Durante una audiencia ambiental realizada en Gachantivá, el integrante de la Asamblea de Boyacá expresó su preocupación por lo que denominó “el incremento de las tensiones ambientales” en el departamento.
Dijo que durante los últimos ocho años en los cuales ha recorrido varias provincias como parte de su ejercicio político, ha percibido el incremento de las tensiones sociales particularmente por el efecto negativo derivado de la explotación de hidrocarburos y minerales, y los pasivos ambientales de tales actividades sobre el suelo, la vegetación y los cuerpos de agua.
Se refirió a los problemas causados por otorgamiento de concesiones mineras y los permisos y licencias de exploración y extracción de hidrocarburos, y a la falta de seguimiento de autoridades como la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las Corporaciones Autónomas Regionales.
“Autoridades ambientales como la ANLA y las corporaciones autónomas toman este tipo de decisiones desde los escritorios, basándose solo en los estudios de impacto ambiental presentados por las mismas empresas pero que nunca se corroboran en el territorio”, aseguró el diputado y agregó “después de aprobadas las licencias o las concesiones no se hace seguimiento, y ellos (las autoridades) confían en los informes de cumplimiento que pasan las empresas”.
Luis Carlos Ochoa fue categórico al advertir que la práctica de tomar decisiones desde el escritorio es la causa de muchas de las tensiones socio – ambientales que se presentan en el departamento. Añadió que como la prioridad del gobierno nacional es el extractivismo, “les toca dejar pasar eso y hacerse los de la vista gorda porque es orden del Presidente de la República”.
“Las comunidades se han dado cuenta que en los lugares donde ha habido minería se generan pasivos ambientales y no quieren que estos sigan propagando”, sostuvo el diputado, quien consideró fundamental activar espacios de diálogo y concertación para abordar esta problemática.
Se refirió a las “mesas de resolución de conflictos socio –ambientales” incluidas en el Plan de Desarrollo de Boyacá en las que aseguró se podrían tratar estos asuntos de manera “democrática, participativa y argumentativa”. Ochoa confío en que la Gobernación pueda implementarlas a partir de enero de 2021.
Regiones como más conflictos
Derrame de petróleo en Campo Moriche (Puerto Boyacá). Foto: Archivo particular.
Derrame de petróleo en Campo Moriche (Puerto Boyacá). Foto: Archivo particular.Luis Carlos Ochoa llamó la atención sobre el hecho de que a Boyacá ya no se le ve solo como una despensa agrícola de Colombia, sino que ahora se le mira como un proveedor de recursos mineros y energéticos.
Mencionó algunas de las regiones en las que se registran las mayores tensiones a causa de los proyectos extractivos, una de ellas es San Luis de Gaceno en donde la explotación de petróleo ha provocado la contaminación de varios cuerpos de agua; se refirió a los derrames de crudo registrados en jurisdicción de Puerto Boyacá, al potencial de hidrocarburos en municipios de Valderrama y Tundama como Tasco, Busbanzá, Corrales y Betéitiva y su efecto sobre la vocación campesina y agropecuaria de la zona. Mencionó además los daños de la minería en Firavitoba, Iza y Gachantivá.
En su inventario de retos ambientales hizo alusión a la delimitación de páramos y a las restricciones para el uso del suelo que las disposiciones nacionales en materia de conservación imponen a cerca de 72 municipios con jurisdicción en ese tipo de áreas estratégicas para la provisión de agua. “La delimitación hay que hacerla de manera participativa, de lo contrario se van a generar conflictos y a profundizar la tensión sobre el ecosistema”.
Otra de las tensiones citadas por el diputado Ochoa es la que sigue latente en la Serranía de las Quinchas, en donde persiste el conflicto por la implementación del Plan de Manejo del parque regional, un instrumento de gestión que de acuerdo con las reiteradas denuncias de la comunidad no fue ampliamente socializado.
“Es necesario analizar qué va a pasar con los campesinos que están dentro del área de influencia de este parque regional y saber que alcance puede tener el Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE)“, planteó el diputado.
Una situación similar se presenta en la cuenca alta y media del rio Chicamocha, que comprende los municipios de Tipacoque, Soatá, Boavita y La Uvita. Corpoboyacá delimitó allí el bosque seco lo que conllevó a la modificación del uso del suelo y a la restricción de algunas actividades económicas realizadas por las comunidades como el turismo, la agricultura y la ganadería.
“Es importante que se escuche la voz de la gente y que todos tengan la posibilidad de argumentar sus posturas”, expresó finalmente Luis Carlos Ochoa en referencia a los proyectos minero – energéticos, y a las políticas de delimitación de páramos del gobierno nacional, y de conservación de las autoridades ambientales. Insistió en que decisiones de esta naturaleza deben ser concertadas ampliamente con las comunidades.
Recursos insuficientes
Frente a los pasivos ambientales y a las deudas de las administraciones para solucionar problemas como el vertimiento de aguas residuales que afectan a ríos y humedales en el departamento, o los conflictos generados por los residuos sólidos o la intervención de áreas de bosque y páramo, entre otros que precisan una solución urgente, el diputado Luis Carlos Ochoa admitió que se trata de un tema complejo para el cual se requiere la sumatoria de voluntades, “y en últimas esto se reduce a temas presupuestales”, aseguró.
Defendió la gestión emprendida por el ex gobernador Carlos Amaya Rodríguez en la que, según dijo, se invirtieron 47 mil millones de pesos de recursos de regalías para financiar el programa Boyacá Bio, y admitió que el actual gobierno deberá hacer un enorme esfuerzo para asegurar el presupuesto necesario con destino al sector ambiental dado que los recursos hoy destinados son insuficientes.
