La delimitación de los páramos emprendida por el gobierno nacional implica la suspensión definitiva de toda actividad minera que allí se esté desarrollando, sin embargo, la mayor queja del sector es que el gobierno no les ha planteado una alternativa distinta a la del abandono de los socavones.
Gabriel Chiquillo, quien representa al sector del carbón de la provincia de Sugamuxi, afirmó que esa es una apuesta arriesgada y lo explica advirtiendo que si un minero no puede continuar con su actividad a pesar de haber hecho unas inversiones y de estar al día con sus obligaciones sociales y ambientales, el Estado tendría que compensarlo o en caso contrario enfrentar las demandas que puedan sobrevenir.
Chiquillo presentó un panorama de la minería en el páramo de Pisba, ecosistema que en sus 81.482 hectáreas (según el Atlas de Páramos del Instituto Humboldt – 2010) alberga 87 títulos mineros de los cuales 32 están activos y disponen de licenciamiento ambiental.
El empresario sostuvo que la actividad se desarrolla en 2.800 hectáreas del páramo lo que representa el 3,5 por ciento de su área y que el impacto al suelo y a la vegetación se registra apenas en 700 hectáreas lo cual, en su opinión, no es representativo.
En materia de empleo, los 32 títulos mineros activos generan 1.600 cargos directos con sueldos de entre tres y cuatro salarios mínimos, lo que evidencia, según Chiquillo, “una redistribución de ingresos apropiada”.
¿Y cuánto carbón se extrae a instancias de estos 32 títulos? Los datos del gremio reportan que se producen 700 mil toneladas de carbón metalúrgico al año que en dinero pueden ascender a 200 mil millones de pesos.
Alternativas al cambio
Gabriel Chiquillo, representante del gremio del carbón.
Hoy la pregunta de los mineros es ¿qué actividad podría asegurar una rentabilidad similar si la delimitación del páramo de Pisba se hace efectiva en las condiciones en las que está planteada?
La respuesta no es sencilla. Gabriel Chiquillo se aventuró a señalar que el ecoturismo no podría soportar la economía de la región y puso como ejemplos a Monguí y Paipa. Dijo que esos municipios no subsisten exclusivamente de la oferta de servicios a los visitantes y agregó que el turismo, como lo plantea el gobierno, no puede ser la única opción para las comunidades de los páramos.
“La agricultura tampoco lo es”, aseguró el empresario, “y por eso muchos campesinos se dedican a la minería”. Relató que en algunas zonas donde tienen títulos mineros también han cultivado papa, sin embargo, la rentabilidad generada no alcanza para pagar un salario mínimo anual.
Mineros como Chiquillo y la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) plantean llegar a acuerdos para que se protejan los recursos naturales y se les respeten los derechos a quienes han subsistido de la actividad. Insisten en que la minería ha generado mucho empleo en condiciones dignas y que las opciones que plantee el gobierno deben permitir que los trabajadores del sector puedan acceder a beneficios de Ley si tienen que salir de la zona.
Como parte de los diálogos con el Ministerio de Ambiente han propuesto un fondo de sustentabilidad para la industria del carbón que permita asegurar un engranaje con lo social, lo económico y lo ambiental. De esa manera buscan que tanto minería como agricultura pueden ser aceptadas por la sociedad en ecosistemas sensibles.
De todas maneras el gremio no descarta la suspensión de sus actividades. “Podríamos ponernos una meta de 10 o 15 años, que no sea algo tan extenso. Hacer la reconversión, salirnos de allá y devolver en buen estado lo que utilizamos e ir generando culturas de solidaridad”, añadió el representante del sector.
Su propuesta está sobre la mesa y hoy cobra mayor vigencia con la aprobación de la Ley de Páramos que el Senado de la República aprobó de manera agónica en la madrugada del jueves 28 de junio y en la cual ratifica la prohibición de actividades mineras, la extracción de hidrocarburos y el desarrollo de agricultura a gran escala.
