No es la primera vez que el hacendado Roberto Arango Torres irrumpe para cuestionar las decisiones del gobierno nacional y de las autoridades ambientales en materia de protección de los páramos.
Lo ha hecho en Santander, en Bogotá y en Boyacá, desde el páramo de El Cocuy, en donde desarrolla actividades agropecuarias, forestales y ganaderas. Algunas personas lo vinculan con explotaciones mineras.
Sus posiciones radicales lo han puesto en contradicción con la gestión que en ese territorio desarrolla la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, con Corpoboyacá y con la Gobernación de Boyacá.
Uno de esos episodios se registró el 25 de octubre de 2017, en Duitama, en el marco de la convocatoria hecha por la Oficina de Diálogo Social la Gobernación para la conformación de la Mesa Regional de Páramos y a la cual acudieron líderes comunales, representantes de ONG y delegados de los ministerios de Ambiente y Agricultura, Parques Nacionales, Corpoboyacá, el Instituto Humboldt y la Procuraduría General de la Nación.
En aquella ocasión, Arango y algunos acompañantes que lo secundaron, ingresaron de manera abrupta a los salones en donde sesionaban los participantes en mesas de trabajo para discutir propuestas de gestión integral de los páramos. El hoy promotor del bloqueo en el Puente de Boyacá logró desintegrar dos de las tres mesas instaladas y conminó a los asistentes a congregarse en asamblea en un auditorio próximo.
Desde entonces Arango se ha opuesto a las alternativas de reconversión y sustitución de la ganadería y la agricultura planteadas por las autoridades ambientales, ha dicho que “esas son estrategias para el empobrecimiento de los pobladores de la ladera colombiana” y ha argumentado que el propósito del gobierno es “negociar con los ricos del mundo el potencial de captura del óxido de carbono que ofrecen los páramos”.
En aquel episodio de octubre de 2017, su negativa a las propuestas de preservación del páramo fue controvertida por otros asistentes al encuentro. Desnudaron sus intereses al revelar que sus reclamos estaban relacionados con su actividad ganadera.
Afirmaron que es propietario de cientos de ovejas que pastorean en la vereda El Tabor, de Güicán, al interior del páramo de El Cocuy, que allí mismo tiene una plantación de pinos y que a su favor posee títulos mineros.
En esa oportunidad entreojos.co le preguntó por sus negocios en el sector agropecuario en esa zona de páramo, Arango lo negó y enfatizó que él solo representa a otros que pueden verse perjudicados con los alcances de la Ley de Páramos.
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A Arango se le vincula además con actividades mineras, incluso algunas fuentes aportaron evidencias de un mandamiento de cobro coactivo, emanado por la Agencia Nacional de Minería (ANM), y asociado al título minero número FLE – 154 en el cual se registra su identidad.
En este enlace se pueden consultar los títulos mineros asignados por las autoridades en el páramo El Cocuy, según la información disponible en la plataforma ANA Minería.
Rechazo de ambientalistas
Voceros de colectivos ambientales del departamento han rechazado las propuestas de Arango y de la Federación de Parameros. Así lo hizo el colectivo Resistencia y lucha por el agua de Socha a través del siguiente texto:
«Rechazamos categóricamente las afirmaciones realizadas por el señor Roberto Arango, las cuales no representan ni nuestra visión ni nuestro compromiso con el territorio. Como colectivo, sí estamos dispuestos a cambiar nuestras formas de vida y nuestras prácticas en pro del agua, de la vida digna y del respeto por la naturaleza.
Nuestra lucha no es por intereses personales, sino por un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, construido desde las comunidades, desde el cuidado colectivo y la conciencia ambiental».
No nos representa
La Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco y la Veeduría Ciudadana Ambiental de Tasco expidieron un comunicado conjunto desmarcándose de la posición de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano. En el documento lo exponen de la siguiente manera:
«Conocedores de la problemática por la cual está pasando el departamento de Boyacá, como consecuencia de interés personales de habitantes del páramo del Cocuy, que conllevan a la destrucción del ecosistema de páramo y lo más grave el AGUA. “ASOACCTASCO” y la Veeduría Ciudadana Ambiental de Tasco, damos a conocer nuestra voz de protesta frente a la participación del señor Roberto Arango, quien se presenta como representante de los parameros, pues no es cierto porque él defiende sus intereses como terrateniente del páramo del Cocuy y de la minería ilegal que se desarrolla dentro de los páramos.
La mayoría de organizaciones que trabajamos por la defensa y protección del páramo de Pisba, que en ningún momento le hemos entregado nuestra vocería ni autorización alguna para que nos represente, porque sabemos que los intereses del señor Roberto Arango, no son colectivos sino que van en favor de quienes están destruyendo nuestros paramos, como lo es la minería legal, ilegal e indiscriminada de carbón y, en el caso del Cocuy a quienes cuidan miles de ovejas, pues según ellos cuidan cerca de 40 mil, y él es uno de los más grandes poseedores de estos animales en la zona, además, cultivos extensivos de agricultura y ganado vacuno».
El texto completo del comunicado puede leerse aquí.
Opiniones expertas
A raíz del reciente bloqueo en el puente de Boyacá, protagonizado por el hacendado Roberto Arango, en representación de la Federación de Párameros del Nororiente Colombiano, consultamos la opinión de conocedores de las dinámicas ambientales de los páramos, de la legislación vigente y de las posibilidades que ofrece la Ley para garantizar la permanencia de los campesinos en la alta montaña.
Las personas consultadas desvirtuaron el argumento de Arango de que la Ley de Páramos y otras normas reglamentarias han provocado el desplazamiento de los campesinos que históricamente han habitado las áreas paramunas, aunque coincidieron en la necesidad de que los ministerios de Ambiente y Agricultura, las gobernaciones, las CAR y las alcaldías se articulen para garantizar la efectividad de lo contemplado en las normas vigentes.
Los expertos abordados por entreojos.co para sopesar los planteamientos de Arango y de la Federación que dice representar son el biólogo Felipe Rubio Torgler, consultor independiente, experto en procesos de restauración ecológica. Ha integrado equipos de gestión de ecosistemas en varias CAR, en Parques Nacionales y en el Instituto Humboldt, y ha hecho parte de la Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
También presentaremos los argumentos de Pedro Reyes Zambrano, director y fundador del Centro de Estudios Ambientales para el Desarrollo Regional de la Universidad Santo Tomás de Tunja, de la Fundación Ecosistemas Andinos (Ecoan) y del Observatorio Socio – Ambiental del Agua.
Otro de los entrevistados para este reportaje es Mauricio Ramírez Mesa, geólogo de profesión y consultor en temas ambientales y de ordenamiento territorial.
Indagamos asimismo al Instituto Humboldt y a la actual administración del Ministerio de Ambiente para conocer sus opiniones sobre las exigencias de Roberto Arango, sin embargo, no obtuvimos respuesta.
A los entrevistados les transmitimos las siguientes posturas del representante de la Federación de Párameros del Nororiente Colombiano:
– Que los campesinos de los páramos están afectados por la Resolución 1405 de 28 de julio de 2018 a través de la cual se delimitó el Páramo Sierra Nevada del Cocuy.
– Que la autoridad ambiental debe derogar el artículo 206 del Código de Recursos Naturales a través del cual se define el concepto de área de reserva forestal.
– Que se derogue la Resolución que adoptó en 2014 la zonificación de la reserva forestal de Ley 2ª de El Cocuy y que cobija a 715.800 hectáreas de ese páramo.
– Que se derogue la Ley 1930 de 2018 o Ley de Páramos.
Las primeras reflexiones al respecto son de Felipe Rubio. Frente al primer planteamiento de Arango, el experto expuso lo siguiente:
Las delimitaciones, en esencia condicionan y limitan el desarrollo de múltiples actividades que afectan los ecosistemas a proteger, e impulsan a un nuevo orden de uso, ocupación y de relación con los páramos.
Las normas complementarias, generadas con la orientación de varias sentencias de las altas Cortes, además de varios insumos técnico – científicos, han permitido que se prohíban las actividades mineras en los páramos, y se tengan en cuenta transiciones para reducir gradualmente los impactos de las actividades agropecuarias, así como el cierre y sustitución de las actividades mineras para la población vulnerable dependiente de las mismas.
Estas realzan la defensa de los derechos de los habitantes de los páramos, teniendo como eje el derecho diferencial orientado a atender a los pobladores de los páramos con mayor vulnerabilidad, dependencia del uso del páramo y arraigo al mismo.
En ese orden de ideas, si bien las delimitaciones se debieron realizar de forma participativa, deben atender a los preceptos de resiliencia que traen las apuestas inter-ministeriales de las transiciones requeridas en cada páramo. Si bien se puede derogar la delimitación, para que se haga de forma participativa, esta debe ceñirse al marco constitucional de mantener los acuerdos por la defensa tanto del páramo como de la vida y bienestar de los habitantes de los páramos.
Sobre el reclamo para derogar el artículo 206 del Código de Recursos Naturales a través del cual se define el concepto de área de reserva forestal, Rubio Torgler hace la siguiente consideración:
Difícil que por el interés de un solo grupo regional especifico, como el del Cocuy, se desista de una premisa de protección de la biodiversidad que cobija muchas zonas de un país entero. Lo que sí se hace (o debe hacerse) es generar acuerdos de manejo en el marco de las premisas normativas definidas en las categorías de manejo y uso de las reservas.
Es decir, existen las posibilidades de precisar en las zonificaciones y planes de manejo los acuerdos para ejecutar las diferentes transiciones y opciones basadas en actividades sostenibles y resilientes a desarrollar por parte de los propietarios de las zonas en reserva forestal. De otro lado, si las reservas forestales son de carácter estricto para la conservación, el Estado debe enfilar acciones para la compra o el incentivar a los propietarios por las acciones de conservación requeridas y sentadas en el propósito legal de su declaratoria.
Frente al llamado a derogar la Resolución que adoptó en 2014 la zonificación de la reserva forestal de Ley 2ª de El Cocuy, el biólogo entrevistado considera adicionalmente pertinente revisar en detalle si la zonificación permite transiciones o no. Si esta zonificación es estricta y no permite las requeridas transiciones para no afectar de forma inmediata a los pobladores, esta se debe ajustar en consonancia con las directrices de manejo para habilitar los diferentes procesos graduales de cambio e incentivos para la protección del ambiente, y la base socio – ecosistémica que constituye el área.
No a la regresividad ambiental
Pedro Reyes Zambrano, del Observatorio Socio – Ambiental del Agua, rechazó toda posibilidad de revertir las normas de conservación expedidas por los gobiernos y avaladas por los tribunales.
Al respecto fijó de la siguiente manera su punto de vista:
Quien conoce su territorio opina con conocimiento sobre su devenir. En este sentido la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente al elaborar su pliego de peticiones debería constituir un escenario de garantía de los Derechos de Participación Campesina por los Páramos de Boyacá, puesto que revocar, suprimir y modificar normas genera afectación más allá de los límites de su organización, teniendo presente que “Mi derecho termina donde empieza el derecho del otro”.
Así, derogar las leyes que pide la Federación de Campesinos Parameros no depende ni del Ministerio de Ambiente ni de Corpoboyacá; las leyes de la República se tramitan en el Congreso. Una vez expedidas pueden ser reglamentadas por decreto; en cambio, las “resoluciones para la delimitación de los páramos”, que han solicitado revocar, son expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta función fue otorgada al ministerio por la Ley 1450 de 2011, la Ley 1753 de 2015, y ratificada por la Ley 1930 de 2018.
Por esto es importante recordarles que con la Ley 1930 de 2018 se permite la actividad agropecuaria en paramos delimitados, pero si se llegase a ser revocada, la Resolución 1405 del 2018, que establece la delimitación en El Cocuy, como pretenden, se violaría el principio de no regresividad ambiental, se incumpliría la orden de tres leyes, se habilitaría la minería y quedaría nuevamente prohibida la actividad agropecuaria, al perder su condición de páramo delimitado, aplicándose entonces la Ley 1450 de 2011.
Aclarado lo anterior, es pertinente recordar que en el departamento de Boyacá contamos con siete complejos de páramos, de los cuales seis están delimitados y Pisba está protegido mediante resolución.
Así, los complejos de páramo constituyen áreas homogéneas, a partir de unidades biogeográficas, figura que establece en el territorio características ambientales específicas entorno al bioma páramo y sus ecosistemas asociados.
Por ello, reinvindicar derechos sobre la alta montaña, con un pliego de peticiones inconsulto exige, como mínimo, comunicar y acordar con las demás comunidades paramunas sobre sus pretensiones, en especial porque el pretendido paro no lo realizarán en la jurisdicción de su complejo paramuno, o en sus provincias, sino en territorio distante, perteneciente a las provincias de Sugamuxi, tundama y centro, ya lastimadas en anteriores paros, afectando las comunidades, que comprenden los seis restantes complejos de páramos.
Es muy grato recordar que el Presidente Petro, haciendo honor a la normatividad vigente, expreso hace un par de días que: “no se debe dar minería en los páramos de Boyacá, porque afecta su biodiversidad y fuentes hídricas”.
Entonces lo que el representante de la Federación, Roberto Arango desea, con la revocatoria de las resoluciones es que queden con libertad de ejercer dominio total sobre el territorio de la provincia de norte y Gutiérrez, llevándose por delante las normas que vienen desde el Código de los Recursos Naturales (Ley 2811 de 1974), código que es una joya jurídica y cuyos principios han sido inamovibles.
Se puede hacer más estricta la norma, ya sea aumentando las sanciones, reduciendo los supuestos de excepción, o ampliando su ámbito de aplicación, pero no volverla laxa.
En referencia a los intereses de quienes están liderando el bloqueo en el Puente de Boyacá, Reyes recomendó darle una mirada al origen de las pretensiones, a su vínculo con la tenencia de ovejas en el páramo y con la titularidad de concesiones para la explotación de carbón.
Consideró que el diálogo del gobierno debe darse con los campesinos habitantes y dependientes del páramo, con aquellos en estado de vulnerabilidad, con quienes tienen arraigo con el territorio, con quienes el Estado debe avanzar en hacer efectivos los mecanismos de transición hacia economías que protejan el agua y aseguren la subsistencia económica en condiciones dignas para los parameros.
Es necesario garantizar sus condiciones de vida, la conservación se debe hacer con equidad, eso es un principio básico. Es un principio de la política de participación social en la conservación.
Es inimaginable pensar que se tuvieran que derogar todas las resoluciones que delimitaron los complejos de páramo, los 37 complejos de páramos de Colombia. Eso se cae de su propio peso. Los únicos que pueden pedir eso son quienes no quieren tener controles sobre su accionar en el territorio. El páramo de El Cocuy no se puede someter a estas presiones.
Pedro Reyes agregó a sus observaciones la siguiente:
Esto quiere decir que al aprobar el punto 5º de las peticiones de la Federación de Parameros se perjudican los campesinos porque pierden el derecho que tienen adquirido de cultivar por la condición de páramo delimitado en El Cocuy.
Se debe hacer planificación productiva
Mauricio Ramírez Mesa, consultor en temas ambientales, se refirió a la importancia de ordenar las actividades productivas en áreas de importancia hídrica. Ramírez expuso su idea de la siguiente manera:
«Lo que buscan las resoluciones de delimitación de páramos y de definición de áreas de protección es que las cosas se hagan de una manera adecuada, no pretenden sacar ni correr a los habitantes del páramo. Los promotores de derogarlas quieren carta abierta para volver nada los páramos. Quienes hemos trabajado en esas áreas nos hemos dado cuenta del mal tratamiento.
El gobierno debe trabajar en temas de educación y orientación. Hay que hacer planificación ambiental y productiva de las fincas para ayudar a los campesinos a ordenar sus actividades para que su subsistencia pueda ser sostenible».
Lo que ha dicho el Ministerio
En el mes de febrero la ex asesora del Ministerio de Ambiente, Sandra Esquerra, se refirió al tema. Dijo que las resoluciones de zonificación de las reservas forestales protectoras se usaron para preservar seis grandes masas de bosques en el país, y otros ecosistemas estratégicos de vital importancia, y fueron precursoras para la creación de los parques nacionales naturales.
En aquella entrevista la funcionaria resaltó que las medidas de delimitación y zonificación emprendidas por el Estado son producto de llamados formulados por las mismas comunidades campesinas preocupadas por el deterioro del ecosistema paramuno, y su vulnerabilidad frente a la incidencia de proyectos mineros y de hidrocarburos.
La ex asesora del Ministerio de Ambiente reiteró en diálogo con entreojos.co que: “no es viable ni pertinente ni conveniente para el país derogar la delimitación de páramos ni las resoluciones de zonificación de las reservas forestales de Ley 2ª”, como lo pide la Federación de Párameros.
