El tercer viernes de abril fue instituido en Colombia como el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza, a partir del Decreto 500 de 2024.
La medida busca promover la protección de los recursos naturales y fomentar una cultura ambiental más consciente.
Para 2026, la fecha corresponde al viernes 17 de abril. Mientras algunas entidades contemplan la posibilidad de suspender actividades, surge una pregunta de fondo: ¿puede un territorio con presiones ambientales crecientes darse el lujo de convertir esta jornada en un simple descanso institucional?
Boyacá es un territorio de alta montaña, donde se ubican algunos de los ecosistemas más estratégicos del país. El Páramo de Pisba, el Páramo de Ocetá o la Sierra Nevada del Cocuy no solo son paisajes emblemáticos, de sus laderas desciende el de agua de la cual dependemos.
Estos sistemas regulan el ciclo hídrico, abastecen acueductos urbanos y rurales y sostienen actividades productivas. Pero también están sometidos a presiones como la expansión agropecuaria, el turismo no regulado, la minería, la legal y la ilegal, y, de manera cada vez más evidente, los efectos del cambio climático.
La reciente desaparición del glaciar Cerros de la Plaza, en la Sierra Nevada del Cocuy, en jurisdicción del departamento de Arauca, es un indicador crítico de ese deterioro.
La contradicción del día libre
En este contexto, la posibilidad de asumir el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza como un día no hábil resulta problemática. El decreto no obliga a suspender actividades; por el contrario, plantea una invitación a actuar.
En un departamento donde múltiples municipios dependen de fuentes hídricas vulnerables, la jornada podría convertirse en un ejercicio colectivo de gestión ambiental. Sin embargo, el riesgo es que termine diluyéndose en una jornada de descanso bajo el rótulo de una suspensión de actividades administrativas.
¿Qué mensaje se envía cuando una fecha destinada a la protección ambiental se traduce en inactividad?
Lo que Boyacá podría hacer
El ‘Día Cívico de la Paz con la Naturaleza’ podría ser una plataforma de acción territorial.
Algunas posibilidades concretas incluyen:
- Jornadas de reflexión sobre hábitos de ciudadanía sostenible
- Efectividad de las políticas públicas de cero papel o de cero plástico que algunas instituciones pregonan pero no aplican.
- Restauración ecológica en microcuencas abastecedoras, especialmente en zonas rurales donde el acceso al agua depende de nacimientos y quebradas locales.
- Monitoreo comunitario del recurso hídrico, involucrando juntas de acueducto veredal.
- Educación ambiental en instituciones educativas, con énfasis en la relación entre páramos y seguridad hídrica.
- Control social frente a actividades que afectan ecosistemas, como quemas, ampliación de frontera agrícola o intervenciones en zonas protegidas.
- Impulso a mercados campesinos sostenibles, que reduzcan intermediación y promuevan prácticas agroecológicas.
Este tipo de acciones no requieren grandes inversiones, pero sí articulación institucional y voluntad política.
En Boyacá, la ciudadanía sostenible tiene un componente territorial muy claro. No se trata solo de reciclar o ahorrar agua en casa, aunque eso sigue siendo importante, sino de comprender de dónde viene el agua y qué la amenaza.
Implica reconocer, por ejemplo, que el consumo urbano está directamente conectado con decisiones que se toman en zonas rurales. O que la conservación de un páramo no es un asunto lejano, sino una condición para la vida cotidiana.
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