Ratificado el Acuerdo de Escazú

Cuatro años, siete meses y seis días después de que fuera adoptado en Costa Rica, la Cámara de Representantes de Colombia le dio el último debate al proyecto de ley de ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

A partir de lo expuesto por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), una de las organizaciones que impulsó su creación, el objetivo del Acuerdo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno, y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.

“En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto”, señala la Cepal.

Aunque el gobierno del expresidente Iván Duque lo presentó en dos ocasiones al Congreso de la República con mensaje de urgencia para surtir el trámite de su ratificación, la iniciativa nunca logró tener los debates requeridos y la bancada de gobierno, y los gremios, expresaron reparos al proyecto bajo el argumento de que el país perdería soberanía, de que le legislación colombiana ya contenía normas que garantizan los derechos colectivos en materia ambiental, y de que se podrían poner en riesgo proyectos de interés estratégico para la Nación.

A pesar de tales posiciones, el gobierno del presidente Gustavo Petro, con 63 días en el poder, le dio un impulso definitivo al tratado internacional acordado por 24 países el 4 de marzo de 2018, entrado en vigor el 22 de abril de 2021 y ratificado a la fecha por 14 de los firmantes.

El último escollo fue el trámite surtido el pasado 10 de octubre en sesión plenaria de la Cámara de Representantes en donde el Acuerdo Regional recibió el respaldo de 119 parlamentarios. El diario El Espectador, de Bogotá, informó que la bancada de la oposición no votó durante esa jornada.

“La aprobación se dio en medio de un debate en el que las bancadas del Centro Democrático y de Cambio Radical se retiraron del recinto, minutos antes de la votación, alegando falta de garantías. Lo mismo señalaron los congresistas Marelen Castillo y Miguel Abraham Polo Polo”, indicó el periódico capitalino.

Héctor Chaparro, Jaime Raúl Salamanca, Pedro Suárez Vacca y Wilmer Castellanos, cuatro de los seis representantes a la Cámara por Boyacá, hicieron público su voto de ratificación. Eduar Triana e Ingrid Sogamoso no se pronunciaron al respecto.