A principios septiembre de 2021 el entonces Procurador 2 Judicial II para asuntos Ambientales y Agrarios de la ciudad de Tunja, Álvaro Cardona González, fue trasladado al departamento del Huila.
Cardona compartía sus responsabilidades en Boyacá con la Procuradora 32 Judicial I para Asuntos Ambientales y Agrarios, Alicia López Alfonso. En términos coloquiales se tenían distribuida la jurisdicción regional para responder a las demandas de los ciudadanos y a las actuaciones de oficio iniciadas por esta dependencia del ministerio público.
Ante el traslado del procurador Cardona González sus tareas fueron asumidas parcialmente por la procuradora delegada Olga Lucía Patín Cure, quien despachaba para la época desde la ciudad de Bogotá, y ocasionalmente se desplazaba a la ciudad de Tunja. En su ausencia, Alicia López asumía la representación de la entidad en los casos que atendía Cardona.
En respuesta a un derecho de petición enviado por entreojos.co a la Procuraduría General de la Nación para consultar sobre las razones por las cuales Boyacá solo cuenta con una procuradora ambiental, su secretario general, Carlos Alberto Castellanos Araújo, evitó referirse a la ‘soledad’ de la procuradora López y a la sobrecarga de casos por los cuales debe dar cuenta.
El Secretario General del ente de control informó que desde septiembre de 2022, un año después de la salida de Cardona, y por designación de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, la abogada Alicia López Alfonso asumió también como Procuradora Judicial 2 Ambiental y Agraria de Tunja “sin dejar de lado las funciones y competencias de la Procuraduría 32 Judicial I Ambiental, Minero Energético y Agraria de Tunja, es decir, atiende todos los municipios del departamento de Boyacá”.
Así como se lee, la procuradora Alicia López Alfonso “atiende todos los municipios del departamento de Boyacá”.
Castellanos Araújo complementa su respuesta con los siguientes datos. Desde cuando se reubicó a Cardona, la procuradora López ha ejercido 3.293 actuaciones preventivas y de intervención.
Desde la Procuraduría General de la Nación se enumeraron los temas más relevantes atendidos por la Procuradora 32 Judicial I:
– Participación en el proceso de delimitación del Páramo de Pisba.
– Mejoramiento de calidad de agua para consumo humano.
– Cumplimiento de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).
– Actualización y cumplimiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).
– Convenios bomberiles
– Seguimiento a rellenos sanitarios.
– Seguimiento a actuaciones que se surten por las autoridades ambientales y
mineras de la jurisdicción.
– Intervención en procesos agrarios que se adelantan en los diferentes despachos
de la jurisdicción ordinaria.
– Intervención en actuaciones que surten sus trámites ante la Agencia Nacional de
Tierras (ANT).
– Intervención en acciones constitucionales que surten sus trámites ante la
jurisdicción Contenciosa Administrativa y Ordinaria.
El dato que omiten tanto la Procuradora Margarita Cabello como su secretario general es que el solitario trabajo de la Procuradora 32 Judicial I para Asuntos Ambientales y Agrarios, Alicia López Alfonso, está respaldado solo por dos funcionarios. Entre los tres deben tramitar el seguimiento a los retos ambientales del departamento.
Y aquí surge una pregunta: ¿A quién beneficia el debilitamiento institucional de la delegada del ministerio público para asuntos ambientales en Boyacá?
Retomar el rumbo
El profesor Reinel González Quiroga, docente en Chiquinquirá e integrante del Colectivo Ambiental ‘Por Fúquene todos en acción’, se pronunció sobre la situación de la delegada de la Procuraduría Ambiental en Boyacá:
“Hoy nos duele que la acción de la Procuraduría General de la Nación en materia ambiental se vea limitada con la reducción de funcionarios judiciales en nuestro Departamento de Boyacá y esperamos que el nuevo Procurador General de la Nación, Dr. Gregorio Eljach, retome el rumbo que en materia Ambiental y Agraria tenía este ente de control, por el bien de nuestro Patrimonio Natural, el futuro de la economía regional y la supervivencia de los niños y niñas en nuestras cuencas”.
Miguel García Pacheco, ex candidato a la dirección de Corpoboyacá, abogado con maestría en derecho de los recursos naturales y con experiencia en asuntos legales en aspectos ambientales, también se pronunció al respecto.
“En el caso del departamento de Boyacá el hecho de que solamente haya una Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales representa un reto en cuanto a la capacidad para atender los numerosos procesos sancionatorios ambientales, los problemas de deforestación, la contaminación de los cuerpos de agua, las afectaciones a los ecosistemas de páramos y humedales, los problemas en materia de minería y la corrupción en las Corporaciones Autónomas Regionales presentes en Boyacá”.
