El 19 de septiembre de 2016 el personero del municipio de Tota, Ramiro Esteban Rodríguez, le pidió a las delegadas del Consorcio Pomca 2015 suspender una reunión informativa sobre los alcances del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta del Río Chicamocha.
La razón, este consorcio, contratista de Corpoboyacá, no había realizado una convocatoria amplia a la comunidad del municipio sobre el desarrollo de la jornada. Sus representantes recurrieron al correo electrónico para citar a los líderes comunales en una región donde el acceso a Internet es limitado y el hábito de consultar este tipo de comunicaciones digitales no es habitual.
Y aunque emitieron cuñas invitando a la socialización, lo hicieron a través de una emisora de Duitama que no tiene no tiene mayor impacto en los sectores urbano y rural de Tota.
Reparos de este tipo fueron los que formuló la procuradora judicial 32 Agraria y Ambiental de Boyacá, Alicia López Alfonso, durante la reunión convocada por la Dirección de Medio Ambiente de la Gobernación de Boyacá para conocer el avance de los planes de ordenación de cuencas hidrográficas que se adelantan en el departamento.
Luego de escuchar los informes de los representantes de las corporaciones que acudieron a la cita (Corpoboyacá, Corpochivor, Corporinoquía, CAR y CAS), la procuradora tomó la palabra para advertir que hay debilidades en la manera como se ha propiciado la participación ciudadana, especialmente en la fase del diagnóstico.
La funcionaria se refirió, entre otros casos, a la queja de un colectivo de Fúquene que denunció no haber sido convocado ni consultado en el proceso de ordenación de la cuenca alta del río Suárez, hecho que consideró grave si se tiene en cuenta que la opinión de las comunidades es fundamental para identificar los problemas y las posibilidades del territorio.
“El diagnóstico debe incluir a la sociedad, no puede ser un producto elaborado solo a partir del criterio del consultor”, argumentó la Procuradora.
La representante del Ministerio Público llamó la atención de las Corporaciones Autónomas Regionales, de la interventoría de los contratos de los Pomca, del Ministerio de Ambiente y del Fondo de Adaptación, para garantizar que todos los riegos a los cuales está expuesta la población queden incluidos en estos documentos de planificación.
Se refirió específicamente a situaciones como el desabastecimiento de agua potable y la deficiente calidad del líquido que se suministra a los habitantes de Chiquinquirá y otros municipios del departamento; al papel de deben jugar los alcaldes en la ordenación de las cuencas, a las amenazas que representa la minería ilegal y al estricto seguimiento y control que debe ejercerse a las licencias ambientales para evitar el deterioro de ecosistemas fundamentales para la subsistencia humana.
Sobre el avance de los Pomca, la procuradora Alicia López Alfonso pidió a los directores de las Corporaciones y al Fondo de Adaptación no apresurarse en la aprobación de los documentos que entregan los consultores y revisar que estos dispongan de datos actualizados, comprobables y medibles pues de ello depende la calidad y la oportunidad de la respuesta institucional frente a situaciones que comprometan el bienestar de los recursos naturales y por supuesto de las mismas comunidades.
¿Quién tiene la razón?
Mercedes Ballesteros, delegada del Fondo de Adaptación, fue la primera en desvirtuar los reclamos de la Procuradora al señalar que todos los riesgos posibles están contemplados en los instructivos diseñados para la actualización de los planes de ordenación y manejo de cuencas. Ballesteros hizo énfasis en que aspectos como el desabastecimiento y la calidad del agua han sido evaluados cuidadosamente.
Sobre el trabajo de la interventoría y de las corporaciones, la representante del Fondo de Adaptación defendió su actuación y dijo que estas se han tomado su tiempo para evaluar con rigor los informes entregados por las consultorías.
A su turno Ricardo López Dulcey, director general de Corpoboyacá, sostuvo que las corporaciones han tenido que enfrentar el equivocado uso del suelo que es la principal causa del deterioro del territorio y que para ello, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y del Fondo de Adaptación, han hecho un esfuerzo significativo para que los Pomca respondan a las necesidades del departamento.
Sobre las observaciones de la Procuraduría, López dijo que el principal reto es ordenar el territorio y agregó que a pesar de las fallas en las que hayan podido incurrir los consultores, la labor realizada es importante. “Si no van a ser los mejores Pomcas van a ser unos buenos Pomcas”, concluyó.
Fabio Antonio Guerrero, director de Corpochivor, pidió valorar el esfuerzo de las autoridades ambientales. Sobre el tema del abastecimiento de agua a las comunidades, dijo que se están haciendo declaratorias de áreas protegidas y se están formulando planes estratégicos para la conservación del recurso hídrico, sin embargo, sostuvo que todas las responsabilidad en esta materia se les endilga a las Corporaciones cuando hay otros actores que también deben responder.
La sesión de evaluación de los Pomca se cumplió el jueves 17 de agosto en el Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá y allí el director de Medio Ambiente, Germán Bermúdez Arenas, formuló observaciones y recomendaciones orientadas a procurar que los planes de ordenación de cuencas respondan a las expectativas, identifiquen las realidades y problemáticas ambientales, apropien los recursos para su implementación y sus conclusiones sean acogidas por los municipios en sus planes y esquemas de ordenamiento territorial.
En jurisdicción de Boyacá se avanza en la actualización y formulación de seis Pomca. Los de las cuencas Alta del río Chicamocha, Alta, Media y Baja del río Suárez y las de los ríos Garagoa, Cravo Sur y Carare Minero.
