En los territorios de posconflicto del sur del país surgió una herramienta que puede inspirar procesos similares en regiones como Boyacá y Casanare, donde conviven páramos, sabanas inundables, bosques altoandinos y humedales de enorme valor ecológico.
Se trata de la Zonificación Ambiental Participativa (ZAP), una figura que fortalece el ordenamiento territorial desde las comunidades y que busca armonizar la conservación con alternativas productivas sostenibles.
La Zonificación Ambiental Participativa es un mecanismo para planificar el uso del territorio desde la mirada de sus habitantes. Su propósito es contribuir a la construcción de paz y al bienestar rural mediante acuerdos sobre conservación, manejo sostenible del suelo y desarrollo productivo.
A través de talleres, asambleas y diálogos territoriales, las comunidades reconocen las zonas de mayor importancia ecológica, identifican amenazas y definen categorías de uso —desde áreas de especial interés ambiental hasta espacios para actividades productivas sostenibles—. La clave es que la información se construye de manera colaborativa entre instituciones y pobladores locales, potenciando el conocimiento campesino, indígena y local.
Aunque su alcance es amplio, esta herramienta no modifica límites administrativos, ni otorga derechos sobre la tierra, ni reemplaza las decisiones estatales. Su valor radica en generar insumos técnicos y sociales para que alcaldías, autoridades ambientales y entidades nacionales adopten decisiones informadas y coherentes con la realidad del territorio.
En otras palabras, no cambia el mapa político, pero sí transforma la forma de planear, priorizar inversiones, resolver conflictos socio – ambientales y orientar el desarrollo rural.
Un proceso nacido del territorio
La iniciativa ZAP surgió tras los Acuerdos de Altamira (Huila) durante el Paro Nacional de 2021, cuando comunidades campesinas señalaron la falta de avances en compromisos ambientales del Acuerdo de Paz.
En respuesta, el Ministerio de Ambiente, el Instituto Humboldt y el Fondo Colombia Sostenible lanzaron el proyecto piloto en cuatro municipios del Caquetá: Solano, La Montañita, Cartagena del Chairá y Puerto Rico, con apoyo de Noruega, Suecia y Suiza y administración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Este piloto demostró que la construcción colectiva de información y decisiones ambientales puede acelerar la protección de ecosistemas y mejorar la gobernanza territorial.
¿Por qué importa para Boyacá y Casanare?
Zonas como el páramo de Pisba, la cuenca del río Cusiana, los bosques altoandinos en la Serranía de las Quinchas, el páramo de El Cocuy–Guicán, la laguna de Tota, y las sabanas inundables de Casanare enfrentan presiones por expansión agrícola, minería, ganadería, caminos rurales y turismo sin control.
En estos territorios conviven comunidades campesinas, indígenas y afros con ecosistemas estratégicos que regulan el agua, capturan carbono y sostienen la biodiversidad.
Implementar una estrategia de ZAP en esta región permitiría:
- Reconocer los saberes locales y la relación histórica de las comunidades con el territorio.
- Definir acuerdos territoriales para el manejo del agua, bosques y suelos.
- Identificar y proteger áreas ambientales sensibles, como zonas de recarga hídrica y corredores biológicos.
- Impulsar economías rurales sostenibles: agroforestería, turismo comunitario, producción limpia, restauración ecológica.
- Prevenir conflictos socio – ambientales, por ejemplo entre actividades productivas y conservación del páramo.
- Fortalecer la confianza institucional mediante decisiones concertadas y no impuestas.
Un nuevo pacto por los territorios
A partir de la información aportada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Colombia necesita instrumentos que traduzcan la conservación en bienestar rural. Y la ZAP representa justamente eso: un acuerdo social para definir qué conservar, qué transformar y cómo hacerlo sin afectar la base natural que sostiene la vida y las economías locales.
A medida que el país avanza en la consolidación del posconflicto y en la transición hacia una economía sostenible, este tipo de iniciativas pueden ser la base para una planificación territorial justa, participativa y acorde con la realidad rural.
Para Boyacá y Casanare, donde el equilibrio entre desarrollo y protección ambiental es un desafío diario, la ZAP puede convertirse en una hoja de ruta para preservar la riqueza natural y garantizar que las comunidades sean protagonistas de su futuro.
* Con información del Instituto Humboldt.
___________________________________________________________________________________
Hacemos periodismo confiable
El pasado 3 de junio entreojos.co recibió de CMD Certification la certificación Journalism Trust Initiative (JTI) un esquema de certificación basado en el acuerdo de taller CWA 17493, desarrollado por el Comité Europeo de Normalización (CEN) y promovido por Reporteros Sin Fronteras (RSF).
