logística de la consulta y determine la fecha de la misma.
A continuación puede consultar el texto completo de la decisión del Tribunal.
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