Una nueva jornada de diálogo entre el Gobierno nacional y la Federación de Parameros dejó avances en la revisión de normas clave que regulan el uso y la protección del páramo de la Sierra Nevada del Cocuy.
El encuentro, realizado el 17 de marzo en Tunja, reunió a los ministerios de Ambiente y Agricultura con representantes de la Federación, en el marco de una negociación que busca la revocatoria de la Resolución 1275 de 2014 y la Resolución 1405 de 2018.
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, el eje central de la reunión fue garantizar la participación efectiva de las comunidades de páramo en la revisión normativa. La cartera señaló que el proceso busca incorporar aportes de los habitantes del territorio, reconociendo sus derechos y fortaleciendo la protección de estos ecosistemas estratégicos.
Durante la jornada se discutieron, por un lado, los alcances de la Resolución 1275 de 2014, relacionada con la Reserva Forestal de la Ley 2ª de 1959 en El Cocuy, y, por otro, la Resolución 1405 de 2018, que define aspectos del ordenamiento del páramo.
El Gobierno enfatizó que la apuesta es avanzar hacia un modelo de ordenamiento ambiental participativo, construido desde los territorios y con enfoque en la dignidad del campesinado de alta montaña, reconocido como sujeto de especial protección constitucional.
Hacia una nueva resolución
Uno de los anuncios más relevantes lo dio el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, quien confirmó que los ministerios presentaron a la Federación un proyecto de resolución que derogaría la 1275 de 2014.
Según explicó, el documento ya incorpora ajustes concertados con las comunidades, especialmente en tres puntos sensibles:
- El reconocimiento de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.
- La prohibición de la minería en zonas de páramo.
- La zonificación dentro de áreas de reserva forestal.
Estos cambios fueron construidos con participación de la Federación de Parameros y organismos de control, en un proceso que completa ya 14 mesas de trabajo.
El debate sobre la redelimitación
El siguiente paso clave será la revisión de la ruta para la redelimitación del páramo, establecida en la Resolución 1405 de 2018.
En este punto, uno de los temas más relevantes es la discusión sobre la cota del páramo. Las comunidades han planteado que esta no debe ser fija, sino adaptarse a las condiciones reales del territorio, lo que abre la puerta a una redefinición técnica y política del ecosistema.
Desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro se reiteró la intención de armonizar la conservación ambiental con los derechos del campesinado.
La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, destacó que los instrumentos en construcción parten de las realidades del territorio y reconocen al campesinado como habitante legítimo del páramo y aliado en su protección.
El proceso también involucra al Ministerio de Agricultura y busca cerrar brechas históricas entre la gestión ambiental y las condiciones de vida de las comunidades rurales.
Aunque no hay aún decisiones definitivas, la jornada en Tunja permitió avances en una discusión compleja: cómo equilibrar la protección de ecosistemas estratégicos como el páramo de El Cocuy con la permanencia digna de quienes lo habitan.
La eventual derogatoria de la Resolución 1275 y la revisión de la 1405 marcarían un giro en la política ambiental del área, con un énfasis mayor en la participación territorial y el reconocimiento del campesinado como actor central en la toma de decisiones.
Desde colectivos ambientales e indígenas como el Grupo de Trabajo en Páramos, el Comité del Páramo de Santurbán y la comunidad U`wa, que han pedido al Ministerio de Ambiente ser tenidos en cuenta en esta discusión, están a la espera de la convocatoria de esa dependencia para conocer el alcance de los progresos en la negociación con la Federación.
Insisten en que el páramo no puede quedar desprotegido normativamente, que el gobierno debe garantizar su protección y que en el páramo El Cocuy no son viables procesos agroindustriales como han reclamado los delegados de la Federación.
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