Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), insistió en el planteamiento que desde hace varios meses ha venido haciendo el sector de hidrocarburos: “la transición energética debe pasar por el desafío de garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, y la calidad de vida de las comunidades”.
El directivo argumentó que la industria es consciente de la necesidad de descarbonizar la economía y expuso la voluntad del sector petrolero para aportar hacia una transformación gradual. “No se puede poner en riesgo la calidad de vida que las sociedades, las comunidades y los países han alcanzado, y el desarrollo que tienen previsto a futuro”.
Reiteró en el argumento que ha expuesto en escenarios académicos y empresariales, nacionales e internacionales, respecto al futuro de los ingresos requeridos por el país, y en específico sobre la necesidad de establecer procesos claros sobre cómo se van a ir sustituyendo los ingresos y las regalías que deja la producción de petróleo y gas natural al país.
“La industria de petróleo y gas representa el 40% de las exportaciones del país, el 20% de los ingresos fiscales y el 76% de las regalías”, recordó el dirigente gremial.
El argumento del gobierno en esta materia estuvo a cargo de Clara Guatame, presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La funcionaria se refirió a la oportunidad del país para transitar de una matriz energética primaria hacia una matriz energética diversificada.
Salió el defensa de la tesis expuesta por el presidente Gustavo Petro, y su ministra de minas, Irene Vélez, respecto a la necesidad de modificar el motor de la economía nacional y dijo puntualmente, “nuestro compromiso es consolidar las bases que garanticen la confiabilidad del sistema energético”.
Reconoció el papel de las empresas de hidrocarburos, en esfuerzos conjuntos con el gobierno y las comunidades para promover y/o consolidar acciones de conservación, producción sostenible, reducción de la huella de carbono y mitigación y adaptación a las condiciones impuestas por el cambio climático.
El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, fue contundente al advertir que una transición energética acelerada: podría costarle al país más de $160 billones.
“Es un costo sustancial no para decir que la transición no se debe hacer, pero si no se hace de forma ordenada habría unos costos para el aparato productivo que deberíamos incorporar en estas decisiones. La transición energética hay que hacerla, pero en periodos de largo aliento, pensando en décadas”, apuntó Mejía.
Su planteamiento fue respaldado por Tomás González, director del Centro de Estudios de Energía (CREE) al señalar que si Colombia deja de producir hidrocarburos va a sacrificar las regalías, los ingresos por impuestos. “Si reconocemos eso será más fácil avanzar en la transición a mínimo costo”.
