Mauricio Reyes, de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco (Asoatasco) fue uno de los invitados al evento denominado ‘Círculo de la Palabra’ para conversar sobre la participación campesina en la delimitación del páramo de Pisba, organizado por el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA).
Reyes, quien junto a otros líderes comunitarios de Tasco, está a favor de la delimitación del páramo, criticó la lentitud del gobierno para adelantar este proceso, que en su opinión permitirá proteger al ecosistema de la minería y la expansión de la frontera agrícola.
Recordó las acciones emprendidas ante los tribunales y los paros y manifestaciones promovidas para evitar la presencia de multinacionales mineras en Pisba, así como el evidente deterioro y disminución de las fuentes de agua por el desarrollo de proyectos de carbón licenciados por la autoridad ambiental y la minería ilegal.
Insistió en la responsabilidad de Corpoboyacá al otorgar permisos en zonas prohibidas y en su desatención frente a los daños ocasionados a pesar de recibir dinero por las autorizaciones entregadas, y los impuestos municipales que, según añadió, no se ven retribuidos en la reparación de los daños ocasionados al ecosistema.
Mujeres del páramo
Su reclamo fue respaldado por Edilma Chía, de la Red de Mujeres por la Defensa de la Tierra, quien desvirtuó el ejercicio de participación promocionado por el Ministerio de Ambiente a través de su sitio web.
Luego de los pronunciamientos del Tribunal Administrativo de Boyacá en torno a declarar al páramo de Pisba como sujeto de derechos, y del Consejo de Estado, relacionada con la necesidad de avanzar en una delimitación que vincule activamente a quienes allí habitan, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible agendó encuentros en varios municipios de la zona.
Edilma y otros habitantes de la región han denunciado que las convocatorias de esa cartera no fueron amplias, que se recurrió a mecanismos virtuales desconociendo las limitaciones de conectividad que hay en la alta montaña, y que muchos de quienes han asistido a esos encuentros no viven en la zona de influencia del páramo.
Pidió al gobierno reconocer el papel de las mujeres campesinas habitantes del páramo y su papel en las labores de preservación de esta área de importancia ambiental, y planteó que los alcances de la Ley 1930 o Ley de Páramos, en lo relativo a proyectos de sustitución o reconversión de actividades productivas, se haga de manera diferencial para hombres y mujeres.
Edilma Chía consideró necesaria la realización de un censo para determinar quiénes efectivamente son habitantes del páramo y cuáles son sus necesidades específicas. “El estado debe garantizar la subsistencia de estas familias a través del impulso de la asociatividad y de proyectos de agricultura sostenible”.
Al final de su intervención, la representante de la Red de Mujeres por la Defensa de la Tierra pidió al Ministerio de Ambiente claridad en relación con los recursos destinados a la ejecución del plan de manejo de páramo, y consideró esencial incluir allí la financiación del proceso de clarificación predial dado que buena parte de los terrenos que habitan los pobladores de la zona no disponen de títulos o se hallan en falsa tradición.
Temor por desplazamiento
José Wilmar González, líder campesino de Gámeza, municipio que también colinda con el páramo de Pisba, estimó urgente concertar la implementación de la Ley de Páramos, en su concepto esta “es peligrosa porque amenaza la tenencia de la tierra de las comunidades campesinas que por generaciones han habitado el territorio”.
Lamentó que el gobierno no haya sido transparente en la fase de la delimitación y de socialización de los propósitos de la Ley 1930, esto – dijo – ha incidido en la devaluación de sus predios que no pueden ser comercializados o sujetos de créditos bancarios o de subsidios por encontrarse situados en áreas de conservación ambiental.
González se sumó a las críticas hacia Corpoboyacá por las limitaciones que impone al desarrollo de sus labores tradicionales, y la contradicción en la que incurre al permitir la presencia de empresas mineras o ejercer controles mínimos a los efectos negativos generados por la explotación de carbón en la zona.
Invitó a las autoridades a valorar el papel de las comunidades en acciones de conservación, a evitar el desplazamiento de los campesinos hacia los centros urbanos, a proteger la integridad de los líderes, y a garantizar el acceso a información clara y oportuna sobre el proceso de delimitación y de implementación de la Ley de Páramos.
Buscar acuerdos de conservación
Varias reflexiones hizo Herman Amaya Téllez, director de Corpoboyacá, sobre el reto que comporta la delimitación de los páramos en el departamento. Consideró fundamental tener en cuenta los diferentes niveles de conflictividad socio – ambiental sobre los cuales se debe trabajar para encontrar un acuerdo en beneficio de la conservación y de los campesinos.
Planteó la importancia de entender el páramo de Pisba como un ecosistema socio – ecológico en donde se dan relaciones sociales, por lo que es fundamental – dijo – “escuchar a las comunidades y entender sus necesidades. La corporación quiere trabajar en una propuesta de delimitación que genere bienestar tanto al ecosistema como a las personas que lo habitan”.
Amaya llamó la atención sobre prácticas agropecuarias levisas que deterioran la vegetación y los nacimientos de agua. Se refirió a la reciente quema de frailejones en el Parque Natural Regional Ocetá – Siscunsí, en jurisdicción de Monguí, para la ampliación de cultivos y la urgencia de replantear los usos del suelo y la relación con esos espacios naturales.
Mencionó la prioridad de identificar áreas de transición y de conservación, así como la puesta en marcha de modelos silvopastoriles a partir de los cuales se asegure la preservación de la naturaleza y la permanencia de quienes por décadas han habitado los páramos. Amaya se refirió además al reto que implica el cierre y abandono de las actividades mineras una vez se concrete la delimitación del páramo de Pisba.
Propuso la creación de una Mesa Regional de Páramos para acompañar la implementación de los planes de manejo. Un escenario similar se constituyó durante el mandato del ex gobernador Carlos Andrés Amaya, sin embargo, la iniciativa recibió críticas por fallas en la frecuencia y en la composición de la convocatoria.
El director de Corpoboyacá consideró importante reconfigurar el contrato social entre el campo y la ciudad con el argumento de que quienes habitan en los grandes centros poblados valoren el origen del agua y de otros servicios ecosistémicos de los cuales se benefician.
Sobre los recursos para implementar efectivamente los planes de manejo de los páramos, Amaya Téllez dijo que la Ley debe ir más allá y asignar mecanismos financieros para su gestión, incluida la estrategia de pago por servicios ambientales con la cual se asegure una renta fija a los habitantes del campo comprometidos con su cuidado.
El principal ausente a este encuentro fue el Ministerio de Ambiente al cual se invitó para rendir cuentas sobre el proceso de participación en la delimitación del páramo de Pisba. Por esa cartera estaba invitado Jorge Hurtado Mora, subdirector de educación y participación ciudadana, sin embargo, el funcionario no asistió al ‘Círculo de la Palabra’ virtual convocado por Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA).
