Aunque la Ley 1523 de 2012 es clara respecto a las competencias al momento de atender una situación de emergencia en un municipio, y determina que “el alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo…incluyendo…el manejo de desastres en su jurisdicción”, en el caso de incendios que comprometen ecosistemas estratégicos la situación puede ser más compleja tanto que debería considerarse como un asunto de interés nacional.
Para comprender mejor este tema le invitamos, apreciado lector, a imaginar el siguiente escenario, que no es tan imaginario porque ha ocurrido: un agricultor realiza una quema controlada o rocería con el propósito de preparar la tierra para nuevos cultivos cerca de una zona de páramo, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, a cinco horas de camino a pie por un sendero sinuoso desde el casco urbano de su municipio.
La quema, como suele suceder, se sale de control, y arrasa con la vegetación nativa, lo incinera todo, incluidos nidos y animales silvestres.
El agricultor evita reportar la situación a las autoridades porque sabe que es responsable de la afectación, y las entidades de socorro se percatan de la emergencia varias horas después luego de que alguien, desde un punto lejano, divisa la columna de humo y da el aviso correspondiente.
Si en ese municipio operan un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y un cuerpo de bomberos propio, o está vigente el convenio con el cuerpo de bomberos de una localidad vecina, de inmediato se debe activar un plan de contingencia que incluye la verificación de la información, la ubicación del sitio afectado y su caracterización, la planeación del equipo necesario y del desplazamiento al lugar.
Esa preparación se puede tomar varias horas, mientras tanto el fuego sigue su curso, inmisericorde va devorando frailejones nuevos y otros que pueden tener hasta 200 años o más, chusques, bambúes y cardones. Imagine la angustia de los venados de cola blanca, o de los osos andinos o de las aves y las ardillas que desesperadas tratan de salvarse del infierno. Piense en el agua que discurre lenta desde los colchones húmedos del páramo y viaja por las quebradas. Con el paso de los minutos, esos colchones estarán chamuscados y el agua evaporada.
El incendio acaba con la función natural del páramo. Mientras tanto las brigadas de socorro luchan, con sus menguados recursos, por llegar al epicentro de la conflagración. Andan con dificultad por el peso de las herramientas, el frío, la neblina y el cansancio.
En algún punto del recorrido extraviaron la ruta y debieron retroceder para retomarla. Es posible que logren llegar el mismo día del reporte o al siguiente, eso depende de las condiciones de la jornada.
El panorama es desolador. Da tristeza ver que todo arde, que todo rastro de vida está siendo consumido.
Bomberos, soldados, funcionarios de las alcaldías y voluntarios tratan de controlar las llamas, de evitar que se extiendan, y solo cuando sienten que todo se salió de madre, que la emergencia rebasó sus capacidades, pueden pedir ayuda a los municipios cercanos, a los bomberos de otros pueblos o ciudades, a la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental o a la autoridad ambiental.
Pueden pedir que les envíen un helicóptero para el transporte de personal o para lanzar agua desde el aire, pero no es seguro contar con ese apoyo por falta de disponibilidad o de circunstancias adecuadas para el sobrevuelo de ese tipo de aeronaves, especialmente si las condiciones meteorológicas no son favorables.
Finalmente, y luego de intensas jornadas de trabajo, de las bajas temperaturas y de una lluvia que les dio la mano a los socorristas, el ímpetu de la flama se sofocó. El humo y la ceniza dominan el paisaje. No duele la piel, arde el corazón.
Este relato no es imaginario, es una descripción aproximada de lo ocurrido el primero de febrero en el páramo Las Alfombras, entre Aquitania, Tota, Pesca y Zetaquira, que hace parte de un complejo de páramo más grande: Tota – Bijagual – Mamapacha.
Los detalles son el resultado de nuestro diálogo con la sargento Ángela Patricia Pérez, del Cuerpo de Bomberos de Tota; y del cabo Julián Preciado, del Cuerpo de Bomberos de Firavitoba. Ellos integraron el equipo de 80 personas que tuvo a su cargo esta difícil misión y de la cual hicieron parte 14 mujeres y un comando especializado del Batallón de Artillería No. 1 Tarqui del Ejército Nacional procedente de Sogamoso.
No existe una estrategia comunitaria
De nuestra conversación con la sargento Pérez y el cabo Preciado se desprende que su responsabilidad es enorme, tanto que rebasa sus fuerzas y sus voluntades, y las de sus compañeros.
Un incendio de tal magnitud en un área tan compleja, y de tal importancia por el papel de regulador hídrico que tiene el páramo, debería ser atendido por un esquema más robusto, debería existir una estrategia que actuara desde la prevención, la capacitación y la educación permanentes y la disposición de equipos de reacción inmediata que menguaran el deterioro de un área vital para la subsistencia humana.
Pérez y Preciado, así lo creen, sin embargo, su orgullo de bomberos, su ética y su apego a las normas no les permite aceptar del todo, y afirmarlo menos, que la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y Corpoboyacá debieron hacerse presentes desde el primer momento.
De acuerdo con los protocolos de respuesta, y aún a pesar de tratarse de un páramo, las dos entidades actúan solo si son requeridas y la emergencia desborda las posibilidades locales. Un tecnicismo indolente pese al valor ambiental de los frailejones y sus congéneres que sucumbieron ante la voracidad del fuego.
Tampoco existe un modelo de gestión comunitaria que involucre de manera activa a las juntas de acueducto veredal, una especie de brigada campesina capacitada para informar oportunamente, ayudar en el control de incendios de esta naturaleza, monitorear el estado del páramo y vigilar para prevenir cualquier afectación. Las acciones oficiales para asegurar controles eficientes y permanentes en ecosistema de tal importancia son intermitentes y en muchos casos deben remar en contra de la tramitología institucional.
Así se pudo evidenciar en el páramo de Siscunsí, en Sogamoso. Hace apenas dos semanas se registró un incendio que consumió 10 hectáreas en la vereda Las Cañas, a pocos metros de la icónica laguna de Siscunsí.
La emergencia fue atendida por cinco guardapáramos que tienen a su cargo vigilar 800 hectáreas, aproximadamente. A pesar de la importancia de su labor, su contrato con la Alcaldía de Sogamoso expiró el 20 de diciembre de 2022 y hasta el 15 de febrero pasado no habína sido renovados.
Otro ejemplo lo refirió la comandante Ángela Patricia Pérez. Hace varias semanas presentó propuestas a las alcaldías de Tota y Aquitania con el objeto de conformar brigadas comunitarias de atención de incendios forestales, sin embargo, a la fecha no ha obtenido respuesta de estas administraciones.
"Es responsabilidad de las alcaldías"
Manuel Castellanos, coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, fue insistente en reiterar que en cualquier incendio el primero en responder debe ser el municipio.
“Como departamento no puedo actuar sin que me lo solicite el municipio. La primera responsabilidad es del municipio. Nosotros estamos pendientes de las necesidades que tengan y ellos son los que dirigen el Puesto de Mando Unificado”, respondió Castellanos a nuestra pregunta de si no era más conveniente acudir y apoyar que esperar a la convocatoria del alcalde o del comandante de bomberos.
Respecto al reto de atender emergencias de estas características en áreas escarpadas y de difícil acceso, el funcionario sostuvo que hay dos formas de hacerlo: manualmente o a través de apoyo aéreo. A pesar de la versión entregada por la comandante de bomberos de Aquitania en el sentido de que se solicitó la presencia de un helicóptero, Castellanos dijo que cuando este fue requerido, la situación ya estaba controlada.
Sobre la opción de contar con brigadas comunitarias, dio cuenta de jornadas de capacitación con organizaciones veredales y se refirió al trabajo particular de varios consejos de gestión del riesgo municipales para instruir a los comunales, sin embargo, no detalló las localidades en donde se han dado tales experiencias.
Consultamos además a la Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá, Natalia Vásquez Díaz. La funcionaria respondió en el mismo sentido: “la atención de la contingencia de la emergencia le compete por norma a los consejos departamentales y municipales de gestión de desastres y a los entes territoriales. Nosotros como tal no hacemos atención de desastres, lo que hacemos es estar pendientes y luego se evalúa la afectación y se determinan los planes para restaurar”.
A la pregunta de si se existe o no un trabajo conjunto con los municipios para formar y capacitar brigadas comunales de prevención y atención de este tipo de hechos, la subdirectora dijo que estas deben ser parte de las estrategias municipales y departamental.
Se requiere articulación
Dalia Useche, directora de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la UPTC, consideró que falta articulación entre las entidades para proteger eficientemente áreas de interés hídrico.
“Cuando hablamos de prevención tenemos que visualizar esos impactos ambientales que llevan a desastres ambientales gravísimos, y que si no actuamos de una manera preventiva, como está descrito en la normas existentes, después tenemos que ver cómo vamos a restaurar un ecosistema”, advirtió Useche.
Considero fundamental trabajar con los actores comunitarios que conocen su territorio y pueden aportar para actuar en un momento determinado.
Una investigación que aporta
La revista Pesquisa Javeriana publicó en noviembre de 2022 un artículo titulado ‘Salgar: respuesta a eventos climáticos desde la base comunitaria’. Este hace referencia a una convocatoria del International Development Research Center (IDRC), de Canadá, “para recibir propuestas lideradas por mujeres que demostraran estrategias de base para la adaptación al cambio y a la variabilidad climática en ciudades pequeñas y medianas, que redujeran la vulnerabilidad y aumentaran la resiliencia de sus habitantes frente a esos fenómenos”.
En la publicación se describe que esta iniciativa se planteó tres objetivos: escalar las estrategias, integrarlas a las políticas públicas y priorizar el enfoque de abajo hacia arriba.
“Se necesita investigación empírica e implementación y validación en el terreno para comprender y respaldar el papel específico de estas prácticas y mejorar las estrategias de reducción del riesgo de desastres”, se explica a continuación.
La Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y otros centros de estudios de Cuba, Chile y Haití se sumaron al proyecto denominado Adapto. Junto a organizaciones sociales de esos países y a damnificados de una avenida torrencial en Salgar (Antioquia) trabajaron en estrategias de identificación del riesgo, adaptación a situaciones generadas por el cambio climático y la variabilidad climática (como incendios e inundaciones) y la reconstrucción o la recuperación de las zonas afectadas.
Aunque en el caso del incendio en el páramo Las Alfombras Corpoboyacá y la Alcaldía de Tota, el municipio más afectado por este hecho, están diseñando un plan para emprender la restauración activa del área quemada a través de las 140 mil plántulas anuales que produce el Centro de Germinación y Propagación de Especies de Alta Montaña, lo ideal sería disponer de un programa de prevención dinámico que genere alertas tempranas y respuestas colectivas y oportunas, especialmente cuando se trata de emergencias que comprometen el suministro de agua y el bienestar de los ejemplares de fauna que pueblan los páramos.
Insistimos, prevenir es mejor que restaurar.
