Julián Mesa, abogado del punto de atención regional Nobsa de la Agencia Nacional de Minería (ANM) reveló que la empresa Arcillas y Minerales ORCA S.A.S no cuenta con el programa de trabajos y obras requerido para operar, y que la concesión que le fue otorgada tampoco dispone de licencia ambiental.
Por estas razones, la autoridad minera decidió imponer medida de suspensión inmediata de labores de preparación, avance y explotación de minerales hasta tanto no se presente el programa en referencia.
Esta información fue revelada durante la audiencia convocada por la Alcaldía de Gachantivá y realizada el vienes 25 de septiembre. A ella asistió la comunidad residente en la vereda Saavedra de Morales, sector El Cometa, para exigir la suspensión de la actividad minera que Arcillas ORCA realiza en la zona, y que según las denuncias está provocando contaminación del río La Cebada y de la quebrada Jupal.
Allí se aclaró que Arcillas y Minerales ORCA tiene licencia ambiental desde 2007 con cargo a la Licencia de Explotación No. 009-15, otorgada por la Secretaría Agropecuaria y Minera de Boyacá, cuando esta dependencia tuvo competencia para ello; pero ante las nuevas disposiciones legales, las responsabilidades asumidas por la ANM y el contrato de concesión vigente desde 2018, la minera está incumpliendo con los requisitos para operar: no ha presentado el programa de trabajos y obras, a pesar de ello Corpoboyacá le ha permitido continuar con su actividad.
Julian Mesa, delegado de la ANM.
Martha Nieto, habitante de la zona, sostuvo que desde el otorgamiento de los permisos para explotar arcilla y otros minerales en esta región de Ricaurte, se ha advertido la disminución y el deterioro de las fuentes de agua de la cual dependen los habitantes de Gachantivá, Sutamarchán y Villa de Leyva, especialmente.
Recordó la calamidad pública declarada en 2015 por escases de líquido e insistió en que la contaminación de los cuerpos de agua a causa de los vertimientos de desechos mineros representa una amenaza para el entorno.
“En términos ambientales somos una zona de recarga hídrica para la región. Desde el Movimiento Cívico por el Agua y la Vida nos hemos articulado con los municipios vecinos para cuidar la tradición cultural y el patrimonio natural”, dijo Martha Nieto quien además le pidió explicaciones a Corpoboyacá sobre la manera como está vigilando el actuar de las empresas mineras, también la requirió para que les informe sobre cuál es el área de protección del río La Cebada y la quebrada Jupal.
Su reclamo fue respaldado por el alcalde de Sutamarchán, Francisco Javier Villamil. El mandatario dijo que desde 2008 se denunció que Arcillas y Minerales ORCA, y otras tres empresas, no tenía control sobre sus vertimientos y estos llegaban a los cuerpos de agua en forma de una mancha lechosa y verdosa.
“Esperábamos que la Corporación actuara y realizara una evaluación ambiental para poder entregar las licencias que han otorgado”, sostuvo el alcalde quien abogó por la defensa del recurso hídrico y se mostró contrario a las explotaciones que impactan los recursos naturales.
Demora injustificada de Corpoboyacá
Diego Trujillo Marín, procurador nacional delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios.
En una comunicación enviada al director de Corpoboyacá, Herman Amaya Téllez, el procurador nacional delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Diego Trujillo Marín consideró que “existe demora injustificada por la autoridad ambiental para resolver proceso sancionatorio”.
Trujillo se refiere al hecho de que “Corpoboyacá constató que el señor Oswaldo Rodríguez Camacho (titular jurídico de la licencia ambiental) y/o la empresa Arcillas y Minerales Orca SAS, estaba realizado vertimientos sin el permiso previo correspondiente” y que en 2015 inició un proceso sancionatorio ambiental y formuló cargos por varios hechos:
– Verter al río La Cebada sin contar con permiso legal para ello.
– Violar normas sobre control de vertimientos.
– Materializar factores que contaminan el ambiente en términos del Literal f) del Artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 (Código Nacional).
“Desde entonces – asegura el Procurador – y pese a que efectivamente se presentaron descargos correspondientes…no se halló acto administrativo que, años después, haya definido el proceso sancionatorio”, por lo que pidió a la entidad celeridad “para esclarecer los hechos materia de investigación de manera oportuna”.
Edgar Aldana, quien en representación de Corpoboyacá asistió a la audiencia, no se refirió al llamado de atención de la Procuraduría ni a las denuncias ciudadanas sobre la contaminación del río La Cebada, solo dijo que la entidad deberá darle curso al trámite de licencia ambiental que Arcillas y Minerales ORCA adelante ante la Corporación a la luz del contrato de concesión otorgado por la ANM.
Sostuvo que, si las anteriores evaluaciones de licencia ambiental han sufrido algún tipo de falencia por parte de Corpoboyacá, la entidad deberá garantizar la participación activa de la comunidad dentro del proceso de los permisos ambientales correspondientes.
Los argumentos de ORCA
Luis Carlos Rodríguez Camacho (foto), en representación de la empresa Arcillas y Minerales ORCA SAS, comentó que era la tercera vez que la comunidad los cuestionaba. Han sido denunciados por esta ante la Contraloría, la Secretaría de Salud, la Procuraduría Ambiental y Agraria y Corpoboyacá.
Sostuvo que ante las reiteradas inquietudes ciudadanas han acudido a la alcaldía y a la personería de Gachantivá, además del comandante de la policía local para que les permitan trabajar en paz.
Aseguró que los análisis hechos a los vertimientos de la empresa han sido claros y serios, sin embargo, durante la revisión del expediente por parte de la Procuraduría Ambiental se encontró un informe de Corpoboyacá fechado el 29 de marzo de 2019 en el que advierte que si “bien se presentan “resultados de caracterización compuesta realizada al vertimiento con características industriales de la mina El Cometa”, no se evidencia “la respectiva caracterización sobre el cuerpo de agua receptor”… “a fin de identificar posibles alteraciones en el cuerpo de agua receptor”.
La Procuraduría Ambiental evidenció además que Corpoboyacá requirió a Arcillas y Minerales ORCA a “presentar informe semestral de la caracterización físico-química compuesta del vertimiento de la mina El Cometa y del cuerpo de agua receptor río La Cebada”, sin embargo, en el expediente que reposa en la Corporación se halló un presunto incumplimiento a la instrucción. Con fecha 30 de diciembre de 2019 la empresa radicó el informe correspondiente al primer semestre de 2019 pero no están los del segundo semestre de 2019 y el primero de 2020.
Pese a esta referencia hecha por la Procuraduría Ambiental, Rodríguez Camacho se mostró dispuesto a responder a la comunidad y a las autoridades sobre los procesos de la compañía.
Dijo además que junto a Sumicol, otra empresa minera que opera en la zona, han invertido $ 2.800 millones en mejoramiento vial, con lo que se demuestra, insistió, su compromiso con la región.
Frente a los señalamientos de la recién conformada veeduría ambiental sobre el impacto de la minería en la escasez de agua, refutó alegando que “el problema no se soluciona con este tipo de eventos, se hace con estudios profundos. Los culpables son los que han deforestado las partes altas, los que han actuado contra los humedales de las partes altas”.
El representante de Arcillas y Minerales ORCA cerró con una frase que resultó desafiante para la comunidad “Les digo esto porque los veo un poco desorientados en el tema de cómo se va a manejar el agua”.
Al final de la audiencia, los integrantes de la veeduría ambiental agradecieron la mediación de asesor para el diálogo social y paz de la Gobernación de Boyacá, Pedro Pablo Salas; y del secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Antonio Guerrero Amaya.
Se conoció además que el procurador nacional delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Diego Trujillo Marín, le solicitó a Corpoboyacá realizar una audiencia pública ambiental con el fin de que “se den a conocer las medidas de manejo propuestas o implementadas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos y recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás entidades respecto del expediente de la referencia”.
