Este lunes 19 de junio la Procuraduría General de la Nación informó que dio inicio a una indagación previa contra “funcionarios por identificar” de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) y de la Alcaldía de Paipa “por presuntas irregularidades en la construcción de una casa, al parecer en zona de protección ambiental”.
El pasado 21 de mayo la Revista Cambio publicó una denuncia del concejal de Bogotá, Diego Cancino, en la cual daba cuenta de la construcción de “una lujosa finca en lo más alto de una colina que bordea el lago Sochagota, en Paipa, que sería propiedad del suegro del copresidente del partido Alianza Verde, Carlos Amaya”.
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El Ministerio Público cita el reporte periodístico de la siguiente manera:
“…los lotes ubicados en la zona de preservación presuntamente fueron adquiridos por Antonio Assis Burgos en 2019 y al parecer, tres años después, se habría modificado el plan de manejo del lago reduciendo las zonas protegidas a solo cinco hectáreas, beneficiando a la familia de Amaya”.
La actuación de la Procuraduría General está basada en la siguiente hipótesis: “…establecer… si los planes de ordenamiento territorial (del municipio) y de manejo del mencionado lago han sido modificados y/o actualizados, específicamente el plano del sector donde se ubica el citado predio”.
El 24 de mayo Corpoboyacá se pronunció al respecto. Aseguró que luego de atender reclamos ciudadanos por las restricciones que impuso la adopción del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) el 31 de enero de 2019, el Consejo Directivo de la entidad decidió el 26 de mayo de 2022 aprobar su modificación mediante Acuerdo No. 006, y uno de los beneficiarios de esa decisión fue precisamente Antonio Assis Burgos, suegro del ex gobernador Carlos Andrés Amaya.
Los hechos, como se ha indicado, son ahora materia de estudio de la Procuraduría General de la Nación.
