Foto: entreojos.co
Sixto Amaya, campesino de Tasco, le pidió al Ministerio de Ambiente generar alternativas para los campesinos del páramo.

Agua o agricultura: el dilema de quienes conviven con la alta montaña

En medio de un acalorado debate logró conformarse la Mesa Regional de Páramos de Boyacá

¿Cómo conciliar la conservación de los páramos con las actividades productivas que por décadas han permitido la subsistencia de quienes pueblan las áreas protegidas?

Esa fue la pregunta que se formularon muchos de los asistentes al encuentro convocado por la Gobernación de Boyacá para abordar este álgido tema y conformar la Mesa Regional de Páramos, un escenario que contó con la presencia de líderes comunales, representantes de ONG y delegados de los ministerios de Ambiente y Agricultura, Parques Nacionales, Corpoboyacá, el Instituto Humboldt y la Procuraduría General de la Nación.

La metodología propuesta orientó las discusiones sobre tres asuntos centrales: sustitución y reconversión, tierras y pagos por servicios ambientales.

Sobre el primero, Tiberio Aldana, habitante de Socotá y propietario de un predio en el páramo de Pisba, se mostró escéptico de que la implementación de nuevas formas de producción garanticen la calidad de vida de quienes allí residen. En su opinión esa “nueva forma de producción” implica la reducción de las áreas cultivadas y la disminución de sus ganados lo cual está directamente relacionado con el descenso de sus ingresos.

Entre tanto Sixto Amaya, campesino de Tasco y delegado de Boyacá en la Mesa Nacional de Páramos, insistió en la necesidad de que el Ministerio de Ambiente concerté con los campesinos alternativas concretas y viables que les permitan a las comunidades permanecer en los territorios y convertirse en protectores del agua que se almacena en las altas montañas.

Amaya recordó que al cierre del Congreso Mundial de Ecosistemas de Montaña que se cumplió en el mes de julio en Bogotá, se le propuso al gobierno gestionar la creación de un ente regulador que articule la incidencia directa de los habitantes del páramo, y que desde allí se formen las leyes, normas, regulaciones y demás actos administrativos que se ajusten a la realidad de cada zona.

Desde los ministerios se dio respuesta a varias de estas inquietudes. César Rey Ángel, director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, fue enfático en afirmar que el gobierno no pretende desplazar a los campesinos de los páramos y propuso que entre todos se evalúe a conciencia la manera como se está explotando el suelo de las altas montañas.

“El suelo de los páramos está deteriorado, se lo está llevando el viento por la manera como se interviene”, sostuvo el funcionario. Añadió que es urgente adoptar técnicas de labranza mínima y se refirió a los planes de manejo de los páramos como el instrumento para concertar mejores formas de relacionamiento de las comunidades con estos ecosistemas.

Por el Ministerio de Agricultura estuvo presente Pablo Carrizosa quien admitió que el tema de la reconversión productiva en los páramos es un asunto que recientemente empezó a abordarse y que junto con instituciones como el ICA, Corpoica, Colciencias y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria se evalúan alternativas que les permita a los habitantes de las partes altas asegurar su sustento en condiciones apropiadas.

También mencionó el alcance y las posibilidades del programa de pago por servicios ambientales, reglamentado a través del Decreto 870 de 2017. Sobre el particular enumeró 17 fuentes de financiación para asegurar la permanencia de estos recursos en el tiempo y citó como ejemplo los artículos 111 de la Ley 99 de 1993 y 174 de la Ley 1753 de 2015 a través de los cuales los departamentos y municipios deben destinar el uno por ciento de sus ingresos corrientes a la compra de áreas de importancia hídrica y al pago por servicios ambientales.

Carrizosa calculó que las 17 fuentes de financiación pueden arrojar un presupuesto cercano a los 1.5 billones de pesos anuales que son la base que permitirá respaldar la opción de compensar a los campesinos comprometidos con el cuidado del agua.

¿Mito o realidad?

Aunque Pedro Pablo Salas, asesor para el Diálogo Social de la Gobernación de Boyacá, y promotor del evento, tenía previsto que se sesionara en tres mesas de trabajo, Roberto Arango y otros asistentes que dijeron representar a los campesinos de El Cocuy y Güicán de la Sierra se opusieron a esa metodología y lograron desintegrar dos de estas mesas para congregarlos en una especie de asamblea.

Arango y sus acompañantes expresaron que el propósito de la Gobernación, de Corpoboyacá y de los ministerios era engañar a los ‘parameros’ pues afirmó que el Estado colombiano a través de las normas de conservación lo que quiere es despojar a los campesinos y que el gobierno falta a la verdad cuando habla de la reducción de las aguas.

Aludió a un estudio del Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras – Himat (entidad que desapareció hace 24 años y que le dio paso al Ideam) en el que, según dijo, el nivel actual de las aguas es similar al de hace 60 años.

Sobre las alternativas de reconversión y sustitución de la ganadería y la agricultura planteadas por las autoridades ambientales, Roberto Arango aseguró que esas son estrategias para el empobrecimiento de los pobladores de la ladera colombiana y argumentó que el propósito del gobierno es “negociar con los ricos del mundo el potencial de captura del óxido de carbono que ofrecen los páramos”.

Su rotunda oposición a la delimitación de páramos y a las propuestas de preservación de este ecosistema fueron controvertidas por otros asistentes al encuentro quienes señalaron que el enfoque expuesto por Arango está relacionado con su actividad ganadera. Afirmaron que es propietario de cientos de ovejas que pastorean en el páramo de El Cocuy, que allí mismo tiene una plantación de pinos y que en alguna oportunidad estuvo tramitando un título minero en ese ecosistema. Por supuesto, indicaron, las restricciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo perjudican sus intereses.

entreojos.co le preguntó por sus negocios en el sector agropecuario en esa zona de páramo, Arango lo negó y enfatizó que él solo representa a otros que pueden verse perjudicados con los alcances de la Ley de Páramos.

A pesar de su rechazo a la conformación de la Mesa Regional, esta finalmente logró constituirse con 35 representantes de los siete complejos de páramo de Boyacá.

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