En la apertura del incidente de desacato, fechada el 2 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Boyacá acogió la orden del Consejo de Estado de iniciar dicho trámite ante el “presunto incumplimiento del fallo” del primero de junio de 2000 que conminó al Inpec, al INAT (hoy Agencia de Desarrollo Rural) y a la Alcaldía de Tunja a realizar las inversiones necesarias para sanear la represa de La Playa, contaminada con el vertimiento de aguas residuales.
En dicho fallo se determinó que Corpoboyacá, como autoridad ambiental, debería realizar labores de “vigilancia, seguimiento y control” y producir informes trimestrales de la situación del embalse, e imponer un plan de manejo ambiental al propietario.
Veinte años después de aquel fallo, el Tribunal Administrativo de Boyacá, en cabeza del magistrado ponente José Fernández Osorio, consideró que las entidades señaladas “no han dado cumplimiento de las decisiones ejecutoriadas…que buscan la protección de los derechos colectivos considerados como violentados” a través de los cuales se pretendía “el equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación y restauración” y la protección del bienestar de la comunidad vecina a la represa.
En el cuerpo del incidente de desacato, el Tribunal Administrativo de Boyacá impartió las siguinetes órdenes:
1. A Corpoboyacá, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y Usochicamocha les pidió presentar a más tardar el 16 de octubre de 2020 un estudio “en el que se defina de manera técnica los procedimientos que se deben realizar para de manera definitiva resolver la contaminación sedimentación y la colmatación de buchón de la Represa la Playa”.
Dicho estudio debe contener las responsabilidades de cada una de las entidades involucradas y una estimación del presupuesto necesario para llevar a cabo cada una de las actividades que se determinen.
2. El Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) les ordenó definir la titularidad de los predios donde están ubicados los centros penitenciarios de Cómbita y El Barne, y a la ADR adelantar el amojonamiento y encerramiento del área de la represa.
3. A los municipios de Tuta, Oicatá, Cómbita y Tunja, en coordinación con Corpoboyacá, les ordenó “evitar que los propietarios y tenedores de predios ribereños a las corrientes hídricas del rio Jordán o Chulo, Chicamocha y demás, que viertan sus aguas hacia el embalse, arrojen desechos a estas y se legalicen los usos de las aguas de dominio público”.
4. Al municipio de Tuta le indicó “ejercer acciones policivas y de educación ambiental, con apoyo del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA, para que los propietarios o tenedores de predios aledaños al Embalse se abstengan de dejar ingresar ganado, se respeten las zonas de ronda, se obligue al cerco de las propiedades, cesen los usos no concesionados de agua y cese el uso de predios que son de la nación destinados a prestar el servicio de embalsamiento en la Playa”.
5. A la ADR, con el apoyo de Usochicamocha, le orndeó “iniciar de forma inmediata la limpieza, descontaminación y erradicación del buchón de agua y mantenimiento del lecho, cauce y riberas de embalse La Playa”, y avanzar en los trámites de contratación de los estudios ambientales para descontaminar la represa.
6. Al municipio de Tunja le pidió celeridad con el compromiso de aumentar el porcentaje de remoción de la carga contaminante de sus aguas servidas.
7. El Tribunal Administrativo de Boyacá también requirió a Corpoboyacá para que disponga lo necesario a fin de lograr la cofinanciación y el aporte de recursos de las obras para la cesación de la contaminación en la represa la Playa.
Desde el Tribunal se informó que el próximo 20 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, se llevará a cabo una diligencia de inspección a la represa para verificar el avance de las órdenes impartidas.
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