2017: ¿El año del campo?

Aunque el gobierno de Boyacá se propuso un ambicioso plan para invertir en el sector, Lázaro Rojas, líder agrario, tiene sus reservas.

Rojas hace parte de la Dignidad Agropecuaria y está a cargo de asesorar a los cultivadores que tienen problemas con las entidades financieras. Lo abordamos un viernes en la Plaza de Mercado del Sur, en Tunja, y decidimos conversar en una cafetería cercana.

Cuándo consultamos su opinión sobre los anuncios del gobernador Carlos Andrés Amaya y su meta de reactivar el sector rural, el dirigente sostuvo que él y los suyos no se hacen muchas ilusiones. Dijo que para que sea el año del campo tanto el Ministerio de Agricultura como la Secretaría de Fomento Agropecuario de Boyacá tendrían que revertir la actual tendencia pues hoy los pequeños cultivadores están produciendo a pérdida.

Y es que cuando una cosecha no se da, bien por las alteraciones del clima o la aparición de una plaga, el dinero invertido se evapora y hay que sacar prestado a los amigos o los parientes comprometiendo los recursos de toda la familia pues el interés y los plazos perentorios de los bancos no dan espera.

Lázaro Rojas estima que en Boyacá la cifra de campesinos reportados por las entidades financieras puede ascender a 10 mil y muchos de ellos han perdido sus propiedades o están en el proceso de remate. Le deben a los bancos, a sus familias y también a una serie de entidades de microcrédito que prestan a tasas superiores al promedio.

A los problemas que experimentan con el capital de trabajo, se suma el bajo precio que les pagan por sus productos, el acoso de los intermediarios que se quedan con sus ganancias y la sobreoferta de alimentos como la papa, particularmente la que de manera legal e ilegal ingresa por la frontera con Ecuador.

En materia de comercialización le preocupan la concesiones de las plazas de mercado pues allí se les da prioridad a los arrendatarios de los locales que en su mayoría son intermediarios. Son muy pocos los productores agrarios que pueden darse el lujo de  pagar un alquiler mensual pues sus cosechas solo están disponibles cada tres meses y tal inversión sería un disparate.

Las dignidades agropecuarias han insistido en la necesidad de que las alcaldías y los concesionarios de las plazas de mercado les asignen un espacio a los cultivadores para venderles directamente a sus clientes, sin embargo, la privatización de la operación de estas centrales de abasto ha impedido que sus peticiones tengan eco. 

El panorama que presenta Rojas no ha cambiado mucho con respecto a la situación que en 2013 motivó el paro agrario y paralizó a Boyacá y a buena parte del país. El precio de los insumos sigue por las nubes para el pequeño agricultor, los seguros de cosecha no responden a sus necesidades pues solo se los venden en épocas en las que no hay riesgo.

– ¿Entonces, no cree que el ‘año del campo’ anunciado por el gobierno de Boyacá pueda contribuir para mejorar el panorama?, vuelvo a preguntarle al final de la entrevista.

Lázaro le da un sorbo a su café y responde:

– La cobertura no es total. Para beneficiarse de los programas es necesario que toda la gente esté asociada en organizaciones. Las convocatorias exigen determinado número de afiliados. No estamos de acuerdo por las condiciones en que se dan esos programas. Al pequeño productor realmente no lo beneficia.

Es mejor juntos que…

Jorge Iván Londoño (2o. de izq. a der.) es el secretario de Fomento Agropecuario de Boyacá. A él le trasladamos los repartos y las prevenciones de quienes como Lázaro Rojas no creen en los anuncios oficiales y prefieren continuar su lucha en medio de la penumbra y la incertidumbre. 

En un tono desenfadado Londoño tomó nota de cada una de las consideraciones formuladas por el líder gremial y explicó que lo que el gobernador Carlos Andrés Amaya ha denominado como el ‘año del campo’ es, en primer lugar, una respuesta integral de todas las dependencias del gobierno regional a las necesidades del sector.   

En ese orden de ideas se planearon inversiones en infraestructura para mejorar las vías terciarias, por las que con dificultad transitan los alimentos del campo a la ciudad, así como el mejoramiento de los acueductos rurales para ofrecer condiciones dignas a las comunidades campesinas.

También se prevé destinar 3.600 millones de pesos para la rehabilitación de distritos de riego, la contratación de estudios y diseños para nuevos distritos y la construcción de reservorios en una alianza con la Agencia de Desarrollo Rural y la Financiera de Desarrollo Rural (Findeter), entidad que hará las veces de operador.

En equipos para siembra, cosecha y poscosecha Jorge Iván Londoño aseguró que el departamento pretende, con 20 mil millones de pesos, provenientes del Sistema General de Regalías, conformar un banco de maquinaria exclusivo para apoyar proyectos productivos y que para eso es preciso que los cultivadores estén asociados. “El tractor deber servirle a un grupo, no a una sola persona, y debe usarse para lo que es, no para transportar a la reina de belleza”, enfatizó.

{source}<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”es”><p lang=”es” dir=”ltr”>Maquinaria agrícola en San Mateo ya es un hecho en el <a href=”https://twitter.com/hashtag/A%C3%B1oDelCampo?src=hash”>#AñoDelCampo</a> y está lista para que nuestra gente trabaje en mejores condiciones. <a href=”https://t.co/P4UivJXY1s”>pic.twitter.com/P4UivJXY1s</a></p>&mdash; Carlos Andrés Amaya (@CarlosAmayaR) <a href=”https://twitter.com/CarlosAmayaR/status/850780302918209536″>8 de abril de 2017</a></blockquote>
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En un recorrido por las provincias de Norte y Gutiérrez, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, hace entrega de maquinaria verde a productores del municipio de San Mateo.

Alianzas productivas es otra apuesta de la Secretaría de Fomento Agropecuario de Boyacá y con un presupuesto de 10 mil millones de pesos, del Ministerio de Agricultura, se financiarán proyectos en 16 municipios relacionados con leche de vaca y leche de cabra, mora, gulupa, cebolla de bulbo, lulo, ganadería y cacao, principalmente. A esto se suma la fase del Conpes Lácteo que concluye este mes de abril con recursos por 2.900 millones de pesos dirigidos a fortalecer 70 asociaciones de productores de 53 municipios. En el segundo semestre del año se espera concretar una nueva etapa del programa.

En este punto Jorge Iván Londoño aprovechó para responder a Lázaro Rojas y a las dignidades agropecuarias  por sus reparos a la propuesta de asociatividad. Reiteró que a través de las asociaciones se pueden ayudar entre ellos, consolidarse como gremio, tener más y mejor capacidad de negociación para la venta de sus productos o para la compra de insumos.

“Asociarse no es una camisa de fuerza, pero tiene muchas ventajas y hemos visto muy buenos resultados con los pequeños ganaderos que se han beneficiado del Conpes Lácteo”,  destacó el secretario de Fomento Agropecuario de Boyacá.   

Créditos y seguros

Otro reproche de los pequeños agricultores y ganaderos es que el Estado no respalda sus acreencias financieras. Que los bancos no tienen piedad con ellos a pesar del verano o de las plagas que acaban con sus plantaciones y que las aseguradoras no protegen sus proyectos ante situaciones calamitosas. 

Londoño tiene una respuesta a este cuestionamiento. Dijo que el gobernador de Boyacá autorizó que desde el Fondo Complementario de Garantías se soporten créditos individuales pues hasta ahora el requisito era estar asociados, sin embargo, si un productor se encontraba en mora el crédito solicitado era rechazado.

Con la nueva determinación, un cultivador o ganadero puede acudir de manera individual al Fondo Complementario de Garantías de la Gobernación de Boyacá para ser sujeto de crédito del Banco Agrario. Para ello el departamento dispone de 150 millones de pesos con los cuales se pueden apalancar acreencias por el orden de los cinco mil millones de pesos.

Y frente a los seguros de cosecha, Londoño reveló que de la mano del Ministerio de Agricultura se inició un plan piloto dirigido a 500 pequeños productores de papa para proteger una hectárea de cultivo o el crédito al que hayan accedido. El Ministerio asumirá el 80 por ciento del valor de la prima anual, la Gobernación el 10 por ciento y el beneficiario el 10 por ciento restante.    

Lázaro y sus compañeros confían en que estos compromisos del gobierno de Carlos Amaya se concreten efectivamente, y aunque como lo dijo al principio de la entrevista, tienen sus reservas  y no se hacen ilusiones, acepta acogerse al adagio popular que reza: “la esperanza es lo último que se pierde”.   

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