El Gobierno inició una consulta pública para recoger propuestas sobre la Hoja de Ruta que guiará la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia.
El documento busca priorizar acciones relacionadas con acceso a información ambiental, participación pública y justicia ambiental, tres ejes centrales del tratado.
La consulta estará abierta hasta el 19 de febrero y está dirigida a ciudadanía en general, comunidades, pueblos étnicos, organizaciones sociales, academia y autoridades territoriales, entre otros actores.
Según el Ministerio de Ambiente, la hoja de ruta plantea acciones para:
- Mejorar el acceso a información ambiental
- Promover una participación pública con capacidad de incidencia en decisiones ambientales.
- Fortalecer el acceso a la justicia ambiental
El documento también incluye un énfasis en la protección de personas defensoras del ambiente y del territorio, a partir de medidas de prevención y coordinación entre entidades.
La propuesta fue elaborada en una mesa interinstitucional con la participación de distintas entidades del Gobierno, entre ellas Presidencia, Planeación Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Unidad Nacional de Protección, con acompañamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que actúa como Secretaría del Acuerdo de Escazú.
Ejes priorizados en la propuesta
Entre los temas que la hoja de ruta pone sobre la mesa están:
- Protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, con acciones de prevención y coordinación institucional.
- Acceso efectivo a la justicia ambiental y garantía del principio de no regresividad en derechos ambientales.
- Prevención del daño ambiental y atención de “injusticias históricas”, con enfoques de igualdad, no discriminación y justicia distributiva.
- Fortalecimiento del acceso a información ambiental, incluyendo el impulso al Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), transparencia activa y máxima divulgación.
- Participación pública informada y culturalmente pertinente, que reconozca diversidad sociocultural y el diálogo de saberes.
- Integración del enfoque de derechos humanos ambientales en planificación, ordenamiento territorial, licenciamiento ambiental y políticas sectoriales.
La implementación de la hoja de ruta se prevé a través de una Comisión Intersectorial que está en proceso de definición. Esa instancia tendría la tarea de coordinar la ejecución y fijar metas, indicadores y plazos.
Quienes quieran participar pueden enviar comentarios a través del sitio del Ministerio: www.minambiente.gov.co.
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