La tensión en torno al futuro del páramo de El Cocuy sumó un nuevo capítulo. La Nación U’wa, el Grupo de Trabajo en Páramos (GTP) y el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán enviaron una carta a la ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, para pedir el aplazamiento de las decisiones sobre la posible derogatoria de las resoluciones que protegen este complejo de alta montaña, y la apertura de una mesa de concertación amplia.
El documento, radicado este 26 de enero, se titula ‘Solicitud de aplazamiento y concertación de cronograma para la garantía de participación efectiva, equidad y justicia ambiental en el ordenamiento del complejo del páramo de Cocuy’ y está firmado, entre otros, por autoridades de la Nación U’wa, líderes de acueductos comunitarios, veedurías ambientales de Boyacá y Santander y vocerías del movimiento en defensa de Santurbán.
Participación efectiva
Las organizaciones recuerdan que, a partir del Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022) y de la sentencia C-359 de 2024 de la Corte Constitucional, el Estado está obligado a garantizar una participación pública “efectiva e incidente”, no limitada a la simple socialización de decisiones ya tomadas.
Según la carta, el actual proceso de revisión de las Resoluciones 1275 de 2014 (zonificación de la reserva forestal de Ley 2ª en El Cocuy) y 1405 de 2018 (delimitación del páramo) presenta un “sesgo” a favor de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano, el gremio que el año pasado impulsó bloqueos en Boyacá para exigir la derogatoria de estas normas.
Para los firmantes, centrar la interlocución en un solo sector social desconoce otras miradas técnicas y territoriales que han defendido la función ecológica del páramo y vulnera los principios de equidad y justicia ambiental. En la comunicación se insiste en la necesidad de reconocer “diferentes voces, diferentes lógicas y diferentes territorialidades” en un territorio en disputa.
El fallo internacional que protege al pueblo U’wa
Otro de los pilares de la petición es el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Nación U’wa. De acuerdo con el documento, esta decisión obliga a Colombia a garantizar mecanismos reales de comunicación, coordinación y participación con este pueblo originario en cualquier decisión que afecte su territorio ancestral, conocido como Kera Chikará.
Avanzar en una “hoja de ruta” acordada únicamente con la Federación de Parameros, sin la participación directa de la autoridad tradicional U’wa, sería —advierten— una violación a ese fallo internacional y a la integridad cultural de la Nación U’wa.
Emergencia climática en la Sierra Nevada del Cocuy
La carta también incorpora un llamado técnico basado en la evidencia climática disponible. El GTP señala que la Sierra Nevada del Cocuy ha perdido el 38 % de su cobertura glaciar en los últimos 35 años: de 38,9 km² en 1948 quedarían apenas 12,83 km² en 2022. De mantenerse la tendencia, proyectan la desaparición total de los glaciares para 2048.
En este contexto, cualquier intento de reducir las zonas bajo figura de reserva forestal o de flexibilizar la delimitación del páramo, sin un análisis riguroso del impacto acumulado, pondría en riesgo la disponibilidad de agua para cientos de acueductos comunitarios en las zonas bajas de Boyacá, Santander y Casanare.
Los firmantes recuerdan que los páramos funcionan como una esponja que regula el ciclo hídrico y que su deterioro afectaría la seguridad hídrica de poblaciones rurales y urbanas, además de agravar la vulnerabilidad frente a la crisis climática.
Tres solicitudes puntuales a Minambiente
Sobre la base de estos argumentos, las organizaciones plantean las siguientes peticiones:
- Suspender de inmediato cualquier decisión administrativa o firma de acuerdos que se desprenda de la interlocución exclusiva con la Federación de Parameros del Nororiente, hasta tanto no se dé cabida a otros actores del territorio.
- Convocar una Mesa Técnica Plural en un plazo no menor a 30 días hábiles, en la que la Nación U’wa, los GTP de Boyacá y Santander y el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán puedan presentar un análisis comparativo y las pruebas técnicas sobre los riesgos de desproteger jurídicamente los páramos.
- Garantizar un enfoque diferencial que reconozca los derechos campesinos consagrados en el Acto Legislativo 01 de 2023, así como los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
En el cierre del documento, las organizaciones sostienen que la protección de los páramos “no puede ser objeto de una transacción sectorial”, sino que constituye un imperativo ético y legal frente al patrimonio común de los colombianos.
Un pulso abierto por el futuro de El Cocuy
Esta carta se suma a las voces que en las últimas semanas han advertido sobre el riesgo de un retroceso en la protección del páramo El Cocuy en el curso de las negociaciones entre el Gobierno nacional y la Federación de Parameros del Nororiente.
Mientras el Ministerio ha insistido en que cualquier revisión normativa se hará con “rigurosidad técnica” y en el marco de un diálogo democrático, las organizaciones firmantes reclaman que ese diálogo sea realmente plural y vinculante, y que las decisiones tengan en cuenta tanto las obligaciones internacionales del Estado colombiano como la evidencia científica sobre la emergencia climática en la alta montaña.
En las próximas semanas, el Gobierno deberá definir si acoge la solicitud de aplazamiento y si abre la mesa técnica plural que reclaman la Nación U’wa, el GTP y el Comité de Santurbán. De esa decisión dependerá, en buena medida, si el ordenamiento del complejo de El Cocuy se convierte en un ejemplo de justicia ambiental y participación efectiva, o en un nuevo episodio de exclusión en territorios que ya cargan con el peso de la crisis climática y los conflictos por el agua.
