Cientos de familias están a la espera de la resolución del Ministerio de Ambiente que delimita el páramo de Pisba y que impondrá nuevas reglas a los medios de subsistencia y a las dinámicas económicas de quienes pueblan o son vecinos de estas “fábricas de agua”.
Su preocupación se incrementa por las advertencias y comentarios que les han hecho en el sentido de que con la delimitación del páramo el gobierno va a expulsarlos de sus predios. Por eso algunos decidieron marchar el próximo 5 de junio hacia Bogotá para exigirle al gobierno.
Felipe Rubio, biólogo y consultor independiente, cree que a los campesinos no se les va a sacar del páramo, pero considera que un sector del gremio minero está haciéndoles creer lo contrario y estimó que allí hay un cruce de intereses que los puede perjudicar.
La afirmación de Rubio coincidió con una declaración que el empresario del carbón de la provincia de Sugamuxi, Gabriel Chiquillo, entregó a RCN Radio en la que se pronunció en defensa de las comunidades que viven en los páramos, aseguró que su delimitación es una estrategia del Ministerio de Ambiente para impedir cualquier actividad productiva y desvirtuó las bondades de alternativas de reconversión como el ecoturismo que han planteado las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
Y aquí es pertinente recordar que si bien el Plan Nacional de Desarrollo vigente determina que en “las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos”, también ordena al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a las gobernaciones y alcaldías y a las CAR diseñar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias que se encuentren al interior de los páramos delimitados.
Tanto en el Congreso Mundial de Páramos de 2017 como en los encuentros que el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, ha sostenido con los productores rurales, el funcionario ha reiterado que la delimitación no generará desplazamiento.
En ese mismo sentido se ha pronunciado el director de Corpoboyacá, Ricardo López Dulcey, quien ha insistido en que los planes de manejo ambiental diseñados para los páramos prevén apoyo para la reconversión productiva y la puesta en marcha de un programa de pago por servicios ambientales y otra serie de incentivos a la conservación.
A los campesinos que viven en los páramos y que se acojan a los programas de sustitución y reconversión de sus actividades agropecuarias se les compensará además por cuidar los nacimientos de agua. Ese ha sido el compromiso de las autoridades.
En el caso de la minería, el Plan Nacional de Desarrollo ordena restringir totalmente cualquier actividad de exploración y explotación en las áreas que sean delimitadas, dispone la suspensión de los títulos mineros y determina acciones para superar los pasivos ambientales, es decir los daños causados al paisaje y al ecosistema.
Felipe Rubio dijo además que es urgente llegar a consensos para la transición de las actividades agropecuarias, que es un gana-gana tanto para los páramos como para los campesinos y que ellos son aliados para la conservación de la alta montaña.
