Socha, capital de la provincia de Valderrama, fue escenario del esperado encuentro entre el jefe de la cartera de ambiente, los campesinos que habitan el páramo de Pisba, los mineros, el gobernador Carlos Amaya, el director de Corpoboyacá, Ricardo López; y los alcaldes de los municipios que se encuentran dentro de esta área estratégica para la conservación.
Todos le pidieron al ministro aplazar la expedición de la resolución a través de la cual el gobierno define qué es y qué no es páramo y establece restricciones para el desarrollo de actividades agropecuarias al interior del ecosistema delimitado. Allí la minería está vedada desde 2016 cuando la Corte Constitucional decidió prohibir la explotación de carbón e hidrocarburos y salvaguardar el agua de los colombianos.
Al final el ministro Murillo no dijo si aplazaría la expedición de la resolución, sin embargo, aceptó la conformación de una mesa técnica para evaluar las alternativas planteadas y someterlas a consideración de la comisión quinta del Senado de la República que esta semana tiene la responsabilidad de darle segundo debate a la Ley de Páramos.
La mesa abordará cinco aristas de este conflicto:
– Escala de la información para la delimitación. Tiene que ver con la caracterización ambiental y la zonificación.
– Cierre de la actividad minera
– Reconversión de las actividades agropecuarias
– Financiación de las alternativas para los habitantes del páramo
– Tratamiento diferencial que debe darse a quienes tienen relación directa con el suelo y la vegetación de la alta montaña.
Sobre este último punto, el director técnico de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del ministerio de Ambiente, César Rey, explicó que en el páramo intervienen el campesino que solo produce para subsistir, el que tiene grandes extensiones de cultivos o de ganado, el que siempre ha vivido allí y el que lo hace de manera temporal. También el que es propietario y el que tiene predios en arriendo.
Conservar es la prioridad
A pesar de las diferencias de criterio, quienes intervinieron en desarrollo del encuentro que se cumplió en el coliseo municipal de Socha coincidieron en la necesidad de preservar la vegetación nativa y las fuentes de agua.
Pedro Castañeda, poblador de Tasco, se mostró a favor de la delimitación y de la erradicación total de las actividades mineras. En su opinión esta es la mejor opción para salvaguardar el páramo. Valoró las rutas sugeridas por el Ministerio para recudir el impacto de las actividades agropecuarias y vaticinó que tanto la ganadería como la agricultura en pequeña escala pueden garantizar adecuados niveles de ingresos.
Luis Gilberto Murillo, el ministro de ambiente, reiteró que la conservación debe hacerse con las comunidades parameras y que el gobierno ha planteado alternativas como la del pago por servicios ambientales para compensar a quienes se dedican a proteger los bosques, los páramos y los cuerpos de agua.
Y aunque el alcalde de Gámeza, Edgar Cruz Cristancho, se opone radicalmente a la delimitación, es consciente de que la dinámica económica de su municipio no ha sido consecuente con la protección de los recursos naturales.
Cruz insistió en que las restricciones que impondría la eventual delimitación del páramo golpearían de manera severa las finanzas locales pues el cultivo de alimentos y el pastoreo del ganado son las principales fuentes de ingresos de los pobladores de su localidad. Fue enfático en reiterar que las medidas anunciadas por el Ministerio de Ambiente son lesivas para su comunidad.
Gabriel Chiquillo, representante de los empresarios de carbón, se refirió al dilema generado por el discurso de la conservación y apuntó que “la vida no es posible sin que haya actividades productivas” y que hoy la sociedad se encuentra en una disyuntiva: “actividades productivas o vida, minería o agua”. Defendió los procesos que hoy ha implementado el sector para reducir los impactos sobre el ambiente y mencionó como garantía “los controles cada vez más estrictos de las autoridades”.
Más preguntas que respuestas
Hay temas para los cuales aún no hay salidas concretas. Uno de ellos lo expuso María Eugenia Castro, concejal del municipio de Socotá, y tiene que ver con la titulación de los predios de los campesinos. Muchos no están legalizados y se encuentran en falsa tradición lo que impediría que quienes los ocupan puedan acceder a los programas de reconversión o sustitución ofertados por el gobierno.
La concejal Castro preguntó además por las inversiones del Estado en las zonas de páramo. ¿Teniendo en cuenta que son terrenos destinados a la conservación, el gobierno asignará recursos para escuelas, acueductos y vías en esos sectores?
Un interrogante más tiene que ver con el sistema financiero. ¿Cómo hacer para que los bancos le presten dinero a los campesinos que cultivan la tierra en un páramo delimitado?
Gabriel Chiquillo, líder del gremio carbonero, preguntó si el Estado estaría preparado para las demandas que podrían interponer los beneficiarios de los títulos mineros en el momento en que se declare la moratoria en el páramo de Pisba
Inquietudes adicionales como de dónde saldrán los recursos para la transformación de las actividades productivas, qué lineamientos impartirá el gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto y quien garantizará que los compromisos pactados hasta ahora se cumplan al pie de la letra, son por ahora asuntos que se encuentran en el escenario de la incertidumbre.
Resta esperar a lo que el Senado de la República resuelva en relación con la Ley de Páramos, que según el ministro Luis Gilberto Murillo definirá las directrices para actuar en materia de conservación y de inclusión y participación de quienes ancestralmente han habitado allí.
