Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia, lideró la gestión de gobierno para la aprobación del Acuerdo de Escazú. Foto: Minambiente.

Ratificado el Acuerdo de Escazú

En la Cámara de Representantes se aprobó, en último debate, el tratado que promueve la participación y la justicia ambiental.

Cuatro años, siete meses y seis días después de que fuera adoptado en Costa Rica, la Cámara de Representantes de Colombia le dio el último debate al proyecto de ley de ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

A partir de lo expuesto por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), una de las organizaciones que impulsó su creación, el objetivo del Acuerdo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno, y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.

“En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto”, señala la Cepal.

Aunque el gobierno del expresidente Iván Duque lo presentó en dos ocasiones al Congreso de la República con mensaje de urgencia para surtir el trámite de su ratificación, la iniciativa nunca logró tener los debates requeridos y la bancada de gobierno, y los gremios, expresaron reparos al proyecto bajo el argumento de que el país perdería soberanía, de que le legislación colombiana ya contenía normas que garantizan los derechos colectivos en materia ambiental, y de que se podrían poner en riesgo proyectos de interés estratégico para la Nación.

A pesar de tales posiciones, el gobierno del presidente Gustavo Petro, con 63 días en el poder, le dio un impulso definitivo al tratado internacional acordado por 24 países el 4 de marzo de 2018, entrado en vigor el 22 de abril de 2021 y ratificado a la fecha por 14 de los firmantes.

El último escollo fue el trámite surtido el pasado 10 de octubre en sesión plenaria de la Cámara de Representantes en donde el Acuerdo Regional recibió el respaldo de 119 parlamentarios. El diario El Espectador, de Bogotá, informó que la bancada de la oposición no votó durante esa jornada.

“La aprobación se dio en medio de un debate en el que las bancadas del Centro Democrático y de Cambio Radical se retiraron del recinto, minutos antes de la votación, alegando falta de garantías. Lo mismo señalaron los congresistas Marelen Castillo y Miguel Abraham Polo Polo”, indicó el periódico capitalino.

Héctor Chaparro, Jaime Raúl Salamanca, Pedro Suárez Vacca y Wilmer Castellanos, cuatro de los seis representantes a la Cámara por Boyacá, hicieron público su voto de ratificación. Eduar Triana e Ingrid Sogamoso no se pronunciaron al respecto.

El camino a seguir

Susana Muhamad, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, agradeció la aprobación del proyecto de ley, y al dar la bienvenida al Acuerdo de Escazú, dijo que este es un gran reto para el gobierno nacional y un gran reto para las empresas.

“Empezaremos la ruta de implementación, mientras la Corte Constitucional avanza en su ratificación, empezamos ya a preparar los actos administrativos para ampliar la participación de la ciudadanía en el licenciamiento ambiental, la concertación de la ruta defensa de derechos humanos y con el programa de fortalecimiento de las veedurías ciudadanas en lo ambiental”, aseguró la ministra Muhamad.

Desde el Ministerio de Ambiente también se describieron otras acciones complementarias como la articulación con el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, como órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, para promover la aplicación y apoyar a las Partes en la implementación del Acuerdo.

En ese mismo sentido informó sobre cuatro acciones a corto plazo:

Política de Manejo de Información Ambiental.

Estrategia de acompañamiento a defensores ambientales

Ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales

Apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas

Creación del Sistema de información sobre conflictividad socioambiental

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