Alfonso Quiñonez, hace parte de la Cooperativa Multiactiva La Esperanza, una organización que reúne a campesinos de varios municipios del Occidente de Boyacá. Desde Otanche relató que a partir de la declaratoria de la Serranía de las Quinchas como Parque Regional Natural los problemas sociales, económicos y judiciales de su comunidad se han incrementado.
Con la expedición del Acuerdo 028 de 2008, mediante el cual Corpoboyacá declaró y alinderó esta franja de bosque húmedo tropical del Magdalena Medio, la vida de quienes cohabitan con esa área protegida cambió de manera considerable. La nueva condición de Parque Regional Natural impuso restricciones a las comunidades de la zona para el uso y aprovechamiento de sus recursos.
Por décadas los campesinos habían subsistido de la madera que provee el bosque. De la tala y venta de los tablones de un árbol nativo una familia podía sostenerse de dos a tres meses con lo necesario, sin embargo, la declaratoria de Parque Regional alteró su fuente de ingresos.
En el Acuerdo de creación del área protegida y en el plan de manejo vigente se determina la reglamentación de usos y de actividades permitidas, y se prohíbe expresamente, tanto en la zona de restauración como en la zona de uso público, entre otras, la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, la minería, la exploración y explotación de hidrocarburos, la tala, la caza y el establecimiento de plantaciones forestales con especies exóticas.
Dentro de las posibilidades que brinda el Plan de Manejo para las comunidades que conviven con las Quinchas están el ecoturismo, el aprovechamiento de los productos secundarios del bosque, el pago por servicios ambientales, un esquema de monitoreo participativo que vincule a los pobladores de la zona en tareas de vigilancia y conservación, proyectos de mercados verdes, la implementación de modelos de producción sostenible en el área amortiguadora del Parque y un programa de fortalecimiento organizacional como estrategia para la construcción de gobernanza entorno al área natural.
De todo lo planteado, muy poco se ha ejecutado efectivamente. Ese es el principal reclamo de quienes habitan el territorio.
Un proyecto frustrado
Alfonso Quiñonez señaló que, conscientes de la importancia de conservar el bosque nativo, y de contribuir a la reducción de la deforestación, entre 2006 y 2007 avanzaron en la siembra de 50 mil árboles en desarrollo de un proyecto de plantaciones forestales respaldado por el entonces gobernador Jorge Eduardo Londoño. Se sembraron especies como acacia mágnum, teca, caracolí y otras de la región con el fin de aprovecharlas de manera planificada, asegurar el ingreso de las familias y controlar la deforestación. Las plantaciones se establecieron en las veredas Curubita, El Carmen y Nazarteh, en Otanche; y en cuatro fincas de la vecina localidad de San Pablo de Borbur.
A pesar del esfuerzo y de la inversión, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) no les permitió registrar estas plantaciones forestales como proyecto productivo y hoy no pueden servirse de ellas. Se han reunido con funcionarios, han enviado cartas y derechos de petición y hasta la fecha no han recibido respuesta.
“Les pedimos a las autoridades que nos permitan aprovecharlas, que nos dejen tramitar los permisos, que nosotros hacemos las medidas de compensación y con cariño sembramos los árboles. Si no nos dejan aprovecharlas nos tocará volvernos ganaderos porque no tenemos otra opción”, aseguró Alfonso Quiñonez.
Dijo además que como deben valerse de la madera para llevar el sustento a sus casas, la autoridad los señala de ilegales y les exige que deben adelantar un trámite de aprovechamiento, y según describió, este puede demorar de dos a tres años.
“La gente se cansa de golpear y nada. Que no le hagan perder tiempo y dinero a la gente. Un trámite de estos implica elaborar un plan de manejo, pagarle a un ingeniero para que lo diseñe y si no lo autorizan esa plata se pierde”, aseguró y agregó “nuestros problemas no se solucionan con unos binoculares y unas cartillas para aprender a observar aves como lo plantea al director de Corpoboyacá”.
No es solo reforestar
Foto: senado.gov.co
Jorge Eduardo Londoño, senador por el partido Verde y ex gobernador de Boyacá, dijo que adquirir predios y reforestar no son las únicas acciones del Plan de Manejo, “es insuficiente lo que han hecho las autoridades, eso es importante pero no es vital”.
Londoño insistió en que el plan de manejo requiere de la participación de los ciudadanos a fin de poder expresarse sobre lo que debe hacerse. Indicó que la actual situación de incertidumbre frente a la relación entre la comunidad y el Parque ha llevado a algunas personas a recurrir a los cultivos ilícitos y la única respuesta del Estado ha sido la represión sin alternativas.
El senador boyacense fue categórico al señalar que el papel del Ministerio de Ambiente y de Corpoboyacá ha sido mínimo, en su opinión se ha privilegiado la presencia de las fuerzas militares. “La Serranía es un tesoro de la humanidad, pero parece que las autoridades no entienden eso”.
Londoño recomendó tener claro cómo se va a gestionar el territorio, “no es solo el espacio geográfico, está formado por personas que lo habitan, que tienen su propia idiosincrasia. Le pedimos al ministro que nos ayude a implementar el plan de manejo ambiental con la premisa de que sea con la participación de los ciudadanos”.
Dos planes de manejo
Estefany Grajales, de la Fundación Comunidades Unidas de Colombia (Counco) advirtió que desde la creación del Parque Regional han existido dos planes de manejo, el primero surge luego de la expedición del Acuerdo 028 de 2008 que le dio vida jurídica a esta área protegida.
Ese plan lo formuló el Grupo de Estudios Ecológicos Oikos pero nunca fue ejecutado por reparos asociados a su falta de socialización y a presiones de diferentes sectores entre ellos el maderero, sostuvo Grajales.
Se refirió a los recursos aportados por la petrolera Mansarovar Energy correspondientes al 1 por ciento de compensación para financiar la adecuación de los Centros de Capacitación y Producción Agropecuaria Sostenible (Cecpas) que no alcanzaron su propósito. También cuestionó que la comunidad no fue tenida en cuenta para el diseño de dicho plan de manejo.
La integrante de la Fundación Counco citó el Acuerdo 0029 de 2016 mediante el cual se adoptó un nuevo plan de manejo. Estefany Grajales advirtió que en dicho documento se dejó por fuera del área de protección el corazón de la Serranía. Agregó que en su interior, en jurisdicción de Otanche, existen títulos mineros; y hacia el costado de Puerto Boyacá están identificados varios bloques petroleros.
Según Grajales, el Acuerdo 029 abre una grieta para la explotación de esos recursos, mientras que Corpoboyacá y la Gobernación llegaron a los campesinos con programas de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos que no se consolidaron.
“Las declaratorias lo que hicieron fue limitar el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales a los campesinos, ellos no pueden hacer ningún tipo de actividad productiva ni agrícola”, sostuvo la representante de Counco.
En relación con los programas de aprovechamiento forestal, respaldó el reclamo de Alfonso Quiñonez y se sumó a la petición de que el ICA los certifique. Describió que en una ocasión probó la rigurosidad institucional y tramitó un permiso de tala de bosque nativo ante Corpoboyacá. Solo tuvo que cancelar 33 mil pesos para acceder a esa licencia que le fue otorgada fácilmente.
Grajales le pidió al director de Corpoboyacá, Herman Amaya Téllez, poner en marcha una de las tareas del plan de manejo, en específico el ‘programa de fortalecimiento organizacional como estrategia para la construcción de gobernanza entorno al Parque Natural Regional Serranía de Las Quinchas’.
Reclamó a la entidad reconocer a los líderes de las juntas de acción comunal y a las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al cuidado de ese ecosistema, “es necesario que Corpoboyacá instale capacidades de gestión y administración del Parque entre las comunidades allí asentadas. No se puede seguir centralizando la toma de decisiones y continuar con el desconociendo histórico que se ha hecho de quienes allí viven”.
Los retos de Corpoboyacá
Herman Amaya Téllez anunció el inicio de la ejecución del plan de acción de la entidad a partir del primero junio. Uno de los proyectos allí incluidos es la actualización del Plan de Ordenamiento Forestal (POF) que, según indicó, permitirá resolver la inquietud de los campesinos en torno a los proyectos de aprovechamiento.
En entrevista con el portal Mongabay Latam, el funcionario aseguró que el plan de manejo de las Quinchas debe ser objeto de ajuste “porque está mal presupuestado, no existe posibilidad de que se garantice el funcionamiento de un área de más de 40 000 hectáreas con 6.400 millones de pesos”.
Allí reconoció que la implementación del plan ha sido discontinua y en su opinión “esto fracciona la confianza de las comunidades” y a ello se suma la soledad de la Corporación para avanzar en la ejecución de los proyectos. En Mongabay Latam indicó que este es un reto institucional por la complejidad del área, la lejanía y los conflictos actuales.
Sobre la vinculación de la comunidad a los programas de conservación, Amaya consideró necesario generar una renta fija para las personas en áreas protegidas y en la entrevista a este medio internacional afirmó que “planteará un esquema de pago por servicios ambientales en que los campesinos puedan ser contratados como guardabosques y que, además, se analizarán proyectos productivos sostenibles que permitan el uso de recursos maderables y no maderables”.
