Aunque el Acuerdo 002 fue aprobado el 31 de enero de 2019, y cobija 12.655,24 hectáreas de los municipios de Soatá, Boavita y Tipacoque, Carlos Vargas, habitante de la zona asegura que las implicaciones y las restricciones que impone la determinación de la autoridad ambiental no fueron socializadas con la comunidad.
Luis Carlos Díaz, periodista de Soatá, dijo que solo se tiene información de dos reuniones en las cuales se hizo referencia a las bondades de un distrito de manejo integrado, “hablaron de que era una alternativa bonita que ayudaría al ecoturismo”, sostuvo Díaz, sin embargo, agregó, “no explicaron que el Acuerdo 002 contiene restricciones”.
En efecto, en el capítulo II del Acuerdo, relativo a la zonificación y reglamentación del uso del suelo, se establece un régimen de usos para las cuatro zonas definidas: zona de preservación, zona de restauración, zona de uso sostenible y zona de uso público. Cada una incluye un listado de usos vedados.
En las zonas de preservación y restauración, por ejemplo, no se permitirán actividades como minería, explotación de hidrocarburos, estructuras duras, vivienda campesina nucleada, nuevas vías, nuevas actividades agropecuarias, proyectos industriales, agroindustriales y ampliación de la frontera agrícola. En la zona de uso sostenible se adiciona la prohibición para edificar viviendas campestres nuevas.
Este tipo de limitaciones motivaron la reacción de un grupo de personas que en redes sociales publicaron lo que denominaron una “proclama” en contra del Acuerdo 002 del Consejo Directivo de Corpoboyacá. Esta incluye la convocatoria a una concentración el día 18 de noviembre en Soatá.
Carlos Vargas, residente en la zona de Puente Pinzón, recogió la preocupación de los campesinos en un documento que tituló ‘El turismo ecológico y la restricción a las libertades individuales en la zona del río Chicamocha’.
“Tenemos necesidades y el Estado nos otorga una declaración que limita en extremo las libertades de nosotros los habitantes de esta región”, aseguró Vargas en este texto desde el cual hace un análisis del alcance de la declaratoria y delimitación del Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Secos del Chicamocha.
Allí también se advirtió que el Consejo Directivo de la entidad no fue explícito al momento de determinar las alternativas. “No son claros los beneficios netos que se derivan de esta declaración para la zona y sus habitantes”.
Aunque en el Acuerdo 002 se plantea que el turismo, la agricultura y la ganadería son compatibles en algunas áreas del DRMI, la comunidad afirma que en la actualidad estas son labores incipientes, poco rentables, y lo serán menos a partir de los impedimentos impuestos por la declaratoria.
Corpoboyacá responde
A través de una comunicación oficial, la autoridad ambiental defendió la figura del Distrito de Manejo Integrado. Afirmó que desde 2012 se identificaron “los bosques secos del Chicamocha como un ecosistema estratégico en alto nivel de fragilidad. Su importancia ambiental llevó a la entidad a determinar que este debería ser declarado como un área protegida de orden regional”.
En la respuesta dada por la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información de Corpoboyacá, se indicó además que a través del contrato de Consultoría CCC 200-2017 “se realizó levantamiento de información primaria para describir las características biofísicas y socioeconómicas, y conocer el desarrollo ambiental y productivo” de la zona.
Corpoboyacá insiste en que un DRMI es una figura de conservación de uso mixto que propicia la conservación a partir de la ordenación ambiental y la producción sostenible, y que en las reuniones de socialización se “dejó claro que las actividades agropecuarias tradicionales, incluida la cría de caprinos, no sería vulnerada y que las comunidades podían continuar con su desarrollo”.
Al final del pronunciamiento, la Corporación reitera que la declaratoria no afecta la propiedad privada. “Su condición de Distrito de Manejo Integrado permite la gestión de recursos para mejorar la calidad de vida de las comunidades vinculadas al área protegida y que tales inversiones se enfocarán en el fortalecimiento agropecuario y sus cadenas productivas, negocios verdes, ecoturismo comunitario, restauración de las áreas de importancia ambiental y entrega de incentivos a la conservación a través del programa de Pago por Servicios Ambientales”.
