La primera imagen impresiona. Un parche amarillo terroso en medio de un bosque de pino que se levanta en una zona de recarga hídrica, en la vereda Santa Lucía de Duitama, da cuenta de la intervención contratada por Empoduitama, y avalada por Corpoboyacá, para sustituir los pinos por variedades nativas.
Los árboles de la especie patula fueron sembrados hace 35 años por la misma empresa en el marco de una estrategia financiada por el programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) del gobierno nacional, y hoy lo que se pretende es un cambio de cobertura vegetal para asegurar el suministro de líquido a los habitantes de Duitama.
Así lo explicó Ramón Anselmo Vargas, gerente de la empresa de servicios públicos de la ciudad, quien aseguró que la decisión está amparada en estudios técnicos y ambientales que consideran que el pino requiere de grandes cantidades de agua para su supervivencia, sumado al hecho de que el aceite que emanan puede incidir en la ocurrencia de incendios forestales.
Vargas sostuvo que en la autorización emitida por Corpoboyacá para prescindir de los pinos se ordenó compensarlos con la siembra de 800 plántulas por hectárea y que la firma contratista Ecoflora ha establecido 1.350 unidades por hectárea. Según el gerente de Empoduitama a la fecha se han sembrado 20 mil plántulas lo que en su opinión desvirtúa las versiones de un arboricidio.
Críticas al proceso
Grace Malagón, de la Mesa Municipal por el Agua.
Esta intervención al bosque de pino ha generado una controversia entre las autoridades de la ciudad y los integrantes de la Mesa Municipal por el Agua, a tal punto que el asunto fue tratado en una sesión de control político en el Concejo de Duitama y puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación.
Grace Malagón, vocera de la Mesa Municipal por el Agua de Duitama, señaló que el contrato con Ecoflora no busca preservar las fuentes y los nacimientos de agua ubicados en los predios El Tablón y Santa Bárbara de la vereda Santa Lucía, sino favorecer a la contratista con el aprovechamiento de la madera.
Según Malagón, el precio de los bancos de pino, provenientes de los casi 34.250 árboles que prevén talarse, puede tener un valor comercial en el mercado de aproximadamente cuatro mil millones de pesos. En su denuncia advirtió que Empoduitama solo percibirá 524 millones de pesos por ese aprovechamiento forestal.
En la queja de los ambientalistas se asegura además que hay una contradicción de conceptos técnicos sobre los beneficios del pino patula, que no en todos los casos se puede considerar como inconveniente y que en el bosque que está siendo intervenido ya se había establecido una relación natural entre esta especie y otras de aves e insectos.
Además de la tala rasa de los pinos, advirtieron que para la extracción de la madera se utilizó maquinaria pesada impactando con ello el suelo del ecosistema y contraviniendo lo ordenado por Corpoboyacá en el sentido de que para el retiro de las trozas deberían utilizarse equinos o bueyes.
Desde la Mesa Municipal por el Agua cuestionaron asimismo las cifras de resiembra entregadas por Empoduitama y Ecoflora. “No es del 80 por ciento, como ellos dicen. El avance ha sido mínimo y hay muchas plantas que se han muerto y en el sector se observa ganando pastando”, dijo Grace Malagón.
Frente a tales denuncias, Ramón Anselmo Vargas dijo que el proceso contractual está a la vista de quien deseo revisarlo, que en lo económico se buscó el mayor beneficio para la administración y que en muchos casos los señalamientos son infundados, motivados por el apasionamiento de los ambientalistas, aunque admitió que a través de la interventoría se le ha pedido a Ecoflora realizar el trabajo de manera ordenada para lograr un resultado más efectivo.
Agregó que el contrato de tala y cambio de cobertura finaliza en diciembre de 2019 y pidió confiar en el criterio de instituciones como Corpoboyacá que le han dado vida libre al procedimiento.
Los representantes de la Mesa Municipal por el Agua esperan que sus argumentos sean respaldados por los jueces y la Procuraduría General de la Nación y que sus decisiones obliguen a Empoduitama a responder por lo que ellos consideran son determinaciones erradas de la empresa de servicios públicos.
