La tensión entre la defensa del páramo de El Cocuy y las demandas de sectores ganaderos y agrícolas vuelve a escena.
Este miércoles 26 de noviembre, en el Hotel Boutique City Center de Bogotá, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se reunirá nuevamente con la Federación de Parameros del Nororiente, un gremio que no agrupa a todos los habitantes de los páramos del país, pero que ha logrado sentar al Gobierno en una mesa de concertación.
En juego están dos normas que han ordenado el uso del territorio en la alta montaña de Boyacá y Arauca: la Resolución 1405 de 2018, que delimitó el páramo del Cocuy, y la Resolución 1275 de 2014, que adoptó la zonificación de la reserva forestal de Ley 2ª de El Cocuy. La Federación pide que sean modificadas.
Frente a las dudas de comunidades y organizaciones ambientales sobre un posible debilitamiento de la protección, Natalia Ramírez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, sostuvo que el proceso no implicará desproteger el páramo. En entrevista con entreojos.co explicó en qué consiste la revisión y cuáles son los límites de la negociación.
Una delimitación en manos de los jueces
Ramírez recuerda que, por decisión de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, desde agosto se instalaron mesas de conversación con la Federación de Parameros. De allí salió el compromiso de revisar jurídicamente las dos resoluciones que hoy están sobre la mesa.
Sin embargo, aclaró que en el caso de la Resolución 1405 de 2018, que fijó la línea de páramo del Cocuy, “esa delimitación se encuentra actualmente sometida a mecanismos judiciales, y mientras las altas cortes no se pronuncien el Ministerio no puede hacer una modificación inmediata”.
La funcionaria enfatizó que la delimitación es apenas “el primer paso de un ejercicio de construcción colectiva que se materializa en el plan de manejo del páramo, responsabilidad de Corpoboyacá”.
Ese plan, añadió, debe elaborarse con lineamientos de participación con enfoque diferencial y bajo una lógica de implementación gradual “que puede abarcar dos o tres generaciones”.
Es decir, aunque la Federación presione por cambios, los ajustes a la delimitación no dependen solo de la voluntad política del Gobierno sino de lo que resuelvan los jueces y de lo que se acuerde más adelante en los planes de manejo con las comunidades.
Una nueva versión para la reserva forestal de Ley 2ª
Donde sí hay un texto en discusión es en la Resolución 1275 de 2014, que definió la zonificación de la reserva forestal de Ley 2ª de El Cocuy.
Según Ramírez, en octubre el Ministerio de Ambiente publicó en su página web una primera versión de trabajo de un nuevo acto administrativo para esa reserva. El borrador se abrió a comentarios de la Federación de Parameros y de cualquier ciudadano interesado, y por solicitud de las mismas comunidades se amplió el plazo para hacer observaciones.
“Este es un acto administrativo que este gobierno quiere implementar bajo un esquema garantista”, afirmó. La propuesta no adopta todavía un mapa definitivo, sino que plantea un mapa indicativo y unos lineamientos para que Corpoboyacá, junto con alcaldías y comunidades, definan en territorio:
- Las áreas que deben permanecer protegidas y sin intervención.
- Las zonas donde serían posibles actividades productivas sostenibles, acordes con la vocación del suelo.
- Los espacios donde se deberán adelantar acciones de restauración para preservación, conservación o uso sostenible.
Hasta ahora se han realizado siete espacios de participación en municipios como Cocuy, Guacamayas, Chiscas, Panqueba, El Espino y Güicán, además de una reunión en la Gobernación de Boyacá con alcaldes y autoridades departamentales. Cerca de 483 personas han participado en estos escenarios, según el balance del Ministerio.
Ramírez insistió en que el documento en discusión “no será la versión final del acuerdo, es apenas el primer paso para que, en territorio, se vaya ajustando con las comunidades”.
La reunión de este miércoles contará además con la presencia del Instituto Humboldt y de la Procuraduría General de la Nación, que actúan como acompañantes del proceso.
Reconversión productiva: una promesa aún en construcción
Uno de los puntos que más inquieta a los habitantes del páramo y a los ambientalistas es qué ha pasado con las órdenes de reconversión productiva previstas en la Ley 1930 de 2018, conocida como Ley de Páramos.
La directora de Bosques explicó que la reglamentación de esa ley asignó tareas conjuntas a los ministerios de Ambiente y Agricultura, entre ellas la definición de qué se considera actividad agropecuaria de bajo impacto en páramo.
Esa ruta se desarrolló en la Resolución 1294 de 2021, que estableció lineamientos para actividades agropecuarias ambientalmente sostenibles en estos ecosistemas.
“Estamos finiquitando el documento técnico para expedir el acto administrativo conjunto de cómo se va a implementar esa metodología y así iniciar procesos de puesta en marcha a través de los planes de manejo que las corporaciones deben estar trabajando”, señaló Ramírez.
Según la funcionaria, se adelantan estudios, consultas y espacios de participación para que la intervención en los páramos sea integral y no se limite a El Cocuy: “Estos son ejercicios en paralelo y concurrentes para todos los páramos del país”.
En la práctica, la reconversión será gradual, con enfoque diferencial y transicional, y deberá armonizarse entre los dos ministerios, Corpoboyacá, las gobernaciones y las alcaldías.
El Ministerio de Agricultura, agregó, ha revisado y actualizado su resolución de frontera agropecuaria para asegurar que, aun en áreas donde se superponen la Ley 2ª y las áreas de páramo, sea posible brindar asistencia técnica a las comunidades bajo criterios de sostenibilidad.
¿Quién representa al páramo?
Detrás del debate jurídico late una pregunta política: ¿quién representa realmente a las comunidades de la alta montaña? La Federación de Parameros del Nororiente ha ganado protagonismo al instalar una mesa directa con el Gobierno, pero organizaciones campesinas y ambientalistas han cuestionado su legitimidad y temen que sus demandas terminen flexibilizando las normas que protegen el páramo.
Ante ese señalamiento, Ramírez sostiene que el Gobierno no se está limitando a dialogar con un solo actor. Recordó que, además de las reuniones con la Federación, se han hecho encuentros en los municipios del área de influencia y que la Procuraduría y el Instituto Humboldt estarán presentes en la mesa de este 26 de noviembre.
“El propósito es doble —resume—: proteger y garantizar a las comunidades su seguridad alimentaria y proteger los ecosistemas. No vamos a construir un acto administrativo hasta tanto no lleguemos a acuerdos respetuosos y constructivos”.
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