Socha, Boyacá – En una jornada marcada por la tensión, los abucheos y la defensa apasionada del territorio, el coliseo municipal de Socha fue escenario este fin de semana de una audiencia pública en la que comunidades campesinas, organizaciones ambientalistas, mineros y autoridades locales y nacionales debatieron el futuro del páramo de Pisba, uno de los ecosistemas estratégicos para el suministro de agua en Boyacá.
El clamor más insistente de la jornada fue el llamado de los habitantes rurales a frenar la expansión minera en las zonas de recarga hídrica del páramo. Exigieron que su voz sea escuchada y sus demandas se vuelvan vinculantes, como parte de un proceso de ordenamiento territorial que proteja el agua y permita un futuro sostenible más allá del carbón.
El planteamiento del sector minero:
«Somos mineros hechos al carbón, pero también vivimos aquí y necesitamos sacar adelante nuestra región», dijo Fredy Rojas Cruz, de la Federación de Productores de Carbón y Coque de Boyacá, mientras defendía las prácticas de tratamiento del agua en la minería. Sin embargo, su intervención fue interpelada por una campesina que, con una botella de agua turbia en mano, lo retó a beber del líquido, presuntamente contaminado por la actividad minera.
¿Quiénes asistieron?
La audiencia, que congregó a campesinos, empresarios, defensores del agua y parlamentarios como Pedro José Suárez Vacca y Eduard Sarmiento, se desarrolló bajo la mirada de representantes de la Defensoría del Pueblo y autoridades ambientales, como Corpoboyacá.
Crítica a Corpoboyacá:
Entre las críticas más duras estuvo la del abogado Francisco Cipaguauta, quien señaló directamente a Corpoboyacá por aprobar licencias mineras en zonas de páramo, a pesar de que la Corte Constitucional ha prohibido la minería en estos ecosistemas.
“No puede ser que se excusen en que el páramo no está delimitado. Sí lo está. Y ya hay fallos que obligan a protegerlo”, sentenció.
El reclamo fue compartido por Pedro Castañeda, de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco, quien recordó que un fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá de 2018 declaró al páramo de Pisba sujeto de derechos. “Ese fallo exige participación campesina en la delimitación. Nada de eso se está cumpliendo. Se siguen entregando títulos en zonas que deberían estar protegidas”, denunció.
¿El carbón o el agua?
Uno de los momentos más directos fue protagonizado por Guillermo Mesa, campesino de Tasco, quien resumió la urgencia de la situación con una frase contundente: “El hierro y el carbón se pueden acabar mañana y la humanidad continuará. Si el agua se acaba, no habrá nada que hacer.”
Más títulos mineros en el páramo
Las tensiones escalaron cuando se discutieron los títulos mineros en trámite. Benedicto Castellanos alertó sobre la proximidad de nuevos proyectos a zonas pobladas como el barrio 20 de Julio y a fuentes de agua que abastecen a más de 300 familias. “No podemos estar divididos. Somos hermanos y necesitamos concertar una minería responsable”, dijo.
El alcalde se justificó:
Frente a las críticas, el alcalde de Socha, Oscar Hurtado Carvajal, defendió el papel que han jugado las regalías mineras en el desarrollo local, como en la construcción del coliseo de ferias, el estadio o las placahuellas. No obstante, reconoció que hace falta actualizar el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), aunque señaló como obstáculo la falta de delimitación oficial del páramo de Pisba.
Páramo sin minería
La ex ministra de Ambiente, Susana Muhamad González, una de las últimas personas en intervenir en la audiencia pública fue categórica: “No se puede hacer minería en páramos. Eso no está en discusión. Está en la ley.” Y recordó al alcalde que, incluso sin una delimitación oficial, su gobierno y el Concejo Municipal pueden avanzar en el ordenamiento ambiental del municipio.
La exministra también planteó la necesidad de una transición económica justa, que reconozca las realidades locales pero que proyecte un futuro sostenible: “No se trata de criminalizar a quienes protestan por el agua. Se trata de planificar una reconversión productiva que sea incluyente, basada en nuestras vocaciones ambientales y culturales”.
En medio de las divisiones, emergió una conclusión compartida: la urgencia de establecer límites claros a la minería y de trazar un futuro que no enfrente a comunidades hermanas, sino que las convoque a construir soluciones. Como dijo Lina Arismendi, del colectivo Resistencia y Lucha por el Agua: “No podemos acabar con lo que nos queda. Las instituciones deben darnos respuestas y soluciones reales.”
La audiencia en Socha evidenció que el conflicto ambiental no es solo por el uso del suelo, sino por el modelo de desarrollo que se quiere construir en una región rica en agua, pero también golpeada por la pobreza y la dependencia de la minería. El tiempo para actuar es ahora, antes de que el agua sea otra pérdida irreparable del páramo.
