La organización lo planteó de la siguiente manera: “O el país traduce sus compromisos en acciones verificables, o la brecha entre el discurso y la realidad seguirá creciendo”.
En un ciclo político decisivo —con cambios de gobierno y Congreso en el horizonte—, la organización plantea cinco determinaciones urgentes que, de tomarse o aplazarse, definirán la salud, el agua, los territorios y la estabilidad del país.
Colombia se aproxima a 2026 con una paradoja difícil de ocultar: en el papel, el país acumula marcos legales, promesas climáticas y discursos de protección; en el territorio, la crisis ambiental ya se expresa en el aire que enferma, el agua que escasea y comunidades que sienten —y sufren— los impactos climáticos y ecológicos.
Esa es la lectura de Greenpeace Colombia, que en un reciente análisis sostiene que 2026 “no será un año cualquiera”, sino un momento en el que el país decidirá si enfrenta la crisis con acciones reales o si permite que la distancia entre los compromisos y la realidad siga aumentando.
“La crisis ambiental ya no es una advertencia futura: es una realidad que se vive en los territorios, en el aire que respiramos y nos enferma, en el agua que escasea y en las comunidades que están siendo desplazadas por los impactos climáticos”, afirmó Laura Caicedo, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia.
Y agregó que en 2026 tanto el gobierno actual y quien asuma la presidencia tendrán que decidir si enfrentan esta realidad con acciones concretas o si continúan aplazando decisiones que ya tienen consecuencias imposibles de ignorar.
Para la ONG, lo que está en juego no es un debate abstracto: son condiciones materiales de vida. La salud pública, el acceso al agua, la protección de ecosistemas estratégicos, la seguridad alimentaria y la estabilidad territorial se conectan con decisiones que —según Greenpeace— deben tomarse con coherencia y continuidad, más allá del gobierno de turno.
A continuación, las cinco decisiones que la organización identifica como determinantes para el futuro ambiental de Colombia en 2026.
Las cinco decisiones clave
1. Proteger la vida en los océanos: del discurso al liderazgo real
Con la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, el mundo comienza a proteger por primera vez casi el 60 % del océano. Greenpeace recuerda que Colombia es un país bioceánico y que cerca del 44 % de su territorio es marino, por lo que la decisión inmediata —dice— es clara: ratificar el tratado y asumir un rol activo en su implementación.
No hacerlo, advierte, tendría un costo político y ecológico: sería renunciar a la defensa del océano frente a la pesca industrial y la minería submarina, además de perder liderazgo en un momento clave para la gobernanza marina global. En términos prácticos, la discusión no solo pasa por diplomacia ambiental: también define cómo se ordena el uso del mar, qué se protege, qué se vigila y cómo se sanciona.
2. Frenar la deforestación: una condición para los derechos humanos y la estabilidad
Greenpeace ubica la deforestación como una línea roja para 2026. Señala que la pérdida de bosques continúa, especialmente en la Amazonía, impulsada por la ganadería extensiva, la minería, los hidrocarburos y economías ilegales.
La decisión, en este punto, no es retórica: demostrar que la meta de deforestación cero es política pública real y no solo promesa. La organización plantea el vínculo directo entre bosques y derechos: sin bosques —resume— no hay agua, no hay clima estable y se erosiona la dignidad y los derechos humanos en los territorios. Traducido a acciones, el reto implica control efectivo, trazabilidad, justicia ambiental y alternativas económicas que no conviertan la selva en un botín.
3. Biodiversidad sin financiamiento es solo una promesa
Tras la COP16, Greenpeace advierte que el país y el mundo entran en una fase crítica: la de implementar lo pactado en el Marco Global de Biodiversidad. Y pone el foco en un punto que suele quedarse en segundo plano: sin plata no hay conservación, solo enunciados.
De cara a la COP17 —que, según el análisis citado, se realizará en Armenia en 2026—, la organización destaca la discusión sobre financiación, en particular el Fondo de Cali, creado para canalizar recursos hacia la protección de la biodiversidad y que, advierten, “sigue prácticamente vacío”.
La decisión es política: definir recursos públicos, reglas claras y mecanismos verificables para que la biodiversidad no quede reducida a un discurso internacional. En Colombia, uno de los países más biodiversos del planeta, el dilema es tangible: conservar sin presupuestos estables y sin instrumentos eficaces abre la puerta a que la naturaleza siga siendo “negociable” en la práctica.
4. Reducir la contaminación: menos plásticos, más prevención
Greenpeace insiste en que la contaminación por plásticos crece mientras las soluciones estructurales se aplazan. Para 2026, la decisión clave es reducir la producción, no solo mejorar la gestión de residuos.
En el plano internacional, plantea que Colombia debe impulsar un Tratado Global de Plásticos coherente, que abarque todo el ciclo de vida del material y no se limite al final de la cadena (recolección y reciclaje). Y, en el frente nacional, enfatiza en la implementación efectiva de la Ley 2232, que busca eliminar gradualmente los plásticos de un solo uso hacia 2030.
El mensaje de fondo es crítico con una idea extendida: apostar únicamente por reciclaje no basta cuando la producción sigue en aumento y la evidencia científica sobre impactos ambientales y en salud se acumula. El punto no es “qué hacemos con el plástico” sino “cuánto plástico dejamos de producir”.
5. Transición energética justa: sin nuevas desigualdades
La transición energética aparece como otro campo de disputa. Greenpeace señala que la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles —prevista en Santa Marta— pondrá a Colombia en el centro del debate global.
Pero advierte un riesgo: que la transición se mida solo por emisiones y no por justicia. Para la ONG, el reto no es únicamente reducir gases de efecto invernadero, sino hacerlo sin reproducir desigualdades ni abrir nuevos conflictos socioambientales, garantizando financiamiento real y protección a comunidades y biodiversidad.
Además, subraya la dimensión geopolítica: Colombia co-presidirá junto al gobierno de los Países Bajos, lo que —según Greenpeace— debería convertirse en una oportunidad para impulsar acciones alineadas con mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C, un objetivo que exige voluntad de los países históricamente más contaminantes.
